Estados Unidos, la seguridad y algunos políticos mexicanos siguen siendo una combinación que provoca dolores de cabeza a la presidenta Claudia Sheinbaum. Es un asunto que, desde distintas vertientes, sigue generando presión política sobre la mandataria.
Pero el último capítulo, que involucra a la gobernadora de Baja California, parece poner sobre la mesa ya no solamente asuntos legales o jurídicos, sino un posible debate, una disyuntiva de carácter estrictamente moral.
Como ya es del conocimiento popular, esta semana el periodista Héctor de Mauleón dio a conocer un audio donde Marina del Pilar negocia presuntamente con agencias estadounidenses, el FBI incluido, sobre su visa cancelada, así como alguna posible extradición en su contra. Nótese que el “presuntamente” no lo usamos directamente para referirnos a la gobernadora, pues ella misma, en las últimas horas, habría confirmado la autenticidad de dichos audios. No hay certeza de sus interlocutores, pero de ella, ninguna duda.
El asunto se puede seguir ciñendo a la ruta judicial, pues en la llamada la gobernadora habla sobre entregar información de temas tratados en las mesas de seguridad de aquella entidad. Y muchos han asegurado que esto podría implicar la comisión de un delito.
Sin embargo, tanto la presidenta Sheinbaum como el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, han asegurado que en la llamada no queda de manifiesto delito alguno que perseguir. Y pueden tener razón. Estrictamente hablando, compartir información con una autoridad extranjera no necesariamente sería ilegal. Incluso, a pesar de que en esta situación lo que claramente se buscaba era un beneficio personal, todavía se podría esgrimir el argumento de “compartir” como una forma de “colaborar”, de “trabajar ambas naciones en beneficio de la sociedad bajacaliforniana”.
El problema es que, al final del día, sí existe una figura penal con la que algunos han pretendido encuadrar lo ocurrido. Y hay que decirlo como es: se trata de una figura absolutamente jurídica, pero con una enorme carga histórica, política y moral. Estamos hablando del delito de “traición a la patria”, tipificado en los artículos 123 al 126 del Código Penal Federal.
Y entonces, el asunto termina mezclado en una suerte de legalidad con moralidad.
Cuando semanas atrás se acusó a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, de haber colaborado con agencias extranjeras en operativos implementados en territorio mexicano, se le trató de endilgar precisamente este delito, el de traición a la patria.
Y aunque los mencionados artículos marcan cosas muy claras, a su vez, manejan preceptos sumamente intangibles y difíciles de cuantificar. Si yo tomo algo sin conocimiento de su dueño, sin debate, es un robo. Si agredo físicamente a una persona, otro delito muy claro. ¿Pero cómo entender exactamente qué es la “patria”? ¿Qué línea divide la “colaboración” con otro país de la “traición” contra nuestra nación en un mismo hecho?
El caso de Campos fue muy ilustrativo respecto de esta ambigüedad. La ley es clara en cuanto a que no se deben realizar acciones con gobiernos extranjeros que tengan como fin “someter” a la nación mexicana, “perjudicar” a México o “atentar” contra su “soberanía” o “libertad”.
En estricto apego a lo legal, acusar a Maru Campos de traición a la patria parecía difícil de sostener. Pero en todo caso, lo mismo ocurre ahora con Marina del Pilar. Es claro que sus intenciones no parecen ser las de provocar una “invasión” de un gobierno extranjero a nuestro territorio. Tampoco minar la libertad de los mexicanos. Mucho menos socavar la soberanía nacional. La bajacaliforniana parece tener un fin muy claro: salvarse a sí misma, sin mayor intención, sin mayores pretensiones.
Lo cierto es que, con la información pública disponible, en ninguno de los dos casos parece configurarse con claridad el delito de “traición a la patria”. Eso no permite concluir, sin embargo, que cualquier otra posible responsabilidad legal esté descartada. Y, aun si no existiera delito alguno, el asunto entra totalmente en el terreno de lo moral. ¿Cómo puede una gobernadora en funciones, que conoce información sensible en materia de seguridad local, mostrarse dispuesta a compartirla con representantes de un gobierno extranjero a cambio de recuperar su visa o salvaguardar su libertad?
Y aquí ni siquiera se va a juzgar el hecho. Es incluso la intención. Esto lo digo porque, en las últimas horas, la gobernadora habría dicho que cayó “en una trampa” donde le hicieron creer que dialogaría con autoridades estadounidenses que le podrían ayudar en su asunto personal. Es decir, cabe la posibilidad de que esta “transferencia” de información o “colaboración” con un gobierno extranjero, en realidad, jamás haya ocurrido. Pero que la mandataria reconozca que la grabación es real, y que ella, en su momento tenía toda la creencia de estar hablando con autoridades extranjeras con quienes se mostró dispuesta a compartir información de mesas de seguridad privadas, probablemente no sea ilegal, pero, a todas luces, es inmoral.
Entendiendo que el asunto ya está totalmente en el terreno de la “ética” y la “moral”, Ricardo Monreal aseguró que la aceptación de Marina del Pilar como partícipe en las grabaciones, marcaba un “gesto honorable”. Pero inevitablemente esto nos lleva a una pregunta: ¿un “gesto honorable” puede eliminar un “hecho no honorable” anterior? Porque sin duda la gobernadora hace bien en reconocer su participación en dichas conversaciones, pero ¿realmente este reconocimiento borra la posible gravedad de lo dicho en esas mismas conversaciones?
El oficialismo parece tener muy claro todo lo anterior que hemos dicho en estas líneas. Entendiendo que el asunto es moral y no legal, la narrativa gubernamental será empujada hacia este último camino. Mientras logren meter la conversación en el terreno de las normas y las leyes, la gobernadora y la 4T en general lograrán salir bien librados.
El riesgo, y sin duda una gran posibilidad, es que no tengan éxito en esto. Que la opinión pública, como muy posiblemente ocurra, se quede en el terreno moral, cuestionando cómo es posible que una funcionaria pública que ofreció información oficial y gubernamental a cambio de beneficios personales no tenga mayores consecuencias, ya no digamos legales, pero por lo menos políticas.
Y no es Marina del Pilar. Tampoco Maru Campos. Ni siquiera es solamente la 4T. Mucho menos la oposición. Es toda una clase política que, como parte de la cultura mexicana y de la idiosincrasia nacional, está preocupada únicamente por salir bien librada de los asuntos legales y judiciales. Todo se ciñe a librar órdenes de aprehensión, evitar procesos, conseguir sentencias favorables u obtener el visto bueno de la autoridad para participar en una elección. Y nada más. Como si la única frontera ética del poder consistiera en no terminar ante un juez. Como si conservar una visa, un cargo o hasta la libertad bastara para conservar también la legitimidad.
Nos vemos la próxima semana. Tenemos una cita con el poder.
Agendado.
*@betoblizzard.
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