Las recientes elecciones presidenciales en Perú y Colombia, definidas en segunda vuelta, han dejado una enseñanza clara para América Latina: el balotaje (como se le conoce a la segunda vuelta electoral), se ha convertido en el mecanismo más efectivo para frenar el avance del populismo cuando este no logra consolidar una mayoría absoluta. En ambos países, la «nueva izquierda latinoamericana» —cuyo modelo de gobernabilidad se basa en la polarización y el discurso confrontacional—, fue derrotada en el desenlace después de haber llegado con ventaja a la primera ronda.
En Colombia, el candidato de izquierda Iván Cepeda, heredero político del gobierno de Gustavo Petro, fue superado en el balotaje por el derechista Abelardo de la Espriella por un margen de menos de un punto porcentual. La segunda vuelta, instalada en el país desde 1994, arrojó el resultado más estrecho de su historia. En Perú, la izquierda también vio frustradas sus aspiraciones presidenciales en la ronda final, donde la candidata de derecha Keiko Fujimori se impuso por un estrecho margen. En ambos casos, la segunda vuelta funcionó como un mecanismo de corrección: lo que en primera ronda parecía un triunfo cantado para el oficialismo de izquierda se diluyó ante la ciudadanía que, al tener una segunda oportunidad para decidir, optó por el cambio.
El modelo virtuoso del balotaje —que en México ha sido propuesto en diversas ocasiones por figuras como Manlio Fabio Beltrones y Diego Fernández de Cevallos— permite que el electorado, después de conocer a los dos finalistas, tome una decisión más informada y ponderada. Como señalaron ambos políticos en 2017, la segunda vuelta no solo otorga mayor legitimidad al ganador, sino que obliga a construir gobiernos de coalición que superen la fractura partidista y eviten el autoritarismo.
México no cuenta con este mecanismo. El presidente de la República puede ser electo con apenas el 30 o 35 por ciento de los votos, sin necesidad de construir mayorías que representen verdaderamente la voluntad popular. Esta ausencia de balotaje ha favorecido al proyecto morenista, que ha capitalizado el voto fragmentado de la oposición para mantenerse en el poder.
El panorama hacia 2030 es complejo. Morena, bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum, ha mostrado signos claros de desgaste: su aprobación cayó del 80% en 2025 al 59% en 2026, mientras que la intención de voto por el partido pasó del 45% al 33% en el mismo periodo. Sin embargo, la oposición sigue fragmentada en al menos tres partidos —PAN, PRI y el emergente Somos México—, lo que facilita que Morena repita el esquema que le ha dado el triunfo en los últimos años: ganar con una mayoría relativa mientras sus adversarios se dividen el resto del electorado.
Dado que México no tiene segunda vuelta, la única alternativa para la oposición es construir una «primera vuelta virtual» antes de 2030. Es decir, los partidos que se oponen al proyecto morenista deben emprender negociaciones serias para conformar una gran alianza que les permita presentar una candidatura única o, al menos, un frente común que concentre el voto opositor.
Las elecciones de 2027 serán el termómetro clave. Servirán para medir la fuerza real de cada partido y sentar las bases de una posible coalición rumbo al 2030. Si la oposición no logra articularse, la polarización que comenzó con AMLO y continúa con Sheinbaum seguirá jugando a favor de Morena que se beneficia de la dispersión del voto en su contra.
Mientras tanto, Morena recurre al libreto clásico de la izquierda latinoamericana cuando enfrenta reveses: acusar fraude, denunciar injerencias externas y victimizarse. El caso más reciente y emblemático ocurrió en Coahuila, donde el PRI se adjudicó la totalidad de las 16 diputaciones locales en disputa el 7 de junio de 2026. Ante la debacle, la dirigencia nacional de Morena, encabezada por Ariadna Montiel, desempolvó el manual y denunció un supuesto “QRGate”.
Sin embargo, la contundencia de la derrota morenista —el PRI obtuvo 684 mil 515 votos, equivalentes al 55% de la votación— contrasta con la fragilidad de las pruebas presentadas. La autoridad electoral, al investigar, encontró apenas un código QR que apuntaba además a otro partido, desmontando la tesis de una operación sistemática.
Pero el daño a la credibilidad morenista no se limita a los episodios de denuncias sin sustento. La percepción ciudadana sobre sus vínculos con el crimen organizado ha crecido de manera alarmante. Según una encuesta levantada por la consultora LatinUS entre el 7 y el 12 de mayo de 2026, al preguntar si Morena está más o menos involucrado que los otros partidos con los grupos del crimen organizado, el 42% respondió que más. La encuesta refleja un deterioro profundo en la imagen del partido.
El partido que prometió ser “diferente” se ha convertido en una fotocopia amplificada de los vicios que criticaba. La ciudadanía ya no les cree: la repetición machacona de las mismas excusas —fraude, guerra sucia, ultraderecha fascista— choca de frente con dos realidades ineludibles: la caída en las urnas y los escándalos de opulencia y vínculos con el narco que salpican a sus principales figuras. El cinismo tiene un límite, y la sociedad mexicana ya lo ha alcanzado.
La derecha no está ganando terreno porque tenga un proyecto brillante o líderes carismáticos. Está ganando porque la izquierda, en su arrogancia y victimismo perpetuo, le ha regalado el campo de batalla en bandeja de plata. Cada vez que los líderes de Morena salen a hablar de «fraude» sin pruebas, confiesan su bancarrota ideológica. Ya no tienen un relato de futuro que ilusione; solo les queda el rencor del pasado y la soberbia del presente.
La oposición en México tiene dos opciones: seguir fragmentada y permitir que Morena repita el triunfo con una minoría, o aprender la lección de Perú y Colombia y construir, antes de 2030, una gran alianza que funcione como una primera vuelta virtual.
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