La participación creciente de mujeres en responsabilidades públicas en nuestro país ha tenido como consecuencia la intensificación de las acciones gubernamentales dirigidas a la protección de los derechos de las mujeres, a garantizar para nosotras una vida libre de violencias y, en ese sentido, a la ampliación y reforzamiento de medidas de atención para que vivamos más libres y seguras.
En ese contexto, hace unas semanas la Presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum, presentó una iniciativa de reforma constitucional para facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de feminicidio, la cual será única para todo el país, pues actualmente este delito es considerado del fuero común.
La iniciativa parte de un diagnóstico claro: las diferencias en la tipificación del feminicidio entre entidades federativas han generado obstáculos para una respuesta institucional homogénea y eficaz. En este sentido, la reforma plantea una base constitucional que permitirá avanzar hacia una mayor coordinación y claridad en la actuación del Estado mexicano.
Esto permitirá homologar los procedimientos, investigaciones, sanciones y actuaciones de las fiscalías y los jueces bajo los mismos mecanismos y criterios con el objetivo de hacer frente, de manera más eficaz, a ese terrible delito en contra de mujeres en todas las entidades federativas del país.
Esta reforma también permitirá superar la dispersión legislativa y evitará que las autoridades locales den un tratamiento distinto a este delito. Ahora se perseguirá por igual el feminicidio en todo el país, lo cual favorece la justicia para las mujeres y el combate a la impunidad, pues se trata de consolidar un modelo integral que garantice a las mujeres y niñas el acceso efectivo a una vida libre de violencia.
Cabe señalar que durante la gestión de la doctora Claudia Sheinbaum como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México hubo importantes cambios en materia de feminicidio y la idea es aprovechar esas experiencias que han demostrado resultados concretos. En particular, el trabajo desarrollado por la actual Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, y su equipo durante su gestión frente a la Fiscalía de la Ciudad de México, permitió construir un esquema de investigación y atención al feminicidio que fortaleció la capacidad institucional para combatir la impunidad.
Dicho modelo implicó una transformación en la forma de perseguir estos delitos, incorporando de manera transversal la perspectiva de género. Este enfoque permitió mejorar los procesos de investigación y consolidar las estrategias orientadas a garantizar justicia para las víctimas.
En la Ciudad de México, durante la gestión de la hoy Presidenta, se impulsaron acciones relevantes como la creación de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio, la creación del Banco de ADN para registro de agresores sexuales, el fortalecimiento de las Unidades Territoriales de Atención y Prevención de la Violencia de Género, conocidas como LUNAS. Estas medidas han contribuido a acercar servicios especializados y atención integral a las mujeres en situación de violencia.
Asimismo, se estableció un criterio fundamental en la procuración de justicia: investigar toda muerte violenta de mujeres bajo el protocolo de feminicidio. Este cambio representó un avance significativo en la forma de entender y atender la violencia de género.
Los resultados de esta política pública han sido visibles. De acuerdo con lo señalado recientemente por nuestra Jefa de Gobierno Clara Brugada, en la capital del país el delito de feminicidio se redujo en 35 por ciento durante 2025, y el 95 por ciento de los responsables cuentan con órdenes de aprehensión o se encuentran detenidos, lo que refleja avances concretos en el combate a la impunidad.
Estos resultados son también expresión de la continuidad y profundidad que se ha dado a esta estrategia, como parte de las acciones para fortalecer la Alerta de Género en la ciudad. En este marco, se ha impulsado el fortalecimiento del protocolo de investigación de feminicidios, así como el incremento en el presupuesto destinado a consolidar las capacidades forenses para la identificación y detención de agresores sexuales y feminicidas.
En este contexto, la propuesta de la Presidenta representa una oportunidad para profundizar en la construcción de un marco legal que responda a la exigencia social de garantizar justicia, prevenir la violencia y avanzar hacia un país donde todas las mujeres y niñas puedan ejercer plenamente sus derechos en condiciones de igualdad y seguridad.
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