desempolvó los expedientes de las acusaciones penales que le han presentado en contra de dos expresidentes, el panista Felipe Calderón Hinojosa y el priista Enrique Peña Nieto, quienes acumulan señalamientos por diversos delitos graves, algunos de ellos aún sin prescribir, y que después de las declaraciones que hizo la semana pasada la presidenta de la República, en el sentido de que la Fiscalía debe darle continuidad e informar de las denuncias penales que, con pruebas suficientes, confirmen que los exmandatarios cometieron algún delito.
Huidos a España, en donde buscan la nacionalidad ante el temor de que la justicia mexicana los persiga y solicite su extradición, Calderón y Peña eligieron ese país europeo a sugerencia de otro exmandatario priista llamado El Innombrable (Carlos Salinas de Gortari) y quien desde los tiempos en que gobernó el también priista Ernesto Zedillo, decidió huir a Europa cuando supo que le abrieron una investigación criminal por el desvío de recursos públicos -miles de millones de pesos entregados a varios miembros de su familia, principalmente a Raúl Salinas de Gortari, apodado El Hermano Incómodo– de la llamada Partida Secreta.
En referencia a las carpetas de investigación en contra de expresidentes, la doctora Claudia Sheinbaum señaló que le corresponde a la Fiscalía las indagatorias cuando encuentre que hay algún delito, porque “nadie le va a decir que no haga las investigaciones. Son autónomos.” Y agregó que la Fiscalía debe informar.
La primera mandataria recordó que en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió al entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, informar de esos expedientes abiertos en contra de los exmandatarios y de las pesquisas que esa área de investigación financiera había encontrado en contra de Peña y de Calderón (cuyos expedientes están en poder de esta columna), por lo que la FGR debe darle el seguimiento pertinente y de tener suficientes evidencias continuar los procesos penales e informar a la sociedad sobre ellos.
“Es decir, nosotros no nos vamos a dedicar a poner denuncias a los (expresidentes), a menos que cuando se haga una investigación, resulte que hay un vínculo, porque eso tendría que hacerlo la Fiscalía. Pero de parte nuestra no es. No vamos a estar dedicando tiempo a eso, mejor se lo dedicamos al pueblo”, sentenció Sheinbaum.
Un de varias líneas de investigación que mantiene abierta la FGR y de la cual hay pruebas suficientes, es el presunto soborno de 25 millones de dólares al expresidente Enrique Peña Nieto por parte de empresas israelíes que comercializaron el malware Pegasus y otras tecnologías invasivas de las comunicaciones.
Esas operaciones financieras con sobreprecios también alcanzan al perverso panista Calderón Hinojosa, quien durante su gobierno en 2009 adquirió por primera vez ese sistema de espionaje masivo para obtener grabaciones e información de manera ilegal de contendientes políticos opositores, empresarios, luchadores sociales y hasta periodistas.
Ahora sabemos que las indagatorias de la FGR, se ha extendido a exfuncionarios de alto nivel de ambos sexenios (Calderón y Peña), y los números de los desvíos que aparecen en las carpetas de investigación revelan que sólo en el caso de Peña Nieto el daño al erario ascendería a 1 mil 970 millones de pesos, sumados a otros 61 millones de dólares (1 mil millones de pesos) por contrataciones a favor de NSO Group y otras empresas relacionadas.
Involucrados como actores directos en hechos de corrupción, Calderón y Peña están relacionados con la adquisición y operación de dicha tecnología de Pegasus, que se empleó para vulnerar las comunicaciones privadas de opositores de izquierda, entre quienes destaca el expresidente López Obrador, además de otros luchadores sociales, activistas y periodistas.
Aunque Peña Nieto ha negado el presunto soborno por 25 millones de dólares, una línea de investigación de la Fiscalía es revisar toda la actividad de las empresas que comercializaron Pegasus en México desde 2009, año en el que Calderón adquirió dicha tecnología con fines políticos y para ello pagó precios exorbitantes a las empresas de Israel.
Entre los exfuncionarios investigados por Pegasus están Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR y prófugo de la justicia precisamente en Israel por el caso Ayotzinapa; el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, actualmente en prisión domiciliaria por el caso Ayotzinapa; el exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos Cervantes; su primo Alfredo Castillo Cervantes, excomisionado en Michoacán y exdirector de la Comisión Nacional del Deporte; el exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera y del ya extinto Cisen, Alberto “N”; Walter Meade, primo del excandidato presidencial priísta José Antonio Meade y proveedor de armamento y equipo a las Fuerzas Armadas, y los extitulares de la PGR, Alberto “N” y Raúl Cervantes.
En el caso de Peña Nieto, las investigaciones han avanzado más, pues su círculo cercano es parte de la averiguación previa desde 2019, año en el que se destapó la venta ilegal del malware de forma indiscriminada a particulares por parte de NSO Group.
Esa investigación comenzó luego de que se descubrió un centro clandestino de espionaje ubicado en el piso 35 de la Torre Impulso, en avenida Santa Fe número 443, en la Ciudad de México, supuestamente propiedad de los empresarios Álvarez Puga. En ese lugar se aseguraron centenas de grabaciones de conversaciones privadas de varios funcionarios del gobierno federal de ese momento, incluidas comunicaciones del expresidente López Obrador.
La indagatoria incluye información que en su momento aportó el propio gobierno de López Obrador –a través de la UIF y la Consejería Jurídica de la Presidencia–, en la que se documenta un presunto daño al erario federal por 1 mil 970 millones de pesos, sumados a otros 61 millones de dólares, por 31 contrataciones a favor de NSO Group y empresas relacionadas.
De acuerdo con esos datos, el presunto quebranto ocurrió en diferentes instancias del gobierno que participaron en las compras de las licencias de Pegasus: Policía Federal y Gobernación, por 464 millones 500 mil pesos, y 17 millones 208 mil 328.64 dólares; Protección Federal, por 79 millones 995 mil 35 pesos; Prevención y Reinserción Social, por 1 mil 11 millones 144 mil 932 pesos, y 44 millones 185 mil 124 dólares; y el extinto Cisen, por 414 millones 424 mil pesos.
Los contratos involucran a las empresas NSO Group, Comercializadora de Soluciones Integrales Mecale, SA de CV; KBH Aviation, SA; Proyecto Semilla, S.A. de C.V; Artículos Textiles, Equipo y Accesorios MV, SA de CV; Comercializadora Antsua, SA de CV; BSD Security Systems, SA de CV; BSD London Hightech and Project Management LP; y Security Tracking Devices, SA de CV.
La investigación de la FGR cuenta con notas de prueba que señalan que la empresa israelí NSO Group –experta en espionaje masivo– vendía ilegalmente en México el sistema Pegasus mientras que, al mismo tiempo, lo utilizaba por su cuenta para entregar la información a otras personas.
Con esto, se confirma que el software espía, considerado uno de los más invasivos y potentes en el mundo para atacar incluso sistemas encriptados, estaría en manos privadas de empresarios, políticos, supuestas organizaciones de la sociedad civil, abogados y hasta el crimen organizado, tal como lo denunciaron en 2019 la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y la UIF, tras descubrir el centro clandestino de espionaje en Santa Fe.
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