La creciente participación de las mujeres en las responsabilidades públicas de nuestra sociedad es un hecho encomiable, un logro que avanza con paso firme cada día y que se evidencia en cada una de las elecciones de nuestro tiempo. No obstante, esta conquista no ha estado exenta de obstáculos, remanentes de aquellas barreras que impedían a las mujeres participar en el ámbito de lo público.
A pesar de los avances legislativos para proteger a las mujeres de la violencia política de género, no se ha logrado desterrar esa práctica. Los insultos en contra del adversario político muchas veces sirven de vehículo para expresar prejuicios: racismo, clasismo u ofender a una mujer por el hecho de ser mujer. Una práctica intolerable en cualquier contexto democrático.
Actualmente, muchas mujeres gobernantes –entre ellas la Presidenta de México y la Jefa de Gobierno de la capital– han sido el blanco de innumerables insultos misóginos e imágenes sexualizantes por parte de sus opositores. Estas mujeres, al ostentar cargos públicos de gran relevancia, se ven limitadas a denunciar esta clase de injurias, pues muchas veces la opinión pública las revictimiza al acusar de persecución política aun cuando son la parte ofendida. De esta manera, la investidura del poder político deja en estado de indefensión a una mujer víctima de violencia política en razón de género.
Indudablemente, la crítica es un elemento fundamental del debate democrático, sin embargo, las descalificaciones contra una figura pública, de ninguna manera deberían manifestarse mediante imágenes o conceptos estereotipados ni por cualquier otra vía que reproduzca formas de discriminación. Este tipo de expresiones no sólo vulneran a quien es objeto de ellas, sino que constituyen un agravio a la colectividad, sobre todo al grupo social al que pertenece la persona ofendida.
En ese contexto, cabe señalar que las posiciones políticas de derecha y ultraderecha siempre se han mostrado renuentes a que las mujeres desafíen el rol tradicional de ser exclusivamente cuidadoras sumisas de la familia. Tan sólo la proclama “patria, familia y libertad” es una demostración de la defensa a las estructuras patriarcales que históricamente relegaron a las mujeres a los ámbitos privados. Ahora observamos con decepción, pero sin sorpresa, que notables políticos del panismo están replicando esa clase de prácticas excluyentes.
Es lamentable que veamos actores políticos que no están siendo consecuentes con los tiempos que corren y que no tengan otra forma de hacer política más que el denuesto, el clasismo y la violencia política de género.
La violencia de género en contextos políticos, además de que impide el debate serio de los asuntos públicos, desmoraliza a quienes son objeto de esas expresiones y muchas veces inhibe a las demás mujeres que titubean de participar en la política por temor a ser víctimas de ese tipo de ataques que denigran a la mitad de la población.
Ante ello, surge la necesidad de reforzar los instrumentos normativos que protejan a las mujeres de la violencia en contextos políticos, no por tratarse de agravios contra individuos, sino porque son afectaciones colectivas.
En ese orden de ideas, diversos criterios jurisdiccionales han sostenido que, en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, existen valores y principios que no son disponibles para las partes denunciantes, sino que responden al interés general y al deber de las autoridades de prevenir, investigar, sancionar y reparar los actos de violencia política referidos.
En conclusión, la violencia política de género es una práctica que daña a toda la comunidad y debilita el avance democrático de la sociedad. Es por eso que debemos desterrar por completo esa clase de prácticas del debate público y discutir medidas legislativas que protejan de mejor manera a las mujeres en contra de este flagelo que obstaculiza la igualdad en el ejercicio de nuestros derechos políticos.
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