El reciente estallido en Tepeaca, Puebla, que dejó varias pipas carbonizadas y un escenario de terror social, revela mucho más que un simple accidente.
Es la contundente expresión de una realidad que, en México, parece repetirse con alarmante frecuencia: la incapacidad del Estado para enfrentar con decisión la delincuencia organizada y la consecuencia más trágica de ello, el costo humano y social que termina pagando la población.
Mientras el gobierno recurre a estrategias de comunicación cínicas, prefiriendo acusar supuestos ataques externos o desvíos geopolíticos vinculados a figuras como Donald Trump, la realidad delictiva devora los municipios del país en medio de una severa crisis de seguridad pública.
El caso de Tepeaca ejemplifica perfectamente esta dinámica.
La explosión de cuatro pipas con huachigas, ocurrida en una zona donde operaba una toma clandestina de hidrocarburos, evidencia una colusión sistemática entre el crimen organizado y funcionarios de diferentes niveles de gobierno.
La falta de revisiones, la negligencia en inspecciones y la aparente complicidad para mantener el flujo ilícito de combustible muestran que el aparato estatal ha preferido mirar hacia otro lado, dejando que las actividades ilícitas se desarrollen sin control y, en ocasiones, con protección, mientras la cúpula oficialista evade su responsabilidad culpando a factores macroeconómicos o presiones externas.
La respuesta del gobierno, marcadamente populista y clientelista, ha sido más de promesas mediáticas que de acciones concretas.
La inacción y la complicidad representan una forma de gobernar que prioriza la apariencia y la narrativa oficial en lugar de la protección efectiva de la ciudadanía.
Este modelo, que fomenta la cultura de la dependencia y la resignación, resulta sumamente costoso.
La sociedad ha aprendido a aceptar la impunidad como un componente natural del sistema.
La desigualdad y la pobreza, elementos persistentes del tejido social mexicano, se agudizan en estos momentos y se traducen en un temor colectivo.
El costo de este populismo y de esta indiferencia gubernamental se mide en la pérdida de confianza en las instituciones.
La explosión en Tepeaca es un aviso en una larga cadena de eventos trágicos durante las dos últimas décadas: si el Estado continúa optando por la omisión, la complicidad y el cinismo discursivo de culpar a agentes externos en vez de asumir su fracaso de seguridad, las tragedias serán cada vez más graves.
Es fundamental que la sociedad rompa la resignación y la dependencia, y adopte una postura de firmeza frente a un régimen que prefiere el control clientelar antes que la justicia.
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