Es claro que el actual régimen ha basado su estructura de apoyo político en la narrativa de la búsqueda del bienestar social, tratando de convencer al imaginario colectivo de que “primero los pobres” y de que “el pueblo” se refiere prácticamente solo a ciertos sectores de la población, quienes están en condición vulnerable y de menores ingresos, de los cuales un buen porcentaje recibe recursos económicos por la vía de los programas sociales, denominados por el gobierno como “programas del bienestar”.
Sin embargo, el concepto de bienestar que han implementado desde el gobierno anterior, y que ha continuado en el actual, es muy limitado. Aun cuando a la dependencia encargada de implementar la política social se le denominó “Secretaría del Bienestar”, tratando de mostrar la importancia que le otorgan al término, es evidente que éste no se aplica como un concepto amplio, que derive en la búsqueda de un impacto relevante, sostenible y medible en el nivel de vida de la población. Mucho menos se han atrevido a evaluar el impacto de estos programas en el “bienestar”.
La política social del régimen se ha basado en la entrega directa de recursos monetarios a ciertos sectores de la población, sin mayor requisito o condicionamiento que el de pertenecer al grupo social, supuestamente vulnerable, al que se dirige cada programa social. Regalar dinero, pues, para aumentar el consumo de quien lo recibe, sin que ello se dirija al logro de algún objetivo concreto, con una justificación virtualmente ideológica basada en lo que, desde el gobierno y su partido, han llamado “Humanismo”.
Por otro lado, se han hecho a un lado evaluaciones técnicas e independientes y se eliminó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, por lo que no es posible contar con los elementos necesarios y suficientes para determinar el efecto real de la aplicación de estos recursos en el bienestar de la población, ni mucho menos qué tan socialmente rentables éstos resultan.
Lo cierto es que la implementación de estos programas, de los cuales la mayoría de las familias mexicanas recibe algún tipo de recurso, ha resultado electoralmente muy rentable al partido en el gobierno, cuya recientemente nombrada nueva dirigente nacional, ante la ineficacia y los deslices de la anterior, fue ni más ni menos que quien era la Secretaria del Bienestar de la mitad del gobierno anterior y el inicio del actual.
Es decir, quien encabezó la dependencia federal que operó los programas sociales y dirigió la distribución de billones de pesos de recursos públicos entre diversos sectores de la población a nivel nacional durante varios años, es ahora la lideresa del partido MORENA, rumbo a los ya próximos procesos electorales a nivel federal y local. Una clara señal, por si quedaba alguna duda, de que el objetivo de la política social del régimen, es fundamentalmente electoral.
Por otro lado, con la implementación de esta política clientelar, se han distraído recursos públicos, cada vez más escasos respecto a lo necesario, que podrían haberse destinado a mejorar notablemente los sistemas de salud y educación pública, los cuales, por el contrario, se han deteriorado notablemente, así como para invertir en infraestructura hidráulica, carretera y energética, fundamentales para atraer la inversión privada y el empleo digno, o para asegurar un Estado de Derecho efectivo y eficaz y un combate frontal al crimen organizado.
Y es que el bienestar no necesariamente implica solo el contar con un poco más de recursos monetarios para consumir más. Incluso, podría darse el caso de que el gasto de esos recursos se realice en productos y servicios que pudieran afectar negativamente el bienestar de las personas que los reciben.
Por ejemplo, si el dinero que reciben adultos mayores se dirige a la compra de bebidas alcohólicas o tabaco, en lugar de a medicinas o alimentos, o si los recursos que reciben estudiantes se utilizan en comida chatarra, bebidas endulzadas, alcohol o incluso en el consumo de drogas.
Según diversas instituciones internacionales, el bienestar integral debe incluir al menos el acceso a una educación adecuada, que promueva el desarrollo personal y profesional; a servicios médicos apropiados y medicamentos suficientes que aseguren una población saludable, a entornos libres de violencia o delincuencia; a un hogar digno, con agua potable y energía eléctrica; a opciones laborales justas, con cuyos ingresos sea posible satisfacer los requerimientos económicos de las familias; y a un medio ambiente limpio, entre otros elementos. Es claro que la gran mayoría de la población no cuenta con ello.
Las deficiencias en los servicios de salud y de educación públicas han sido constantemente localizadas y denunciadas, con datos precisos. Es evidente el ambiente de miedo y angustia de la población en diversas regiones del País por las amenazas y actos violentos del crimen organizado en colusión con los gobiernos, que no dejan a las familias mexicanas sentirse tranquilas y en paz.
La falta de vivienda digna y servicios básicos es reconocida hasta por el propio gobierno, que no ha logrado establecer una política pública eficaz tampoco en ese sentido. Y la destrucción del medio ambiente no solo no se combate desde el gobierno, sino que se promueve, como hemos visto con la construcción del Tren Maya, entre otras obras públicas.
Veamos a detalle el caso del ámbito laboral. Según la narrativa gubernamental, somos de los países con un menor desempleo a nivel mundial y los salarios van en aumento. La medición oficial de los niveles de empleo la realiza el INEGI, con base en su Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, con la cual se determina la tasa de desocupación y el de la población ocupada, y para considerar que alguien tiene empleo, o se encuentra ocupado, basta con que afirme en la encuesta que trabajó una hora o más en la semana que se realizó la encuesta, haya recibido o no un salario.
Con base en esa definición, que muchos consideran vaga, proco precisa y que no refleja adecuadamente la condición real del mercado laboral, y mucho menos el número de personas que cuenta con un empleo digno, es que se establece el nivel de desempleo que hay en el País.
Según esa encuesta, en mayo el desempleo, con base en la tasa de desocupación, fue de 2.8%, la cual aumentó desde el 2.5% del mes anterior. Esto deriva en que hubo un aumento de unas 200 mil personas que quedaron sin empleo.
La ENOE indica también otras variables del mercado laboral, como el nivel de empleos en el ámbito informal, la subocupación, las condiciones críticas de ocupación, entre otros aspectos, los cuales, cuando se toman en cuenta de una manera integral, otorgan una mayor precisión sobre cómo se encuentra el empleo a nivel nacional.
Las personas ocupadas el ámbito laboral informal fueron más de 33 millones y medio de personas, es decir, el 55.2% del total de la población con empleo, esto es, más de la mitad de los trabajadores que laboran en condiciones informales y que no cuentan con condiciones dignas en materia de prestaciones y derechos laborales, entre los cuales, seguramente, estarán el acceso al salario mínimo, a servicios de salud, pensiones y seguros.
Hay otro sector relevante que se clasifican en lo que se denomina la tasa de condiciones críticas de ocupación, y que son casi el 39% del total. Este es un indicador de condiciones inadecuadas de empleo desde el punto de vista del tiempo de trabajo, los ingresos o una combinación insatisfactoria de ambos. Según el INEGI, hay también 5 millones 201 mil personas que necesitan empleo, pero no lo buscan, porque piensan que no lo van a encontrar. Se les denomina como desalentados.
Un bienestar que no es completo e integral, con políticas públicas sin objetivos claros, que no se miden, cuyo impacto no se evalúa, es, si acaso, un bienestar pirata. Y si a esto le agregamos que buena parte de la narrativa gubernamental se basa tanto en los programas sociales como el supuesto bajo nivel de desempleo, cuya razón fundamental es la economía informal, conocida en muchos casos por el contrabando y el comercio de copias ilegales de diversos productos, ligados al concepto de piratería, no hay duda del carácter pirata del bienestar que el régimen actual promueve.
No es correcto que se mienta al pueblo para buscar su apoyo electoral de mientras se culpa de los males, las insuficiencias y los errores a los opositores y adversarios. Con ello se evade construir con precisión un diagnóstico adecuado, y por tanto, se imposibilita el diseño y la implementación de las políticas públicas necesarias para resolver los grandes problemas y desafíos que la Nación enfrenta.
Buscar el bienestar completo e integral de la población mexicana implica resolver la situación laboral del País y fomentar el crecimiento de la inversión privada, asegurar un sólido y eficaz Estado de Derecho, un aumento de la inversión pública en infraestructura, un cambio de fondo en los modelos de educación y salud públicas y el combate frontal al crimen y a la corrupción. Se necesita, pues, cambiar el rumbo. Es lo justo.
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