La nueva propuesta de reforma electoral impulsada por Ricardo Monreal no llega en el mejor momento político ni bajo las mejores condiciones de credibilidad institucional. Se trata de otra iniciativa polémica que lejos de fortalecer la democracia, amenaza con profundizar la desconfianza entre la oposición y una parte importante de la ciudadanía.
Presentada el pasado 21 de marzo, la iniciativa plantea la posibilidad de anular elecciones cuando exista una presunta injerencia extranjera y el margen entre candidatos sea igual o menor al 5%.
No hace falta demasiada interpretación para entender que el trasfondo político de la iniciativa es construir un mecanismo de protección para Morena ante un eventual escenario de derrota cerrada. Históricamente en México, gran parte de las elecciones competidas se han definido precisamente dentro de ese rango.
El problema central no es solamente el criterio del porcentaje, sino la enorme discrecionalidad que se pretende otorgar al Tribunal Electoral. La iniciativa establece que bastaría la “presunción” de intervención extranjera para invalidar una elección. Es decir, no necesariamente pruebas concluyentes, sino interpretaciones sujetas al criterio de autoridades que hoy son percibidas por amplios sectores como cercanas al poder.
El abanico de conductas consideradas como posible “injerencia” es tan amplio que abre la puerta a prácticamente cualquier cosa. Principalmente se refieren a financiamiento ilícito, propaganda, manipulación digital, presión mediática o incluso publicaciones en medios nacionales o extranjeros que, a juicio del tribunal, comprometan la soberanía nacional.
Resulta especialmente delicado que se mencione a medios de comunicación y contenidos informativos como posibles factores de nulidad. En una democracia sana, cuestionar resultados, investigar irregularidades o publicar opiniones incómodas forma parte del debate público. Cuando el Estado comienza a considerar esas expresiones como amenazas para la estabilidad electoral, el terreno deja de ser democrático y empieza a inclinarse hacia el autoritarismo.
Otro punto controvertido es el intento de involucrar al INE en investigaciones sobre presuntos vínculos criminales de candidatos. La propia presidenta del instituto, Guadalupe Taddei, ya advirtió que esa responsabilidad no corresponde al árbitro electoral, pues invade funciones de seguridad y compromete la imparcialidad del organismo.
Resulta paradójico que Morena impulse una legislación supuestamente diseñada para “proteger” la democracia, cuando desde 2018 ha avanzado sistemáticamente en el control de instituciones que deberían funcionar como contrapesos independientes.
La falta de congruencia política es evidente. Sectores del oficialismo que durante años minimizaron o justificaron apoyos internacionales de gobiernos ideológicamente afines en América Latina, hoy levantan la bandera de la soberanía nacional frente a presiones o investigaciones provenientes del norte.
Incluso militantes de Morena como Olga Sánchez Cordero y Alfonso Ramírez Cuéllar han cuestionado diversos aspectos de la iniciativa. Las discusiones en el Congreso han sido tensas y accidentadas, y aunque la aplanadora de Morena logró aprobar el cambio de fecha para la elección judicial a 2018, el tema relacionado con el artículo 41 y la llamada “injerencia extranjera” quedó pendiente.
México no necesita más instrumentos de sospecha ni más facultades ambiguas para las autoridades. Necesita instituciones fuertes, árbitros creíbles y reglas claras. Todo lo que se aparte de eso inevitablemente generará incertidumbre, polarización y desconfianza.
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