En 2021, cuando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se acercaba a la mitad de su sexenio, di cuenta en Oficio de papel que coordinadores del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) habían sostenido una reunión con agentes antinarcóticos de la DEA (Drug Enforcement Adninistration) para informarles de la integración de un expediente criminal en contra de Alfonso Durazo Moreno (exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana en el gobierno anterior, expresidente del Consejo Nacional de Morena y actual gobernador de Sonora) por supuestos vínculos con miembros del crimen organizado pertenecientes al Cártel del Pacífico, en donde en aquel año tres grupos del narcotráfico se disputaban la plaza: Ismael El Mayo Zabada; los hijos de Joaquín Guzmán Loera, Los Chapitos; y Vicente Carrillo Leyva, El Ingeniero, hijo de Amado Carrillo Fuentes.
Cinco años después, en 2026, fuentes del CNI confirman que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la DEA mantienen abierta esa carpeta de investigación en contra del actual gobernador sonorense quien, por su parte, niega cualquier vínculo criminal con el crimen organizado y también sostiene que es falso que la embajada de EU en México les haya cancelado las visas a él y a su hijo, Alfonso Durazo Chávez, para viajar al país vecino.
El motivo de aquella reunión de 2021 entre agentes del CNI y la DEA fue para informar al gobierno mexicano de dicha indagatoria en contra Durazo Moreno, a fin de evitar repetir el vergonzoso hecho de la detención en Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa Nacional en el gobierno priista de Enrique Peña Nieto, quien después de haber sido encarcelado en octubre de 2020 en una prisión de Estados Unidos por supuestos vínculos con cárteles de la droga, un mes después el gobierno estadunidense tuvo que extraditarlo a México por falta de pruebas de vínculos con los cárteles de la droga.
En las últimas semanas diversos medios de comunicación de Estados Unidos y de México han informado de varias carpetas de investigación en contra de gobernadores como Américo Villareal, Alfonso Durazo, Rubén Rocha y Marina del Pilar; también están en la mira de la justicia estadunidense algunos generales del Ejército en activo y otros retirados; exalmirantes y vicealmirantes de Marina; funcionarios gubernamentales, entre ellos un secretario de Estado; y algunos miembros del Partido Morena que tuvieron relación de negocios con financieros del crimen organizado, como por ejemplo el empresario Sergio Carmona, operador de grupos criminales y asesinado por sicarios en noviembre de 2021 en Nuevo León.
HIJO DE ALFONSO DURAZO INVESTIGADO TAMBIÉN EN EU
Una exfuncionaria de la Secretaría de Economía, dependencia que dirige Marcelo Ebrard, viajó hace unos meses a Las Vegas para asistir a un concierto y, al bajar del avión, sorpresivamente fue detenida por agentes estadunidenses de Migración, quienes la retuvieron e interrogaron por más de cinco horas en un cuarto privado, en donde primero le preguntaron por su familia, luego por su trabajo y el tema central fue que explicara porque viajaba tantas veces a Washington y quién le proporcionaba los boletos de viaje.
La joven mujer explicó que sus constantes viajes a Estados Unidos, era porque trabajó en la Secretaría de Economía y las funciones que allí desempeñaba le exigían trasladarse, pero los agentes estadunidenses querían saber particularmente porque obtenía los boletos de una agencia de viajes que ellos tenían bajo investigación.
La respuesta a los agentes del ICE, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, es que ella no era responsable de la compra de boletos de avión, eso lo hacía el área administrativa de la Secretaría de Economía.
Al investigar más sobre esa detención e interrogatorio a la exfuncionaria de Economía, nos enteramos que dicha agencia tiene un contrato marco firmado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con el se obliga a todas las dependencias del gobierno federal a comprar los boletos de avión y que, según los agentes del ICE, el hijo del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Chávez, tiene intereses económicos en esa agencia involucrada en llevar a Estados Unidos a muchos funcionarios mexicanos y personas de interés para la justicia estadunidense.
Las horas pasaban y el interrogatorio a la joven a mujer aumentaba de intensidad con preguntas sobre si conocía a Durazo Chávez y qué relación de negocios tenían, lo que ella negaba una y otra vez, pues ni siquiera conocía al hijo del gobernador de Sonora.
Antes de dejarla libre, los agentes estadunidenses de migración le “recomendaron” que del aeropuerto se fuera a su hotel y de allí directo al concierto y una vez concluido éste, le pidieron regresara al hotel y después se fuera al aeropuerto “porque Las Vegas es un lugar muy peligroso y le podía pasar algo”.
También sabemos que dicho contrato marco no lo negoció Hacienda, aunque es ésta quien ahora lo firma, sino que se armó en la Secretaría de la Función Pública cuando estaba allí la subsecretaria Thalía Lagunas Aragón, encargada de las contrataciones públicas consolidadas y que dirigía la administración del sistema Compranet.
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