Confieso que me da gusto que el Pato Merlín haya sido adoptado por millones de mexicanos como la mascota del Mundial de fútbol, desplazando a las mascotas de la FIFA y a los personajes diseñados desde las oficinas gubernamentales. Su historia tiene algo profundamente mexicano: pertenece a una familia encabezada por una madre soltera que, acompañada por sus dos hijos adolescentes, sobrevive vendiendo aguas en el Paseo de la Reforma. Ojalá que la enorme exposición mediática que ha recibido se traduzca en una oportunidad para transformar su vida, que los derechos sobre la imagen del pato se conviertan en un patrimonio familiar y que este episodio fortuito les permita construir un mejor futuro.
En sí mismo, el fenómeno resulta entrañable. La apropiación popular de un personaje sencillo demuestra que las expresiones culturales más poderosas no siempre provienen de las grandes campañas institucionales, sino de la autenticidad.
Por eso tampoco me pareció incorrecto que la presidenta Claudia Sheinbaum decidiera sumarse a la tendencia e invitara al Pato Merlín a una conferencia mañanera. Después de no haber asistido a la inauguración del Mundial, de no participar en el festival principal de aficionados en el Zócalo y de que la imagen del triunfo de México sobre Corea fuera la de una celebración prácticamente privada junto a su esposo en Palacio Nacional, era comprensible que su equipo de comunicación buscara acercarla al entusiasmo popular mediante un gesto simbólico. El problema no es el pato. El verdadero problema fue el contraste político que produjo esa decisión.
Mientras las imágenes del Pato Merlín ocupaban titulares y redes sociales, los colectivos de madres y padres buscadores hicieron una pregunta demoledora: si la presidenta tiene tiempo para recibir a una mascota convertida en fenómeno viral, ¿por qué no ha recibido públicamente a quienes llevamos años buscando a nuestros hijos desaparecidos? El reclamo no vino de los partidos políticos ni de los comentaristas opositores. Surgió de las víctimas.
La situación escaló cuando la mandataria afirmó que sí había sostenido encuentros privados con familiares de personas desaparecidas. De inmediato comenzaron las preguntas inevitables: ¿con quién?, ¿cuándo?, ¿en qué condiciones?, ¿qué resultados produjeron esas reuniones? Los colectivos pidieron transparencia y los medios hicieron eco de una exigencia perfectamente legítima.
El episodio demuestra que en comunicación política el contexto suele ser más importante que el mensaje. Una fotografía amable puede convertirse en un problema cuando se coloca frente a una ausencia igualmente visible.
¿Por qué la Presidenta ha evitado un encuentro abierto con los colectivos de búsqueda? Desde mi perspectiva existen, al menos, tres posibles explicaciones.
La primera es institucional. Un jefe de Estado no puede convertir su despacho en la ventanilla para resolver directamente todos los conflictos sociales del país. Si cada organización buscara una audiencia presidencial como condición para abrir una mesa de diálogo, quedarían desdibujadas las responsabilidades de la Secretaría de Gobernación, de las fiscalías, de las comisiones de búsqueda y del resto de las instituciones creadas precisamente para atender esos asuntos. Existe lógica administrativa en esa postura.
La segunda posibilidad resulta preocupante: que desde ciertos espacios gubernamentales algunos colectivos sean percibidos como adversarios políticos o como actores utilizados por la oposición. Si ese fuera el caso, el error sería enorme. El sufrimiento de una madre que busca a su hijo desaparecido no puede clasificarse bajo categorías partidistas. La tragedia humana debe estar por encima de cualquier cálculo electoral o ideológico.
La tercera explicación quizá sea la más inquietante: que el Gobierno Federal simplemente no tenga capacidad suficiente para ofrecer respuestas concretas a las demandas de las víctimas. Se han presentado diagnósticos, estadísticas, plataformas digitales, campañas institucionales y presentaciones impecables. Sin embargo, localizar personas desaparecidas exige mucho más que conferencias o materiales audiovisuales: requiere coordinación efectiva, investigación criminal, inteligencia, ministerios públicos eficientes y voluntad para romper inercias burocráticas profundamente arraigadas.
Desde hace dos años he seguido con atención la evolución de este problema. Me pareció un ejercicio de honestidad política que el gobierno de Claudia Sheinbaum reconociera públicamente la magnitud del fenómeno y aceptara la existencia de alrededor de 130 mil personas desaparecidas. Admitir la dimensión del desafío constituye un punto de partida indispensable. Pero reconocer el problema no equivale a resolverlo.
La realidad cotidiana sigue marcada por expedientes detenidos, investigaciones inconclusas, falta de coordinación entre autoridades, deficiencias periciales y una burocracia que muchas veces termina revictimizando a quienes ya viven el peor dolor imaginable.
Conozco de cerca el caso de Olin Hernaldo Vargas, desaparecido en la zona del Ajusco hace más de un año. No se trata de un hecho aislado; existen por lo menos once desapariciones con características semejantes en esa zona de la Ciudad de México. Sus familiares no sólo enfrentan la angustia permanente de ignorar el destino de su ser querido, sino también un peregrinar interminable entre oficinas públicas, trámites, promesas incumplidas y respuestas burocráticas que prolongan su sufrimiento.
Más recientemente, el levantón de la periodista Roxana Berenice Guzmán volvió a estremecer a la opinión pública. Las imágenes de un grupo armado irrumpiendo en su domicilio fueron ampliamente difundidas y despertaron indignación nacional. Se anunciaron investigaciones, se informó sobre carpetas abiertas y se habló de la intervención de diversas autoridades. Sin embargo, el paso del tiempo incrementa la desesperación cuando no han logrado localizarla, pese a todos los supuestos esfuerzos gubernamentales.
¿Cómo pedir serenidad a los padres de Olin? ¿Cómo solicitar paciencia a los familiares de Roxana? ¿Cómo exigir confianza institucional cuando las respuestas no llegan?
Precisamente por ello el reclamo de las madres buscadoras trasciende la anécdota del Pato Merlín. Lo que expresan no es molestia porque una mascota haya sido recibida en Palacio Nacional. Lo que duele es sentirse ignoradas en medio de una tragedia que consume sus vidas.
La política también comunica mediante sus prioridades simbólicas. Cada fotografía, cada invitación y cada gesto transmiten mensajes que muchas veces superan las palabras. Cuando una imagen festiva coincide con la percepción de distancia frente a las víctimas, el costo político es inevitable.
Estoy convencido de que Claudia Sheinbaum posee la sensibilidad suficiente para comprender esta realidad. Su trayectoria como activista estudiantil, académica y dirigente política demuestra una cercanía histórica con causas sociales. Precisamente por ello sería deseable que recuperara esa capacidad para colocarse en el lugar de quienes padecen la ausencia de un hijo, una hija, un hermano o una madre.
No se trata de convertir a la Presidencia en una fiscalía ni de sustituir las funciones de las instituciones competentes. Tampoco de prometer lo imposible. Se trata de reconocer que escuchar a las víctimas constituye una obligación ética y un poderoso acto político.
La comunicación gubernamental puede construir narrativas exitosas, generar tendencias en redes sociales y aprovechar fenómenos virales como el del Pato Merlín. Pero ninguna estrategia será suficiente si quienes buscan desesperadamente a sus familiares perciben que sus voces permanecen fuera de Palacio Nacional.
El Pato Merlín representa la alegría espontánea de un país que todavía sabe reír y encontrar esperanza en las historias sencillas. Las madres buscadoras representan el rostro más doloroso de una nación que aún tiene heridas abiertas. Ambas imágenes pueden coexistir, pero jamás deberían competir por la atención del Estado.
Porque al final del día, detrás de cada ficha de búsqueda hay una familia detenida en el tiempo. Y mientras exista una sola madre recorriendo desiertos, montañas o fosas clandestinas con la esperanza de encontrar a su hijo, ninguna estrategia de comunicación podrá sustituir el valor insustituible de una escucha sincera, un diálogo directo y un compromiso efectivo con la verdad y la justicia.
Eso pienso yo, usted qué opina. La política es de bronce.
*@onelortiz
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