La intersección entre la planificación de seguridad y el desarrollo institucional es uno de los terrenos más complejos en la gobernanza contemporánea, especialmente cuando se analiza a través del ojo de la economía institucional.
Al examinar el Programa Nacional de Seguridad Pública 2026-2030, publicado en el Diario Oficial de la Federación, frente a la realidad operativa y estructural de las instituciones de seguridad en el país, emergen inconsistencias conceptuales y prácticas.
El Programa citado traza una ruta ambiciosa estructurada en objetivos de coordinación, inteligencia, homologación de sistemas penitenciarios y prevención del delito, presentándose como un catalizador de paz y orden legal. No obstante, se revela una brecha que amenaza con transformar el programa en una herramienta de control centralizado en lugar de un motor de prosperidad y justicia.
Algunos estudiosos señalan que las instituciones inclusivas fomentan la participación de la gran mayoría de las personas en las actividades económicas y políticas, protegen los derechos de propiedad, garantizan un sistema judicial imparcial y proveen servicios públicos que aseguran la igualdad de oportunidades., mientras que las instituciones extractivas tienen como objetivo primordial concentrar el poder y la riqueza en manos de unos pocos, creando dinámicas de despojo, impunidad y discrecionalidad que desincentivan el desarrollo colectivo.
El Programa Nacional de Seguridad Pública 2026-2030 aspira formalmente a robustecer la legalidad y la eficiencia en la persecución del delito, emulando las características de un marco inclusivo. Sin embargo, la persistente configuración interna de la institución de seguridad de cara a la realidad nacional sigue respondiendo a patrones extractivos arraigados, caracterizados por el uso faccioso de la fuerza, la falta de una carrera policial meritocrática y la subordinación de la justicia penal a intereses de las élites políticas y burocráticas del momento.
Una de las inconsistencias más marcadas se observa en el objetivo del programa orientado al fortalecimiento de la inteligencia e investigación para desarticular el crimen organizado transnacional y los delitos de alto impacto.
La centralización del poder político y el monopolio legítimo de la violencia son indispensables para el surgimiento de un Estado inclusivo, pero este monopolio solo genera prosperidad si está sujeto a contrapesos efectivos y a una rendición de cuentas horizontal, y que por el momento es inexistente en el régimen de la Cuarta Transformación. El Programa propone un despliegue tecnológico intensivo y una unificación de mandos que, en la práctica, profundiza la concentración del poder punitivo sin fortalecer paralelamente los mecanismos de fiscalización ciudadana ni la autonomía de los órganos de control.
En lugar de edificar una seguridad pública plural y civil que proteja los derechos de propiedad y la integridad individual, las instituciones actuales tienden a utilizar los recursos de inteligencia de manera selectiva, perpetuando un entorno de inseguridad jurídica donde las reglas del juego cambian según la posición del individuo frente al aparato estatal.
Finalmente, la falta de incentivos económicos alineados con el desarrollo profesional de los integrantes del sistema de seguridad es la inconsistencia más flagrante bajo la óptica del institucionalismo económico. El Programa Nacional de Seguridad Pública delinea metas de capacitación y dignificación policial, pero las condiciones materiales, los salarios reales y la vulnerabilidad jurídica de los policías de a pie reflejan una realidad extractiva, donde el personal operativo es explotado por las propias jerarquías de la institución. Sin un marco de certidumbre laboral y meritocracia que desvincule el ascenso policial de las lealtades facciosas, los agentes de seguridad se ven empujados a participar en esquemas de extracción de rentas a la ciudadanía para subsistir y cumplir con las cuotas informales del sistema.
En conclusión, mientras el programa busca proyectar la imagen de un Estado moderno que avanza hacia la inclusión institucional, la persistencia de estructuras extractivas subyacentes condena a las políticas de seguridad a ser una reiteración de promesas incumplidas que perpetúan el subdesarrollo y la violencia institucionalizada en el país.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
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