A medida que se acercan los tiempos electorales, comienzan a aparecer los nombres de quienes aspiran a ocupar nuevos cargos públicos. Algunos son personajes conocidos que ya tuvieron la oportunidad de gobernar, administrar presupuestos y tomar decisiones que impactaron directamente en la vida de miles de ciudadanos.
Por eso, la mejor carta de presentación de cualquier político no son los discursos ni las campañas publicitarias, sino los resultados que dejó a su paso. Antes de escuchar nuevas promesas, los ciudadanos deben revisar los antecedentes de quienes hoy buscan nuevamente el voto.
Un caso que ilustra esta situación es el del exalcalde de Cuautitlán, Aldo Ledezma. En momentos en que el PRI mexiquense intenta reorganizarse y construir una narrativa de renovación, la actual administración municipal informó que las auditorías realizadas a su gobierno detectaron presuntas irregularidades por más de 417 millones de pesos. De ese monto, 147 millones corresponden a observaciones derivadas de auditorías internas en áreas como obra pública, adquisiciones, patrimonio municipal y manejo de recursos financieros, mientras que otros 270 millones fueron observados por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.
Las revisiones derivaron en 42 procedimientos administrativos, dos investigaciones por faltas graves y 12 denuncias penales. Corresponderá a las autoridades determinar si existen responsabilidades y sanciones. Más allá del desenlace jurídico, el caso vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta incómoda para el priismo mexiquense: ¿cómo recuperar la confianza ciudadana cuando siguen apareciendo cuentas pendientes de gobiernos emanados de sus filas?
No se trata solamente de un asunto administrativo, se trata de un golpe a la credibilidad. Durante décadas, el PRI gobernó el Estado de México y construyó una poderosa estructura política. Sin embargo, también acumuló un desgaste que terminó por reflejarse en las urnas. Casos como el de Cuautitlán alimentan la percepción de que muchos de los problemas que llevaron a los ciudadanos a retirarles la confianza siguen presentes.
Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se ejercieron los presupuestos, qué obras se realizaron, qué beneficios llegaron realmente a la población y si los recursos públicos fueron utilizados con eficiencia. El dinero público no pertenece a los gobiernos ni a los funcionarios; pertenece a la gente.
Por eso preocupa que algunos actores políticos ya estén concentrados en la próxima elección cuando todavía existen interrogantes sobre su desempeño en responsabilidades anteriores. Antes de pedir una nueva oportunidad, deberían explicar con claridad los resultados de la gestión que ya encabezaron.
La rendición de cuentas no debe entenderse como una persecución política, sino como una obligación elemental en cualquier democracia. Quien aspira a gobernar debe estar dispuesto a responder por sus decisiones, aclarar observaciones y asumir las consecuencias de sus actos.
De cara a 2027, el PRI enfrenta un desafío mayor que encontrar candidatos competitivos, necesita reconstruir la confianza ciudadana. Y eso difícilmente se logrará mientras sigan apareciendo señalamientos sobre el manejo de recursos públicos en gobiernos identificados con ese partido.
El próximo año estará lleno de campañas, promesas y estrategias de posicionamiento. Pero los ciudadanos harían bien en mirar primero hacia atrás antes de mirar hacia adelante. Mientras sigan surgiendo casos como el de Cuautitlán, sin respuestas satisfactorias, las posibilidades de que el PRI vuelva a gobernar el Estado de México serán cada vez menores.
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