«Ubi non est pudor, non cura iuris, sanctitas, pietas, fides»: donde no hay vergüenza, no hay cuidado por el derecho, lo sagrado, la piedad ni la fe.
Esta sentencia de Séneca en su tragedia Tiestes resuena con una vigencia inquietante al observar el estado actual de nuestra Suprema Corte de Justicia.
El filósofo nos advertía desde el siglo I que el colapso de una comunidad no comienza con la caída de sus murallas, sino con la disolución del pudor en quienes detentan el poder.
Cuando el pudor —esa capacidad de sentir vergüenza ante la propia ineptitud o el abuso— desaparece, el andamiaje moral que sostiene al Derecho se desploma.
La impartición de justicia deja de ser un valor para convertirse en una formalidad vacía, y la fe en las instituciones se transmuta en un recuerdo nostálgico.
La historia de las instituciones es, en esencia, la historia de sus palabras.
Cuando el lenguaje se degrada y la precisión técnica cede ante el balbuceo de la improvisación, el Estado de Derecho no solo se debilita: comienza a disolverse en una bruma de arbitrariedad.
Observar hoy a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es asistir, entre la perplejidad y la melancolía, a la paulatina erosión de nuestra arquitectura republicana.
No nos enfrentamos a una contingencia administrativa, sino al colapso de una soberanía intelectual que debería funcionar como dique de contención ante la arbitrariedad.
Cuando la Corte abandona el rigor del análisis para abrazar la estridencia de la improvisación, el tribunal deja de ser el guardián de la supremacía constitucional para convertirse en un apéndice de las urgencias políticas, privando al Estado de Derecho de su última y más alta línea de defensa.
La toga, que tradicionalmente ha simbolizado el peso de la sabiduría y la continencia del juicio, parece haber perdido en el México de 2026 su capacidad de conferir autoridad moral.
Como bien señala Gustavo Zagrebelsky, la democracia constitucional no es solo el gobierno de la mayoría, sino un «derecho dúctil» que requiere intérpretes capaces de equilibrar valores en tensión mediante un rigor técnico innegociable.
Sin embargo, el Pleno actual parece haber olvidado esta lección, sustituyendo la profundidad del razonamiento jurídico por una improvisación alarmante.
El espectáculo que ofrece la Corte es la suma de episodios que trascienden el error humano para instalarse en la confusión conceptual.
¿Cómo olvidar la intervención de la ministra Loretta Ortiz Ahlf quien, al abordar el concepto de all inclusive, sugirió que este implicaba una prohibición de acceso a las playas para los mexicanos? Una afirmación que, al ignorar la naturaleza comercial del hospedaje y las garantías constitucionales de acceso público, resultó un despropósito jurídico.
De igual gravedad fue la actuación de la ministra María Estela Ríos González, quien intentó equiparar la relación laboral de las trabajadoras del hogar con una «relación familiar», contraviniendo la jurisprudencia de esta misma Corte que, desde 2018, había reconocido su naturaleza estrictamente laboral.
El deterioro alcanzó cotas de incertidumbre operativa con la ministra Lenia Batres, cuyas dificultades para mantener el hilo argumentativo en sesiones críticas culminaron en episodios como el del 25 de marzo de 2026: tras una aparente incomprensión del proyecto en discusión, terminó rectificando su voto bajo la tutela de la presidencia.
A esto se suma el episodio del 20 de abril de 2026, cuando la misma ministra Ríos González deslizó una visión excluyente sobre la filiación de personas nacidas mediante métodos in vitro; un comentario que, en un tribunal constitucional, erosiona la protección de los derechos fundamentales al ceder ante el prejuicio personal.
El argumento de la «curva de aprendizaje» es, en este contexto, una ofensa a la inteligencia del ciudadano. La Corte no es un anfiteatro donde el ensayo y el error definen la vida de las personas. La legitimidad de un ministro se gana con el razonamiento.
Cuando el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, debe —mediante certificaciones publicadas en el Diario Oficial— corregir el sentido de votaciones ya validadas, como ocurrió en la Acción de Inconstitucionalidad 49/2025, no está reparando un error administrativo; está firmando el acta de defunción de la certeza jurídica.
La reforma judicial de 2024 prometía una democratización que, lamentablemente, ha derivado en la institucionalización de la incompetencia.
La inminente transición hacia la presidencia de la ministra Lenia Batres en 2027 ha encendido las alarmas en el sector productivo y en los centros de pensamiento crítico.
Los mercados financieros, sensibles a la incertidumbre, han detectado la fragilidad de un tribunal que no garantiza la fidelidad entre su discurso público y su engrose escrito.
Si la cúpula judicial se convierte en un centro de ocurrencias, donde las sentencias se ajustan meses después de su firma para corregir el desorden del conteo, la certeza jurídica no será más que un espejismo.
Únete al canal de WHATSAPP DE EL INDEPENDIENTE, también a nuestro canal de TELEGRAM y recibe las noticias clave del día, análisis y últimas actualizaciones directamente en tu celular.
El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.
