La administración del Instituto Politécnico Nacional (IPN) está bajo la lupa de la Presidencia de la República ante denuncias de presuntos desvíos de recursos públicos, malos manejos administrativos, creación de empresas fantasmas, evasión fiscal y supuesto conflicto de interés que habrían cometido los dos últimos administradores de esa institución pública de educación superior, la cual sólo en 2026 tiene un presupuesto público asignado que supera los 22 mil millones de pesos.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ordenó a la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción auditar las presuntas irregularidades cometidas en el sexenio pasado y en la actual administración, por lo que el Órgano Interno de Control del IPN investiga a quien fuera hasta finales del año pasado administrador del Politécnico, Javier Tapia Santoyo, y a su sucesora Ana María Arrona González, y por si fuera poco se tendría que revisar porque el exdirector del Politécnico, Arturo Reyes Sandoval, mantuvo por 5 años en el cargo de secretario administrativo a Tapia Santoyo, cuando había antecedentes públicos de corrupción en todos los cargos que había desempeñado desde el año 2000 a la fecha.
En el avance de las investigaciones se da cuenta de que Tapia Santoyo trabajó en los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, así como en el gobierno priista de Enrique Peña Nieto en áreas relacionadas con programación y presupuesto de Salud, Hacienda, DIF, Profeco, Economía, Desarrollo Agrario e ISSSTE; en los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum este exfuncionario se desempeñó como Secretario de Administración del IPN, de donde fue despedido y acusado por corrupción ante la Fiscalía General de la República (FGR), en donde se le abrió la causa penal 673/2025 y cuyo expediente fue consignado ante un juzgado federal.
Sin embargo, la titular del juzgado negó la prisión preventiva que solicitó la FGR contra Tapia Santoyo y sólo le impidió abandonar el país, por lo que le recogieron el pasaporte y debe acudir al juzgado a firmar una vez al mes.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) también investigó al exadministrador del Politécnico por su relación de negocios con una empresa facturera en la que presuntamente participaba junto con su esposa, al considerar que como servidor público obtuvo contratos en el sector Salud; sin embargo, su expediente lo llevaba la Administración de Auditoría Fiscal, a cargo de Rosalinda Hernández López (hermana de Adán Augusto), y allí se quedó congelado hasta la actual administración que fue reactivado después de que en redes sociales aparecieron videos de Tapia Santoyo aceptando fajos de billetes.
A pesar de lo anterior, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) le otorgó un amparo al exadministrador del Politécnico, por lo que la decisión en noviembre pasado fue retirarlo del cargo de secretario de Administración y todas las acusaciones en su contra se integran en una sola carpeta en la Secretaría Anticorrupción y en una denuncia penal presentada ante la FGR.
Después de que el TFJA le otorgó el amparo, la secretaria Raquel Buenrostro ordenó que se presentara una denuncia en contra del magistrado de dicho Tribunal que benefició a Tapia Santoyo, quien a pesar de estar acusado de corrupción fue adscrito al área jurídica en la Administración General de Aduanas.
Las investigaciones en contra de Tapia Santoyo incluyen a todos sus subalternos con los que operaba contratos de gobierno y del IPN.
Adicionalmente, se revisa la terminación del convenio entre el Instituto y la Fundación Politécnico, donde habría una disputa por 5 mil millones de pesos; además de la creación del Patronato Corazón Guinda y Blanco, en la que estuvo involucrada Ana María Arrona González, antes de que fuera designada administradora general del IPN.
Las irregularidades en la administración del Politécnico corresponden al periodo de 2021 a 2026, cuando se habrían cometido delitos de peculado, conflictos de interés y evasión fiscal al utilizar empresas factureras para simular operaciones de obras y servicios, además de subcontrataciones relacionadas con servicios de limpieza, contratos con sobreprecios y que algunas de esas obras no fueron realizadas y otras no se concluyeron.
En el historial laboral de Tapia Santoyo, se indica que fue nombrado secretario administrativo del Politécnico en 2021 por el entonces director general de la institución académica Arturo Reyes Sandoval, y se mantuvo en el cargo hasta hace 5 meses, noviembre de 2025, cuando fue separado por instrucciones de la Secretaría Anticorrupción, y posteriormente vinculado a proceso por otro caso de corrupción ocurrido durante su paso en el ISSSTE.
El expediente judicializado en diciembre de 2025 se relaciona con un quebranto patrimonial en perjuicio del Hospital 20 de Noviembre, en donde se cometió un fraude que habría implicado el uso de empresas factureras de operaciones simuladas.
Tras ser separado del cargo, el director general del IPN nombró a Arrona González como administradora general del Politécnico, lo que podría a su vez implicar un conflicto de interés, según análisis de auditores internos, porque la funcionaria del Politécnico participó previamente en la creación del Patronato Corazón Guinda y Blanco, con lo cual se buscaba suplir a la Fundación Politécnico para poder manejar los millonarios donativos en dinero y en especie que recibe la institución educativa.
Además, la autoridad fiscalizadora presume que la disputa entre la Fundación Politécnico y el director general del IPN podría tener un trasfondo económico por el manejo de unos 5 mil millones de pesos.
Sobre este asunto, destaca que la Dirección General del IPN dio por terminado el convenio de colaboración con dicha Fundación el 11 de julio de 2025, bajo el argumento de que el órgano de gobierno de la asociación civil excluyó de la toma de decisiones a las autoridades politécnicas.
El rompimiento entre la Fundación Politécnico y la dirección general del Instituto se dio después de que, en febrero de 2024, ambas instancias habían renovado el convenio de colaboración sin definir plazo de terminación.
A esta firma la llamaron “alianza histórica”, pues según informaron, había permitido triplicar los ingresos por donativos de la asociación civil, entre 2021 y 2023.
A nombre del director general del IPN, la renovación fue signada por el entonces secretario de Administración de la casa de estudios, Javier Tapia Santoyo, y a nombre de la Fundación por su presidente Jesús Padilla Zenteno.
De acuerdo con el informe financiero presentado ante el SAT en mayo de 2025, la Fundación Politécnico obtuvo ingresos en efectivo por 276 millones 550 mil 411 pesos, en el ejercicio de 2024; y donativos en especie por 2 millones 825 mil 852 pesos.
Asimismo, refiere que la AC posee una cuenta de inversión con un fondo de 173 millones 514 mil 886 pesos.
Del total de ingresos, la Fundación reportó al SAT haber entregado 234 millones 190 mil 997 pesos al Instituto Politécnico Nacional; 2 millones 639 mil 286 pesos a la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del IPN; 4 millones 60 mil pesos al British Council Asociados, AC; y 3 mil pesos al Centro Mexicano para la Filantropía, AC.
Es por ello que la lupa fiscalizadora del OIC también revisa este desencuentro entre la Fundación y el director del IPN.
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