El discurso pronunciado por Claudia Sheinbaum el pasado 31 de mayo en el Monumento a la Revolución dejó más preguntas que certezas. Aunque originalmente se anunció como un mensaje para informar sobre los avances de su administración, terminó convirtiéndose en una defensa política frente a las acusaciones que autoridades estadounidenses han presentado contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado.
La presidenta optó por denunciar un supuesto injerencismo de Estados Unidos, luego de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York promoviera procesos penales y solicitudes de extradición contra diez funcionarios mexicanos, entre ellos el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La postura presidencial llamó la atención porque, más que exigir que las acusaciones se sustenten con pruebas o que se respeten los procedimientos legales, pareció colocarse del lado de los señalados.
Se trata de una decisión políticamente riesgosa, en momentos en que la relación bilateral atraviesa uno de sus periodos más delicados por los temas de seguridad, migración y comercio. La defensa anticipada de personajes investigados fortalece el discurso repetido en varias ocasiones desde Washington, que sostiene que el crimen organizado tiene importante influencia dentro del Gobierno de México.
Las declaraciones hechas por el embajador estadounidense Ronald Johnson reflejan precisamente esa preocupación. Al señalar que el combate a los cárteles debe ser un esfuerzo conjunto y no un debate político, envió un mensaje que parecía más orientado a preservar la cooperación binacional que a generar confrontación. Sin embargo, la respuesta de Palacio Nacional fue de evidente molestia, insistiendo en que los representantes diplomáticos deben limitarse a sus funciones y evitar comentarios sobre asuntos internos.
El problema es que el narcotráfico dejó hace mucho de ser un asunto exclusivamente de México. Sus efectos alcanzan directamente a Estados Unidos mediante el tráfico de drogas, armas, personas y recursos financieros. Pretender que las autoridades estadounidenses permanezcan en silencio cuando consideran que existen vínculos entre funcionarios mexicanos y organizaciones criminales resulta poco realista en el contexto actual.
A ello se suman diversas versiones surgidas tras reuniones recientes entre funcionarios de ambos gobiernos, en las que presuntamente se habría advertido sobre nuevas investigaciones relacionadas con actores políticos mexicanos. Más allá de la veracidad de dichas especulaciones, lo cierto es que el endurecimiento del discurso presidencial coincide con una creciente presión de Washington para profundizar el combate a las redes de protección política del crimen organizado.
La disyuntiva para la presidenta no es jurídica, sino política. Defender la soberanía nacional es una obligación de cualquier jefe de Estado. Pero la soberanía no puede confundirse con la protección automática de funcionarios señalados por autoridades extranjeras.
El verdadero riesgo no está solo en los discursos ni en los intercambios de declaraciones. Está en las consecuencias y el precio que pagará nuestro país ante un deterioro de la relación bilateral, siendo Estados Unidos nuestro principal socio comercial.
¿PRIVILEGIOS EN PEMEX?
En momentos en que Petróleos Mexicanos enfrenta una de las etapas financieras más complejas de su historia, cualquier señal de opacidad o trato preferencial en la asignación de contratos debería encender las alertas. El caso de Comercializadora Sin Fronteras, propiedad de los hermanos Caraveo Carvalho, ha generado cuestionamientos luego de obtener un contrato por casi 70 millones de pesos para el suministro de accesorios y misceláneos destinados a equipos de extracción.
La empresa logró adjudicarse el contrato tras la descalificación de su único competidor y posteriormente recibió una prórroga extraordinaria para cumplir requisitos indispensables para formalizar el acuerdo. Diversas versiones señalan la intervención de Joran Gil Jiménez, funcionario de la petrolera, en las gestiones que permitieron extender los plazos y concretar la firma.
Pemex arrastra una pesada carga financiera, elevados compromisos de deuda y constantes presiones presupuestales, por lo que cada peso debe administrarse bajo los más estrictos criterios de transparencia y rendición de cuentas. Por ello, sería deseable que el nuevo director general Juan Carlos Carpio Fragoso revise a fondo este tipo de procesos y envíe una señal clara de que en la petrolera no existen excepciones ni privilegios.
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