Mientras en Estados Unidos empiezan a filtrarse versiones sobre investigaciones que alcanzarían al entorno político y familiar del senador Adán Augusto López Hernández —entre ellos su cuñado, el cónsul de México en Miami, Rutilio Escandón Cadenas—, por presuntos vínculos con La Barredora, en México la Fiscalía General de la República (FGR) guarda silencio sobre los avances de la investigación abierta contra esa organización criminal.
No se trata de dar por buenos los trascendidos periodísticos, pero cuando columnistas como Salvador García Soto y Ricardo Ravelo publican, con apenas dos días de diferencia, información que coincide en sus aspectos centrales, la autoridad encargada de investigar tiene la obligación de pronunciarse.
Las coincidencias son evidentes: ambos sostienen que autoridades estadounidenses investigan al exgobernador chiapaneco Escandón por sus presuntos nexos con el CJNG y con La Barredora; ubican en el mismo entorno al senador Adán Augusto López y colocan en el centro a Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco nombrado por el entonces gobernador y hoy senador.
Hay, sin embargo, un antecedente que impide cualquier intento de dar carpetazo. El 13 de noviembre de 2024, mes y medio después de asumir la gubernatura, Javier May Rodríguez afirmó públicamente que Hernán Bermúdez encabezaba La Barredora. Contra lo que dijo entonces Adán López, de que se trataba de “politiquería”, no fue un señalamiento de la oposición ni un invento de periodistas.
En un fuerte golpe a la propia 4T, el dedo en la llaga lo puso el propio mandatario de Tabasco, un militante del mismo partido que Adán Augusto, Hernán Bermúdez (aunque ya lo expulsaron) y la presidenta Claudia Sheinbaum. A partir de esa acusación oficial, el asunto dejó de ser exclusivamente local. La FGR asumió —o debió asumir— las investigaciones por la dimensión de la imputación y sus posibles implicaciones federales.
Por eso resulta aún más incomprensible que, más de un año y medio después, la Fiscalía a cargo de Ernestina Godoy no haya informado hasta dónde llegaron las indagatorias sobre la estructura criminal y las posibles redes de protección política que permitieron su operación.
Hernán Bermúdez fue detenido en Paraguay el 12 de septiembre de 2025 y, ya dentro del proceso en México, optó por reservarse su derecho a declarar. Está en su derecho. Pero esa garantía procesal no exime a la Fiscalía de integrar la investigación con los elementos de prueba a su alcance ni de informar los avances de un caso que rebasó hace tiempo las fronteras de Tabasco.
Además, La Barredora dejó de ser hace mucho el expediente de un pleito interno entre grupos morenistas. La fractura de esa cofradía criminal desató la espiral de violencia que convirtió a Tabasco en una de las entidades más golpeadas por ejecuciones, extorsiones, ataques a comercios, bloqueos y disputas entre grupos criminales.
Los tabasqueños tienen derecho a saber si las investigaciones federales encontraron únicamente responsabilidades penales entre los integrantes de La Barredora o si también existen indicios sobre quienes, desde el poder, pudieron protegerla o facilitar su crecimiento.
Si las versiones que salen de Washington carecen de sustento, la FGR tendría que demostrarlo con una investigación seria. Si contienen elementos ciertos, también tendría que informarlo. Lo peor es que el vacío siga llenándose con filtraciones, porque en juego no solo está el esclarecimiento del caso, sino la credibilidad de la propia Fiscalía.
El primer señalamiento público contra Hernán Bermúdez surgió del propio gobernador May Rodríguez. Después vino la atracción del caso por la FGR. Luego, la captura del exsecretario de Seguridad en Paraguay. Ahora aparecen versiones coincidentes sobre investigaciones en Estados Unidos. Lo único que sigue sin conocerse es la conclusión de la autoridad mexicana.
En añadidura, este reportero está en condiciones de informar que en el expediente de la FGR por el caso Bermúdez Requena hay señalamientos contra López Hernández y contra quien lo relevó en el Ejecutivo de Tabasco cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador lo nombró secretario de Gobernación.
Los testigos colaboradores de la FGR, Tomás “N” y Ulises “N” —según autoridades locales, altos mandos de la SSyPC y de La Barredora—, han declarado que tanto Adán López como su sucesor, Carlos Manuel Merino Campos, tenían conocimiento de la existencia de este mini cártel, que nació en la Secretaría de Seguridad tabasqueña al arranque de la administración de López Hernández.
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