Por décadas, la discusión pública sobre seguridad ha girado en torno a una pregunta legítima: ¿cómo proteger a la sociedad frente a la delincuencia? Sin embargo, pocas veces nos detenemos a formular una interrogante igualmente importante: ¿quién protege los derechos de quienes tienen la encomienda constitucional de protegernos?
En México los integrantes de las instituciones policiales ocupan una posición singular dentro del aparato estatal, son servidores públicos investidos de facultades extraordinarias para preservar el orden, prevenir delitos y salvaguardar la integridad de las personas.
La naturaleza de sus funciones exige disciplina, obediencia, disponibilidad permanente y, en muchos casos, la disposición de arriesgar la propia vida. Paradójicamente, esa enorme responsabilidad no siempre encuentra correspondencia en el reconocimiento de sus derechos laborales.
La situación jurídica de los policías ha sido históricamente diferenciada respecto de la mayoría de los trabajadores al servicio del Estado, bajo el argumento de que la seguridad pública constituye una función estratégica y que la disciplina resulta indispensable para el adecuado funcionamiento de las corporaciones, el orden jurídico ha configurado un régimen especial que limita ciertas garantías laborales que otros servidores públicos sí poseen.
La consecuencia práctica de esta situación es que miles de policías viven bajo condiciones de incertidumbre respecto de su permanencia, estabilidad y desarrollo profesional.
Mientras un trabajador común puede acudir a mecanismos laborales para reclamar determinadas afectaciones, los miembros de las corporaciones policiales suelen encontrarse sujetos a procedimientos administrativos especiales cuya lógica privilegia la preservación de la disciplina institucional.
Desde luego nadie podría negar que la disciplina constituye un elemento esencial en cualquier cuerpo policial, una corporación encargada de la seguridad pública no puede operar bajo esquemas de indisciplina o insubordinación.
Sin embargo, reconocer la importancia de la disciplina no implica aceptar la disminución de derechos fundamentales, ya que en una democracia constitucional, la eficacia institucional y la protección de los derechos humanos deben coexistir, no excluirse mutuamente.
La paradoja resulta evidente, como sociedad exigimos policías mejor preparados, más profesionales, más honestos y más comprometidos con el respeto a los derechos humanos.
Les demandamos actuar con valor frente al crimen organizado, intervenir en situaciones de alto riesgo y responder ante emergencias que ponen en peligro la vida de tercero, pero al mismo tiempo, mantenemos un sistema que frecuentemente les ofrece menores márgenes de protección jurídica que los existentes para otros servidores públicos.
Esta contradicción genera efectos que trascienden la esfera individual, la precariedad laboral no sólo afecta a los policías y sus familias; también impacta en la calidad de las instituciones de seguridad.
Resulta difícil construir corporaciones sólidas cuando sus integrantes perciben incertidumbre sobre su futuro profesional, carecen de suficientes mecanismos de protección o enfrentan jornadas extenuantes sin la certeza de contar con respaldo institucional adecuado.
Más aún, el debate suele ignorar una dimensión fundamental: los policías también son titulares de derechos humanos. La conversación pública acostumbra centrarse, con razón, en la necesidad de evitar abusos de autoridad y proteger a la ciudadanía frente a posibles excesos policiales.
No obstante, pocas veces se analiza que quienes portan el uniforme también pueden ser víctimas de vulneraciones derivadas de condiciones laborales deficientes, falta de atención psicológica, ausencia de seguridad social suficiente o procedimientos disciplinarios poco garantistas.
La profesionalización policial tantas veces invocada como solución a los problemas de seguridad no puede limitarse a cursos de capacitación o evaluaciones de control de confianza.
Profesionalizar significa también dignificar, implica reconocer que la estabilidad institucional se fortalece cuando quienes la integran cuentan con reglas claras, procedimientos justos y condiciones laborales compatibles con la importancia de su función.
México enfrenta desafíos complejos en materia de seguridad pública. Las exigencias hacia las corporaciones policiales son cada vez mayores y la ciudadanía reclama, legítimamente, mejores resultados.
Empero, sería un error pensar que la solución pasa exclusivamente por incrementar obligaciones y exigencias, también es necesario revisar si el marco jurídico vigente ofrece a los policías las garantías mínimas que demanda una función tan relevante para la vida democrática.
Al final la pregunta sigue siendo incómoda pero inevitable: si los policías son los encargados de proteger los derechos de todos, ¿Por qué seguimos aceptando que sus propios derechos permanezcan en una situación de protección disminuida?
Una sociedad democrática no debería conformarse con exigir más a sus policías, debería también preguntarse qué está haciendo para garantizarles un trato acorde con la responsabilidad que les ha sido confiada.
Porque la fortaleza de las instituciones de seguridad no depende únicamente de la autoridad que ejercen, sino también de la dignidad con la que el Estado decide reconocer a quienes las integran.
*Magistrado Presidente Del Tribunal De Justicia Administrativa de la Cdmx
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