A las acusaciones de corrupción, abuso de poder y desvío de recursos públicos que enfrenta el gobernador de Movimiento Ciudadano (MC), Samuel García, ahora se suma el litigio que enfrenta el gobierno de Nuevo León por un crédito fiscal que le exige el Servicio de Administración Tributaria (SAT) desde 2022 por un monto de 6 mil 292 millones de pesos, correspondientes a retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Tan preocupado está el mandatario de derecha que él mismo acudió a la Secretaría de Hacienda para tratar de negociar dicho monto y lo mismo hizo con magistrados de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), en donde había consenso para inclinar la balanza de la justicia hacia el estado de Nuevo León, para que no pagara dicha deuda fiscal; sin embargo, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, declaró la semana pasada que es responsabilidad de ese Tribunal determinar lo que procede conforme a la Ley y al análisis acorde a la normatividad y no con base en el cabildeo del gobernador Samuel García.
Aclaró que “por supuesto que tienen derecho los gobiernos a ir a hablar con los magistrados para decir su opinión; eso es factible, es legal, no tiene ningún problema.
Cuando va a haber una resolución en la Corte, los ministros escuchan a las partes para poder tener mucha más información a la hora de que elaboren su dictamen, ya sea una sentencia o un voto. Entonces es factible recibir a las personas.
“El asunto es que esto no influya en su análisis de si es correcto o no la aplicación del impuesto que hizo el Servicio de Administración Tributaria.
Y esperemos que la resolución venga así, con base en la ley y con los suficientes argumentos para decir si el SAT está en lo correcto o no”.
Interesada porque los gobiernos estatales paguen los impuestos correspondientes, la primera mandataria pidió al Tribunal Federal de Justicia Administrativa que los magistrados se apeguen a la Ley y no a intereses particulares.
APLAZA TFJA DECISIÓN SOBRE NUEVO LEÓN
Este crédito fiscal que se analiza en el TFJA desde hace cuatro años (2022) y cuyo monto de 6 mil 292 millones de pesos corresponde al ejercicio fiscal de 2017, ya había sido aplazada su resolución en dos ocasiones, y apenas la semana el proyecto se discutió en ese órgano de justicia administrativa y no pasó, pues votaron 8 magistrados en contra de la nulidad lisa y llana y sólo 2 votaron a favor, por lo que el expediente fue devuelto al magistrado ponente Julián Alfonso Olivas Ugalde para que elabore otro proyecto donde se incluyan los agravios de fondo.
En la discusión del Tribunal, varios magistrados de Sala Superior apoyaban la propuesta de que se emitiera una nulidad para efectos; o sea, que la nulidad no fuera lisa y llana sino para efectos de que el SAT reciba otra vez el caso y se analicen otros elementos de fondo, aunque ello no significa necesariamente que el asunto se resolverá en favor de la Hacienda Pública.
En las negociaciones privadas de Samuel García con funcionarios gubernamentales, la Secretaría de Hacienda le propuso al mandatario de Nuevo León que hiciera un pago y después devolverían los recursos a la entidad vía un “Convenio de Colaboración”, pero el mandatario local rechazó la propuesta alegando escases de recursos.
Una alternativa para el SAT, dice un experto en la materia, podría ser presentar un memorándum de propuesta donde se ejecute una resolución para efectos de nulidad lisa y llana y se haga un alegato bien fundado y motivado, porque ante los argumentos que volverán a presentar las partes, se espera todavía un largo camino para la resolución del expediente 3247/24-06-04-4/533/25-PL-05-04.
RECURRE SLIM A PALACIO PARA QUEJARSE DEL COBRO DE IMPUESTOS
El magnate Carlos Slim ha vuelto a recurrir ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para quejarse del SAT por el cobro de impuestos en la adquisición de plataformas petroleras.
El principal accionista del Grupo Carso y Carso Oil & Gas adquirió un conjunto de plataformas que pertenecían a Grupo R, lo que generó un importante monto de impuestos que Slim se niega a cubrir porque dice que no se trata de equipos petroleros nuevos, sino plataformas viejas, usadas y en quiebra, mientras que los auditores del SAT alegan que se trata de un negocio rentable.
Antes de presentar su queja ante el TFJA, el hombre más rico de Latinoamérica visitó Palacio Nacional para informarle a la presidenta de la República su inconformidad, pues es conocido que la enorme fortuna que Slim a acumulado en las últimas cinco décadas tiene como base de negocios comprar empresas quebradas, invertir en ellas, actualizarlas y después volver a venderlas, por lo que su alegato es que no pueden cobrarle impuestos como si se tratara de plataformas nuevas.
Atenta, la presidenta Claudia Sheinbaum escuchó los argumentos del magnate y le dijo que presentara su queja en el Tribunal Administrativo y que sea éste el que determine quién tiene la razón.
La primera mandataria también consultó el caso con Antonio Martínez, director del SAT, quien sostuvo que Slim si debe esos impuestos y que los abogados defenderán el caso en tribunales.
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