Durante décadas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se distinguió por su capacidad para convertir la movilización social en una herramienta eficaz de presión política. Su fuerza no radicó únicamente en el número de maestros que podía sacar a las calles, sino en la disciplina de sus estructuras, en su arraigo territorial y en la habilidad para escoger coyunturas que maximizaran el costo político para los gobiernos en turno. Sin embargo, en el conflicto desarrollado en vísperas de la Copa Mundial de Fútbol, la estrategia llevó a la Coordinadora a un punto de inflexión: por primera vez desde 2018, rompió de manera abierta el vínculo político que había construido con el gobierno emanado de Morena y terminó enfrentándose a una presidenta que decidió no ceder.
Desde mediados de mayo, la Coordinadora anunció una escalada de movilizaciones y amagó con una huelga nacional para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de disposiciones derivadas de la reforma educativa y el pleno respeto a sus derechos laborales. El calendario elegido no era casual. La proximidad del inicio del Mundial convertía cualquier bloqueo en la Ciudad de México en un asunto de repercusión internacional.
La apuesta era evidente: utilizar la enorme visibilidad mediática del torneo para incrementar la presión sobre el Ejecutivo federal. A la complejidad del escenario se sumaron otras expresiones de inconformidad social, como las movilizaciones de colectivos de madres buscadoras y de transportistas. Todo ello generó una percepción de conflictividad permanente que fue amplificada por medios de comunicación, como TV Azteca y su dueño Ricardo Salinas; así como, actores políticos interesados en convertir el descontento social en un cuestionamiento general a la administración federal.
Desde el inicio del sexenio, la presidenta Claudia Sheinbaum mantuvo abiertos canales institucionales de comunicación con la Coordinadora, aunque también dejó claro que varias de sus exigencias resultaban presupuestal o jurídicamente inviables. Esa combinación de diálogo y límites produjo una tensión permanente: mientras el magisterio esperaba compromisos mayores, el Ejecutivo buscaba administrar expectativas sin romper la interlocución.
Para ese propósito se integró un equipo negociador encabezado por Mario Delgado, Rosa Icela Rodríguez y Martí Batres. Sin embargo, la mesa de diálogo nació con márgenes reducidos. Si las instrucciones presidenciales eran no comprometer recursos o reformas que el gobierno consideraba imposibles de asumir, el espacio para construir acuerdos quedaba inevitablemente restringido.
El desencuentro terminó agravándose cuando algunos hechos elevaron el conflicto del terreno sindical al de la seguridad pública y la imagen internacional del país. La destrucción de estatuas alusivas al Mundial en Paseo de la Reforma y el aseguramiento de materiales explosivos en vehiculos con refuerzos de la CNTE que venian a la CDMX encendieron las alertas de alarma en el gabinete de seguridad, involucrándose de lleno al manejo de la crisis.
En ese momento la discusión dejó de centrarse exclusivamente en demandas laborales para incorporar una pregunta de Estado: ¿podía garantizarse la celebración del partido inaugural del Mundial y el funcionamiento de los eventos masivos asociados, sin reprimir a los profesores de la CNTE?
La respuesta de las autoridades fue afirmativa. Se diseñaron dispositivos especiales, filtros de seguridad y cortes viales destinados a asegurar el acceso al Estadio Azteca y proteger las actividades programadas. El cálculo gubernamental aceptaba posibles afectaciones al tránsito e incluso dificultades para algunos asistentes para llegar al estadio, pero sostenía que el desarrollo del evento no sería impedido.
Paralelamente, la instrucción política fue mantener abiertas las conversaciones sin ampliar las concesiones. La negociación continuó, aunque prácticamente sin posibilidades de modificar las posiciones de fondo. Finalmente, la noche del 10 de junio concluyó sin acuerdos.
A esas alturas la presidenta ya había asumido el costo político del rompimiento y las implicaciones mediáticas de las protestas de la CNTE. Incluso asumió las críticas de no acudir al partido inaugural o de enfrentar complicaciones en actividades paralelas, como la cancelación de los festivales de fanáticos programados en varios puntos de la ciudad. Sin embargo, optó por no variar su postura y lanzó un mensaje contundente: no hablaría personalmente con integrantes de la coordinadora y declaró que los extremos de derecha e izquierda se unen.
Ese instante marcó una ruptura política. La relación privilegiada que la Coordinadora había mantenido con los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación desde 2018 sufrió un desgaste evidente. Lo que durante años fue una interlocución constante quedó sustituido por una lógica de confrontación.
La coyuntura cambió. Una vez asegurada la inauguración y superada la fase inicial del torneo, la capacidad de presión derivada del contexto internacional disminuye considerablemente. Sin el foco mediático mundial concentrado sobre México, los bloqueos pierden el impacto estratégico que originalmente buscaban generar.
La propia estructura de la CNTE dista de ser homogénea. Conviven en ella corrientes regionales, liderazgos diversos y diagnósticos distintos sobre el rumbo de la movilización. No todos los contingentes comparten la idea de sostener indefinidamente un conflicto sin perspectivas claras de negociación, por lo que es previsible que algunas bases regresen paulatinamente a sus entidades y actividades ordinarias.
La experiencia demuestra que mantener campamentos prolongados implica costos económicos, físicos y políticos para cualquier organización social. El desgaste, las condiciones climáticas y el cambio en la agenda pública suelen reducir la capacidad de convocatoria conforme transcurren las semanas.
También existe un elemento de percepción ciudadana que no puede ignorarse. Una parte importante de la sociedad distingue entre el derecho constitucional a la protesta y las afectaciones prolongadas a la movilidad, al comercio o a servicios esenciales. Cuando las movilizaciones se perciben como excesivas o desconectadas de sus objetivos originales, el respaldo social tiende a erosionarse.
Eso no significa que las demandas históricas del magisterio carezcan de legitimidad. El debate sobre las pensiones, las condiciones laborales y el futuro del sistema educativo mexicano merece una discusión seria y de largo plazo. Pero una cosa es defender causas sindicales y otra intentar colocar al gobierno contra las cuerdas mediante la amenaza de afectar un acontecimiento internacional de enorme relevancia para el país.
El episodio deja una enseñanza para ambos lados. Para el gobierno, confirma que los compromisos de campaña generan expectativas que posteriormente deben enfrentarse con las limitaciones presupuestales y jurídicas de la administración pública. Para la CNTE, evidencia que la capacidad de movilización, por importante que sea, no garantiza resultados cuando la autoridad está dispuesta a absorber los costos políticos de no ceder.
Quizá el saldo más significativo sea el simbólico. La alianza tácita que durante años acercó a la Coordinadora con los gobiernos de Morena terminó. El tiempo dirá si ambas partes reconstruyen los puentes o si este conflicto inaugura una relación distinta, más distante y menos complaciente. Lo que sí parece claro es que el intento de utilizar el contexto del Mundial como principal instrumento de presión no produjo el desenlace esperado. En esta ocasión, el Estado decidió resistir, la negociación se estancó y la correlación política terminó modificándose. La Coordinadora quiso chantajear a la presidenta, pero el tiro le salió por la culata. Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce
*@onelortiz
Únete al canal de WhatsApp de El Independiente y recibe las noticias clave del día, análisis y últimas actualizaciones directamente en tu celular.
