Después de la victoria de la selección mexicana contra Corea del Sur, el Paseo de la Reforma quedó cubierto por cerca de 40 toneladas de residuos, producto de la euforia y la celebración ciudadana. Tras los festejos, más de 360 personas trabajadoras de limpia de la Secretaría de Obras y Servicios laboraron durante horas para devolver la zona a su estado habitual. La celebración duró más de 12 horas; limpiar sus consecuencias tomó casi el equivalente a ocho partidos de futbol.
En todo el mundo, la labor de limpieza se trata con una hipocresía que pocos trabajos padecen. La recolección de residuos no es una tarea meramente estética: permite que, día tras día, la ciudad funcione. Aun así, muchos gobiernos ignoran el valor de esta labor y de quienes la realizan. México no es la excepción.
Según la red Mujeres en Empleo Formal: Globalizando y Organizando (WIEGO, por sus siglas en inglés), en la Ciudad de México hay aproximadamente 10,000 “voluntarios” dentro del servicio público de limpia. Pero llamarles voluntarios no solo menosprecia su trabajo: también normaliza la falta de prestaciones, salario, seguridad social y reconocimiento laboral que, como trabajadores, tienen pleno derecho a recibir. Para ponerlo en perspectiva, se estima que 24,000 personas laboran en el servicio público de limpieza de la Ciudad de México, y 10,000 de ellas son consideradas “voluntarias”.
Tania Espinosa Sánchez, especialista en derechos humanos y laborales de personas trabajadoras en empleo informal, ha señalado que llamarles “voluntarios” permite negar la relación laboral, aunque, si estas personas no hicieran ese trabajo, el gobierno tendría que contratar a otras para cubrir rutas, barrer calles, empujar carritos y recibir basura de puerta en puerta. Por otro lado, El País documentó que algunas personas trabajadoras deben comprar o reponer con su propio dinero uniformes, herramientas, tambos, escobas o carritos, además de enfrentar cuotas, maltratos y agresiones durante su labor.
La injusticia no termina ahí. WIEGO también documenta que estas personas no solo limpian la ciudad: también sostienen parte de su recuperación material. Gracias a la pre-pepena, es decir, la recuperación de materiales reciclables antes de que terminen mezclados o enviados a disposición final, alrededor de 1,700 toneladas de materiales son recuperadas diariamente. La economía circular de la Ciudad no empieza en un discurso ni en una ley; empieza con las manos que limpian, separan, cargan, barren, recuperan y venden materiales, mientras el Estado les falla.
En 2023 se expidió la Ley de Economía Circular de la Ciudad de México, creada con el objetivo de definir principios de política pública e instrumentos para aplicar la economía circular en la capital. Dentro de la ley se tratan temas de desarrollo regenerativo, restaurativo, cultural, inclusivo, sustentable y comunitario. Por otro lado, la SEDEMA cuenta con el Programa de Economía Circular de la Ciudad de México 2024-2030, que busca transitar hacia ese mismo modelo.
Como podemos ver, no es verdad que el gobierno no haya hecho nada en estos temas. El problema es la distancia entre lo que el gobierno dice y las manos que limpian.
El gobierno de Clara Brugada reconoce que la infraestructura pública recibe 8,500 toneladas de basura diariamente. Por ello, presentó la estrategia “Ciudad Circular, Basura Cero para Transformar la Capital”, con la finalidad de transformar el 50% de los residuos sólidos que se reciben. En el mensaje oficial, Brugada reconoció que el servicio depende del personal de limpieza, pero eso todavía no se refleja en los beneficios que se les brindan.
Sin reconocimiento laboral, la economía circular descansa sobre trabajo precario. Para que el gobierno pueda cumplir con los objetivos que se plantea, tiene que comenzar con la gente que hace el trabajo: con quienes mantienen nuestras calles limpias, con quienes permiten que sigamos con nuestras vidas en una ciudad limpia y sana. Para ello se debe empezar reconociendo a las personas trabajadoras, no solo simbólicamente, sino con sueldos, pensiones, seguridad social y cualquier otra prestación que merecen por la labor que realizan.
De la misma forma, el gobierno debe llevar a cabo un censo real para saber cuántas personas trabajan activamente en este sector, otorgar uniformes, herramientas y todo lo necesario para que puedan trabajar de forma digna y segura, garantizar una separación real de residuos para reducir la pérdida de materiales aprovechables y revisar el presupuesto para asegurar que sea suficiente para la infraestructura, la operación y los derechos laborales de quienes sostienen el sistema.
El trabajo no remunerado no es voluntariado cuando sostiene un servicio público: es abuso, es explotación y es una deuda que la Ciudad de México no puede seguir barriendo debajo de la alfombra.
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