La discusión sobre el narcotráfico suele presentarse como un problema que nace en Latinoamérica y termina amenazando la seguridad de Estados Unidos. Esa narrativa, cómoda y repetida, omite una pregunta fundamental: ¿quién obtiene las mayores ganancias de un negocio cuyo mercado más rentable está precisamente en territorio estadunidense?
Un kilo de cocaína pura que sale de Sudamérica puede costar apenas unos miles de dólares. Al cruzar fronteras, adulterarse, fraccionarse y venderse en las calles de Estados Unidos, su valor se multiplica de manera brutal. La ganancia mayor no está en la producción ni en el tránsito: está en el consumo, en la distribución final, en el lavado de dinero y en la economía que se alimenta de esa demanda.
Reducir el problema a los países productores o de paso es eludir responsabilidades. El negocio transnacional de las drogas no funciona sin redes financieras, sin armas, sin consumidores, sin complicidades institucionales y sin una estructura económica que tolera y aprovecha sus beneficios. La corrupción existe, pero no es un fenómeno local ni aislado, pues forma parte de una cadena internacional en de actores legales e ilegales.
Por eso resulta preocupante que la acusación de narcotráfico se utilice también como instrumento político. En los últimos años, Trump ha recurrido a esos señalamientos contra gobiernos como los de Venezuela, Colombia y México. En todos los casos, la acusación aparece menos como una búsqueda seria de justicia y más como una herramienta de presión, amenaza, extorsión e injerencia.
El caso de Venezuela es ilustrativo. Las acusaciones contra Nicolás Maduro justificaron una ofensiva política que vulneró la soberanía de un país y se presentó como cruzada moral, lo que también ha encubierto intereses económicos y geopolíticos. Detrás de la retórica antidrogas, el petróleo venezolano aparece como un objetivo demasiado evidente para ignorarlo.
Algo similar ocurre con Colombia. Cuando Trump califica al presidente Gustavo Petro como líder del narcotráfico, sin presentar pruebas, no sólo agrede a un mandatario, también interviene ilegalmente en la vida política de un país. La acusación se convierte en un mecanismo para debilitar gobiernos incómodos y favorecer proyectos afines a Washington.
México tampoco está exento de esa estrategia. Los señalamientos contra nuestro gobierno, sin prueba alguna, forman parte de una labia que pretende condicionar decisiones soberanas. Primero se acusa, después se amenaza y extorsiona para, finalmente, exigir obediencia. Bajo esa lógica, el narcotráfico deja de ser sólo un problema de seguridad y se convierte en pretexto para la extorsión diplomática, la intervención y el despojo.
La economía global de las drogas requiere sembradores, laboratorios, transportistas, distribuidores, vendedores, consumidores, bancos, rutas, protección política, silencio institucional y una industria armamentista que abastece ilegalmente a los cárteles. Pretender que todo se explica por la corrupción latinoamericana es algo simplón y ridículo.
Si Estados Unidos quiere hablar seriamente de narcotráfico, debe empezar por asumir su demanda interna, sus ganancias financieras, su tráfico de armas, su política injerencista y su responsabilidad política. De lo contrario, seguirá usando el combate a las drogas no como solución, sino como coartada.
@marcialmanuel3
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