Una de las demandas históricas de la sociedad capitalina ha sido el acceso a una vivienda adecuada como condición indispensable para vivir con dignidad. Esta exigencia ha sido reconocida en nuestro orden jurídico como un derecho fundamental, sin embargo, su cumplimiento ha sido obstaculizado debido a la dinámica inmobiliaria que ha hecho de la casa-habitación una mercancía altamente lucrativa.
Las grandes ciudades en el mundo se enfrentan al problema del encarecimiento de la vivienda que tiene como consecuencia la carestía de la vida en las zonas céntricas y la expulsión de sus habitantes tradicionales hacia la periferia. Ello se refleja en diversos problemas, como el aumento significativo de los traslados de quienes trabajan dentro de la ciudad, pero viven fuera de ella –lo cual repercute en el deterioro de la calidad de vida de dichas personas.
Los fenómenos de la gentrificación y la turistificación de las ciudades, si bien favorecen la economía de algunas personas, generan grandes problemas públicos, pues no sólo afectan a quienes son desplazados de las zonas céntricas, sino que sus efectos negativos impactan a la comunidad general de la urbe que sufre las consecuencias y asume los costos de la afectación a la infraestructura urbana, la contaminación, las complicaciones de la movilidad, el incremento de la inseguridad derivado del desarraigo poblacional, etcétera.
Por estas razones, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México –quien en su trayectoria política y social se ha distinguido por la defensa de la vivienda– está impulsando diversas medidas para garantizar el derecho a la vivienda en condiciones de accesibilidad para quienes menos tienen. Entre dichas acciones se encuentran modificaciones jurídicas para garantizar este derecho. Ejemplo de ello fue la expedición del Bando 1 por una ciudad habitable y asequible con identidad y arraigo local en julio del año pasado y, recientemente, la propuesta de reforma a la Constitución Política de la Ciudad de México en materia de rentas justas, razonables y asequibles.
Esta última iniciativa constituye un precedente importante para combatir el desplazamiento involuntario de las y los capitalinos de sus barrios, pues reconoce el arraigo vecinal y comunitario como un derecho y una condición para la sana convivencia y el fortalecimiento de la comunidad. Ello se refuerza con la facultad del gobierno que promoverá políticas orientadas a disminuir los efectos negativos de la gentrificación.
Asimismo, la propuesta prevé la obligación constitucional del gobierno para, por un lado, establecer una política integral que incremente la oferta de la vivienda social y accesible, en especial para jóvenes y grupos de atención prioritaria; y, por otro, la ampliación permanente de la reserva territorial destinada a la vivienda asequible, mediante la adquisición de suelo por parte del gobierno.
Por otra parte, ante los aumentos desproporcionados del costo de las rentas en comparación con los ingresos de la población, se plantea el reconocimiento constitucional de que los precios del arrendamiento no puedan incrementarse por encima del nivel de la inflación. También se plantea la creación de una institución encargada de la promoción y defensa de los derechos en materia de arrendamiento habitacional que oriente, difunda y promueva relaciones inquilinarias, justas, equilibradas y con certidumbre.
Seguramente habrá voces en defensa de los especuladores inmobiliarios que se escandalizarán por estas medidas, pero cabe señalar que muchas de estas disposiciones se encuentran ya en el orden jurídico de la capital y también han sido reguladas en muchas de las ciudades del mundo.
La propuesta de la Jefa de Gobierno responde directamente a los afanes de mercantilización de la vivienda, pues parte del sentido común de que “nadie puede pretender enriquecerse a costa de la necesidad del otro. No debe permitirse que la especulación prevalezca mientras miles de familias no llegan a fin de mes.”
Desde el Congreso local nos sumaremos a esta intención porque la Ciudad de México –siendo una de las grandes ciudades del mundo, dotada de belleza, servicios, desarrollo urbano y calidad de vida– es lo que es, por su gente: son las y los capitalinos quien han forjado y hecho crecer a esta gran urbe y es injustificable que las personas que la han construido y la han habitado tengan que salir de ella.
Como establece nuestra Constitución local: “la ciudad pertenece a sus habitantes”.
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