Las presiones de Estados Unidos en contra de México van en aumento y mantienen una estrategia de desprestigio mediático y judicial en contra del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo e integrantes de Morena, sin descontar lo que también hace el mandatario estadunidense Donald Trump de presionar la económica mexicana y descalificar el combate al crimen organizado como parte de una política de Estado.
Nos enteramos que uno de los objetivos de las agencias de seguridad estadunidenses, a través de su embajada en México, es inculpar a Andrés Manuel López Beltrán, quien hasta hace unos días era secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y ahora busca una curul por Tabasco en el Congreso.
En esas líneas de investigación que han permitido a Estados Unidos armar expedientes en contra de políticos mexicanos afiliados a la 4T, los agentes y diplomáticos estadunidenses, adscritos a la embajada en México, han sostenido reuniones con opositores, empresarios, exfuncionarios y periodistas mexicanos dispuestos a involucrar a López Beltrán con delitos relacionados con el llamado huachicol fiscal, que no es otra cosa que contrabando de combustible, ya sea robado de ductos o importado ilegalmente de empresas petroleras estadunidenses.
Inclusive hay algunos “periodistas” que han servido no sólo de informantes al servicio de agencias de Estados Unidos, sino que han buscado a funcionarios del gabinete de la presidenta Sheinbaum, algunos exfuncionarios del SAT, para ofrecerles apoyo y protección del gobierno de Trump a cambio de estar dispuestos a declarar en contra del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Por su parte las agencias policiales de Estados Unidos y la misma embajada de ese país tienen una larga lista de empresas sujetas a investigación por el delito de huachicol y, aunque se trata de pequeñas compañías, están vinculadas con el trafico de combustibles, la elaboración facturas apócrifas y hasta en lavado de activos. Se trata de empresas fantasmas que ni siquiera han estado bajo el escrutinio del SAT, porque su operación es temporal y desaparecen rápidamente para eludir sanciones de la Secretaría de Hacienda.
Sin más pruebas que sólo declaraciones que no tendrían sustento ante las leyes mexicanas, la embajada de EU considera que sí es útil para sus fines políticos involucrar a Andrés Manuel López Beltrán con el huachicol de combustibles, y para ello pretende utilizar a esas pequeñas empresas que supuestamente tuvieron alguna relación con empresarios cercanos al hijo del expresidente.
En ese sentido, la presidenta Sheinbaum ha advertido que, desde el exterior, concretamente Estados Unidos, pretenden decidir quién es culpable en México y quién no, como una medida de presión a su administración y mediante la aplicación de leyes extraterritoriales, en donde otro país pueda intervenir en asuntos internos, en una abierta y cínica injerencia que nada tiene que ver con la cooperación bilateral.
También ha dicho que en el combate al robo de combustibles o delitos asociados con huachicol y huachicol fiscal “no hay impunidad”.
FGR INVESTIGA A EMPRESAS DE EU POR HUACHICOL
En el combate que hace México contra el huachicol fiscal y el robo de combustibles, la Fiscalía General de la República (FGR) tiene diversas carpetas abiertas en contra de grupos empresariales de México y Estados Unidos que desde el sexenio anterior viene investigando y que han actuado en contra de ellos.
En algunas de esas carpetas de investigación están involucrados empresarios de ambos países porque no se puede explicar cómo entra de manera ilegal combustibles sin la complicidad de corporativos petroleros y de las mismas autoridades aduanales de los dos países.
De acuerdo con información de la FGR, algunas de esas carpetas han sido judicializadas para obtener órdenes de aprehensión, pues también los jueces tienen muy claro que el combustible que ingresa a México procedente de Estados Unidos sin pagar impuestos tiene una red de complicidades con Estados Unidos.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Energía, la cantidad de combustible que entra de manera ilegal a territorio mexicano desde la frontera norte ha disminuido gracias a las detenciones de delincuentes de cuello blanco relacionados con integrantes del crimen organizado.
También en Aduanas se ha incrementado la vigilancia en la frontera norte y en las zonas costeras por partes de las Fuerzas Armadas (Ejército y Marina) en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el SAT y la UIF, por lo que se las ventas internas de gasolinas producidas en Pemex van en aumento y lo mismo sucede con los reportes de empresas que realizan importaciones legales de combustibles.
RED DE 2010 EMPRESAS VINCULADOS AL HUACHICOL
En este espacio hemos informado del tráfico de combustibles que realiza una red de 210 empresas llamadas fachada y que sangran las finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex). Éstas fueron constituidas para comercializar combustible robado a la paraestatal petrolera e importar de manera ilegal productos petrolíferos; además de ser utilizadas para el blanqueo de dinero producto de operaciones ilícitas y elaborar facturas apócrifas para evadir al fisco.
Esa extensa red de huachicol que sería operada por bandas del narcotráfico en complicidad con empresarios corruptos, es investigada desde el sexenio pasado por el SAT y la UIF, como quedó al descubierto con la detención y vinculación a proceso penal por delitos de narcotráfico, lavado de dinero y huachicol del exalcalde de Movimiento Ciudadano (MC) en Teuchitlán, Jalisco, José Murguía Santiago, lo que permitió a la Fiscalía General de la República (FGR) abrir las averiguaciones previas correspondientes y vincular a proceso al exalcalde y a varios de sus familiares.
La investigación sobre esas 210 empresas vinculadas al huachicol inició en 2021, en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando el SAT y la UIF descubrieron que los corporativos empresariales Trafigura e Impulsora de Productos Sustentables (IPS) traficaban por barco grandes volúmenes de combustible robado a Pemex.
Desde aquel año, los aparatos de inteligencia financiera descubrieron el modus operandi del huachicol, mediante el empleo de grandes embarcaciones para transportar combustibles sustraídos ilegalmente.
Dicha lista de empresas sujetas a investigación, simulan sacar el combustible del país, para después reintroducirlo vía los puertos marítimos como si se tratara de importaciones y con ello darle legalidad a las operaciones comerciales de venta.
La UIF, el SAT y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) investigan esas operaciones de grandes traficantes de combustibles que utiliza embarcaciones nacionales y extranjeras para robar cientos de miles de barriles de hidrocarburos a Pemex, incluso directamente en plataformas marinas de la Sonda de Campeche.
Algunas de las empresas que participan en las operaciones ilícitas cuentan con permisos para importar combustibles y en estos cargamentos ilegales usan documentación falsa de su origen. Una vez que el combustible robado regresa a México, es dispersado a través de pipas en las gasolineras de esa red empresarial y también es vendido a menor precio a distribuidoras que venden el combustible de contrabando.
Hasta ahora, las secretarías de Marina Armada de México y de Hacienda y Crédito Público tienen incautados barcos propiedad de dichas empresas y en los operativos para asegurar los cargamentos han participado la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República.
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