Los gobiernos surgidos de MORENA le han fallado al pueblo de México. Aun cuando presumen avances drásticos en ciertos indicadores de violencia, la población no se siente segura. Los cobros de derecho de piso, la extorsión, pues, del crimen organizado a empresas y familias, la creciente desaparición de personas en varias poblaciones, el robo, los levantones, el aun elevado número de ejecuciones y el conocimiento entre los locales, con un buen nivel de certeza, de que son los capos del crimen los que controlan regiones completas del País, respaldan una visión deprimentemente realista sobre la situación social que enfrentamos.
La cada vez más vilipendiada nueva integración del Poder Judicial, con un origen poco legítimo derivado de la evidente colusión de actores políticos para dirigir el sentido de la votación en la que fueron electos sus miembros cada semana provoca vergonzosos capítulos que denuestan su labor y ponen en duda el carácter objetivo, profesional e independiente que debería fundamentar sus decisiones. Esto no refleja la certidumbre jurídica que requiere el País para su desarrollo, para impulsar la inversión y que su economía crezca. Ni hablar de impartición de justicia.
Por otro lado, los servicios de educación y salud, aspectos que resultan fundamentales para el bienestar social, son cada vez más deficientes, a niveles que caen en lo indigno. Hospitales sin citas, sin especialistas, sin el uso de los principales avances tecnológicos, sin una adecuada limpieza ni certeza sanitaria en sus instalaciones y procedimientos, sin baños salubres y hasta sin medicinas; escuelas sin clases, sin maestros bien capacitados, sin equipos adecuados, sin programas de estudio modernos ni adecuados, son el reflejo de políticas públicas mediocres, diagnósticos equivocados y de la falta de recursos suficientes y bien administrados.
En materia social, sin duda hay una victoria que pudiera resultar tristemente pírrica para el régimen actual, y que tiene que ver con la reducción de los porcentajes de la población en situación de pobreza, que en 2024 se redujeron hasta un 29.6% de la población. Resulta valioso recordar que también en el 2006 hubo una caída muy relevante de los niveles de pobreza, con una política económica y social mucho más sensata, responsable y sostenible, sin dilapidar recursos a ciegas. Y es que la crisis económica desatada a mediados de los noventas, llevó los niveles de pobreza al 53.6% de la población, el cual, en medio de los cambios democráticos, la estabilización económica y la recuperación, se redujo y llegó a 42.9%, nivel que se mantuvo casi igual hasta el 2018, en el cual fue de 41.9 por ciento.
Sin embargo, en la misma medición se encontró que 44.5 millones de personas carecen de acceso a los servicios de salud. Es decir, no solo son pseudo atendidos por malos e insuficientes servicios, sino que no reciben ninguno. Esta cifra es terrible. En 2016 el 15.6% de la población, es decir, 18.8 millones de personas no contaba con acceso a estos servicios. En 2024, fue el 34.2%, más de una tercera parte de la población, y en algunos estados como Chiapas, esta carencia afecta al 63.3% de la población. Por otro lado, la población vulnerable por carencias sociales se registró en 32.2% de la población, un incremento desde el 29.4% en 2022.
Los avances podrían resultar frágiles, ya que buena parte de esta caída se debe a los programas sociales, los cuales, sin mayor proeza técnica, sin diagnósticos adecuados, sin objetivos claros ni mecanismos inteligentes de implementación, pero, principalmente, sin asegurar una fuente sostenible y saludable de financiamiento, simplemente se dirigen a distribuir dinero entre varios sectores de la población, supuesta y generalizadamente considerados vulnerables, recursos que se distribuyen prácticamente en efectivo, o con las tarjetas tipo monedero electrónico del Bienestar, que no implican ni contar con cuentas de ahorro ni mucho menos una inclusión financiera adecuada. Son recursos que se dirigen al consumo, sin embargo, no contamos con evaluaciones de impacto ni con mediciones que aseguren un aumento en el bienestar de las personas que los reciben y sus familias. En la narrativa gubernamental, las evaluaciones son herramientas tecnocráticas y neoliberales que de poco sirven.
Es decir, que cuando los beneficiarios que se encontraban en condición de pobreza dejen de recibir estas canonjías, difícilmente sostenibles con los niveles actuales de recaudación tributaria y de gasto público, por más que ahora se consideren como derechos, muy probablemente regresen a su condición económica anterior de pobreza. Por otro lado, no es claro qué nivel de reducción de pobreza se podría achacar al aumento del salario mínimo, medida sin duda loable pero insuficiente cuando la gran mayoría de los trabajadores en el País laboran en condiciones informales.
Hay que aclarar que la falta de crecimiento económico, de inversiones públicas pero muy en especial de las de carácter privado, que han sido ahuyentadas por decisiones y políticas gubernamentales, así como de mayores niveles de empleo formal y bien remunerado y de una regulación adecuada del voraz sistema financiero, no son una buena señal de que la economía de la mayoría de la población se dirija hacia un buen destino.
Estamos ante una economía estancada, con recursos fiscales cada vez más limitados, con niveles de endeudamiento preocupantes y con una ejecución del gasto público ineficaz, ineficiente, improductiva y sin rumbo claro. Los recursos públicos están dejando de ser utilizados para impulsar la inversión en infraestructura hidráulica, carretera y energética, tan relevante para atraer y promover la inversión privada, para apoyar la formación o el crecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas, para asegurar el financiamiento de nuevos proyectos importantes, para mejorar los servicios de salud y de educación pública, o para apoyar la producción agropecuaria. La corrupción está en niveles de alarma, y va en aumento, contrario a lo que digan los voceros del gobierno.
Los recursos públicos dirigidos al asistencialismo social son cada vez mayores y con fuertes presiones al alza, ya que incluso se han vuelto un derecho a nivel constitucional para varios sectores de la población. Sin embargo, es necesario aclarar que estos programas sociales no necesariamente aseguran niveles adecuados de bienestar a la población. Es cierto que, de acuerdo a los criterios de medición de la pobreza, la población en esa condición se ha reducido, pero ello no implica que su bienestar sea óptimo. Ya vimos, por ejemplo, el caso de las carencias sociales que enfrenta más de la tercera parte de la población nacional. Si la medición fuese diferente, quizá más estricta, objetiva y adecuada, las cifras aumentarían.
Veamos un dato revelador. Y es oficial. Según el INEGI, el cual actualiza las Líneas de Pobreza en los ámbitos rural y urbano, las cuales ofrecen un referente monetario que determina si los ingresos de la población son suficientes para adquirir bienes, servicios y alimentos que conforman las canastas alimentaria y no alimentaria, en mayo aumentó el costo de los productos de la canasta alimentaria, en 6.3 % en el ámbito rural y en 6.9 % en el urbano. Estos datos reflejan un deterioro en el nivel de consumo y de bienestar de la población.
Aquí tienen un efecto relevante el nivel de inflación, en especial en ciertos productos básicos, cuyo precio está evidentemente descontrolado, por diversos factores que no escapan de las políticas públicas, como la del sector agropecuario y la de combate al crimen organizado. Este cálculo se realiza con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, y tiene el objetivo es establecer un umbral monetario para la medición de la Pobreza Multidimensional.
Así, en el mes anterior los cambios porcentuales anuales de las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos, que son los que se basan en la canasta alimentaria, tuvieron aumentos mayores al de la inflación general, y éstos fueron mucho mayores que en períodos pasados. Fueron el jitomate, que subió un 99%, los alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, con casi 7% la y papa, con 57%, los que más contribuyeron al incremento del valor monetario de la canasta alimentaria.
Con ello, el costo total de la canasta alimentaria es de 1,960 pesos, por persona, en el ámbito rural. Es decir, en una familia de 4 personas sería necesario un ingreso mensual de 7,842 pesos tan solo para cubrir esta canasta alimentaria. Si el salario mínimo está en 9,583 pesos, a una familia donde solo una persona trabaje y reciba este salario, le quedarían solo 1,741 pesos para cubrir sus gastos de vivienda, vestimenta, transporte, salud, educación, ocio, entre otras.
Ahora, si, como el propio INEGI indica, el salario promedio es aún menor, de 7,674 pesos, debido a los millones de trabajadores que se ocupan en el ámbito informal, a esta familia no le alcanzaría ni para comer.
En el ámbito de características urbanas, el escenario es aún más grave, ya que el costo total de la canasta alimentaria es de 2,597 pesos por persona. Es decir, en una familia de 4 personas sería necesario un ingreso mensual de 10,388 pesos. Si el salario mínimo está en 9,583, a esta familia, si solo un adulto trabaja y recibe dicho salario, le faltarían 850 pesos tan solo para cubrir la canasta alimentaria básica. Ni hablar de cómo podrían afrontar otros gastos.
Hay que recordar que el 40% de los trabajadores en México, es decir, un total de unos 24 millones de personas, reciben un salario mínimo o incluso menos por su trabajo. Y otro 30% recibe hasta dos salarios mínimos.
Es necesario repensar y replantear la política social en el País, pero aún más necesario, implementar una nueva política económica, un ataque frontal al crimen organizado y un fortalecimiento drástico del sistema de justicia, que se refleje en mayores niveles de inversión productiva privada, que impulsen el empleo formal bien remunerado y el crecimiento económico, y que ello se acompañe de una técnicamente sólida reforma fiscal y del gasto público. Es la única manera de asegurar un mayor bienestar de la población, de manera sostenida y responsable. Es lo justo.
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