Antes de sucumbir a las teorías de la conspiración, las vendettas políticas o las justificaciones apresuradas, conviene partir de un principio elemental: los hechos verificables.
En una democracia, la especulación jamás debe sustituir a la evidencia, pero tampoco puede utilizarse la ausencia de una investigación exhaustiva como pretexto para cerrar un caso que plantea interrogantes relevantes para la seguridad nacional.
El problema de los audios atribuidos a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, trasciende la disputa partidista.
Lo verdaderamente importante es determinar qué ocurrió, quién grabó esas conversaciones, con qué propósito y cuáles son sus implicaciones institucionales.
Los hechos conocidos son relativamente sencillos.
El periodista Héctor de Mauleón difundió una primera grabación en la que presuntamente se escucha a la gobernadora conversar con supuestos representantes estadounidenses respecto de su situación migratoria y de investigaciones abiertas en su contra.
La mandataria reconoció que la voz que aparece en la grabación corresponde a ella, aunque negó haber participado en la reunión descrita en el audio.
Apareció un segundo audio, también difundido por el mismo periodista.
La calidad técnica de la grabación es considerablemente inferior, pero su contenido resulta más delicado.
En la conversación se escucha a la gobernadora ofrecer información relacionada con las mesas de seguridad a cambio de que las autoridades estadounidenses desistieran de investigaciones y regularizaran su situación migratoria.
Nuevamente Marina del Pilar reconoció que era su voz, pero aseguró que jamás entregó información, que desconocía si realmente hablaba con gente del FBI y que toda comunicación ocurrió dentro del marco habitual de colaboración entre un estado fronterizo y autoridades estadounidenses.
La respuesta del Gobierno federal fue inmediata.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó durante la conferencia presidencial que el contenido conocido hasta ese momento no constituía delito.
Añadió que en las mesas de seguridad no se comparte información clasificada o especialmente sensible.
Posteriormente, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que la gobernadora ya había explicado el caso y marcó distancia respecto de otros expedientes relacionados con gobernadores investigados por autoridades estadounidenses.
Hasta aquí llegan los hechos.
Todo lo demás pertenece al terreno de las preguntas.
Y precisamente son esas preguntas las que hacen indispensable analizar el caso desde la perspectiva de la seguridad nacional.
Porque cuando una gobernadora admite la autenticidad de su voz en conversaciones con supuestos agentes extranjeros, aunque niegue cualquier conducta indebida, el problema ya no es exclusivamente jurídico.
Es un asunto relacionado con la vulnerabilidad del Estado mexicano.
La primera pregunta: ¿quién grabó a Marina del Pilar? A estas alturas cuesta trabajo creer que la gobernadora ignore cuándo fue grabada o quién pudo haber tenido acceso a esas conversaciones.
Si reconoce que la voz es suya, también debería estar en condiciones de reconstruir el contexto de las llamadas, identificar los interlocutores, establecer fechas y explicar con precisión el objetivo de cada conversación.
La transparencia, lejos de debilitarla, contribuiría a disipar dudas.
Si realmente desconoce quién la grabó y sostuvo conversaciones de esa naturaleza sin verificar la identidad de quienes estaban al otro lado del teléfono, estaríamos frente a un preocupante episodio de torpeza.
La primera hipótesis sobre el origen de las grabaciones apunta hacia los propios interlocutores.
Es perfectamente posible que quienes conversaban con la gobernadora registraran las llamadas como mecanismo de presión, negociación o eventual protección jurídica.
Si efectivamente se tratara de enlaces o intermediarios relacionados con agencias estadounidenses, esa posibilidad no resulta descabellada.
Existe además una variante particularmente delicada.
Si la gobernadora realmente se encontraba bajo investigación por autoridades estadounidenses, tampoco puede descartarse técnicamente que alguna intervención legal de comunicaciones, autorizada conforme a la legislación de ese país, hubiera permitido obtener esos registros.
La baja calidad del audio no confirma ni descarta esa posibilidad.
La segunda hipótesis conduce inevitablemente al espionaje político.
México conoce demasiado bien la historia de programas como Pegasus y otros sistemas de intervención de comunicaciones utilizados durante distintos gobiernos.
Si algún adversario político obtuvo ilegalmente estas conversaciones mediante mecanismos de espionaje, estaríamos frente a un problema de dimensiones igualmente graves.
La tercera hipótesis quizá sea la más inquietante: que la filtración proviniera del círculo cercano de la propia gobernadora.
La historia política mexicana está llena de operadores, colaboradores, asesores y funcionarios que terminan convirtiéndose en fuentes privilegiadas de información para grupos rivales.
Si alguien de su entorno decidió grabarla para posteriormente vender o filtrar ese material, el problema trasciende la deslealtad personal.
Revelaría una profunda fractura interna en el aparato político y de seguridad que rodea al gobierno de Baja California.
En este contexto debe reconocerse el papel del periodista.
Como cualquier profesional del periodismo, tiene no sólo el derecho sino la obligación de proteger sus fuentes.
La discusión no debe centrarse en exigirle revelar quién le entregó los audios
Queda pendiente otra interrogante: ¿existen más grabaciones? La experiencia política mexicana demuestra que cuando aparece una primera filtración rara vez se trata del único material.
Por ello sería deseable que fuera la propia mandataria quien transparentara la totalidad de sus contactos con representantes o supuestos representantes estadounidenses relacionados con este asunto.
Adelantarse a nuevas revelaciones constituye, muchas veces, la mejor estrategia para evitar interpretaciones posteriores.
Las declaraciones de Omar García Harfuch también merecen una reflexión.
El secretario prácticamente descartó cualquier responsabilidad derivada de las conversaciones conocidas.
Esa valoración jurídica puede ser correcta bajo los elementos disponibles.
Sin embargo, una cosa es afirmar que no existe delito acreditado y otra muy distinta concluir que el caso carece completamente de relevancia para la seguridad nacional.
Hubo otra afirmación del secretario que resulta preocupante.
Señaló que en las mesas de seguridad únicamente se intercambian generalidades, estadísticas y comentarios generales, descartando la existencia de información sensible.
Si ello fuera cierto, surgiría una pregunta incómoda: entonces, ¿para qué existen esas reuniones? La razón de ser de un gabinete de seguridad consiste precisamente en compartir inteligencia, coordinar operativos, analizar amenazas, construir estrategias conjuntas y generar decisiones oportunas.
Esperaríamos que las mesas de seguridad funcionen como auténticos espacios de coordinación interinstitucional donde confluyan la inteligencia civil, militar, policial y ministerial; donde se compartan diagnósticos sobre organizaciones criminales; donde se definan prioridades operativas y se construyan respuestas integrales frente a amenazas complejas.
Más allá del destino político de Marina del Pilar, este episodio deja una enseñanza más amplia.
En el siglo XXI, la principal fortaleza de un Estado no reside únicamente en sus fuerzas armadas o en sus corporaciones policiales.
También depende de la capacidad de proteger las comunicaciones de sus autoridades, garantizar protocolos rigurosos para el contacto con gobiernos extranjeros y evitar que información sensible pueda convertirse en instrumento de presión política.
La inteligencia contemporánea opera precisamente sobre esas zonas grises donde convergen tecnología, información y poder.
Por ello, la discusión no debería agotarse en determinar si la gobernadora incurrió o no en alguna conducta ilegal.
La verdadera pregunta consiste en establecer qué tan vulnerables son hoy las instituciones mexicanas frente a operaciones de espionaje, filtración, manipulación informativa y presión internacional. Porque si una gobernadora puede sostener conversaciones cuya autenticidad reconoce y cuyo origen desconoce, el problema ya no pertenece únicamente a Baja California.
Se convierte en un asunto que interpela directamente la capacidad del Estado mexicano para proteger a sus propias instituciones.
La seguridad nacional exige serenidad, transparencia y profesionalismo.
No puede construirse sobre silencios, minimizaciones o explicaciones incompletas.
Mientras permanezcan sin respuesta preguntas tan elementales como quién grabó, quién filtró, con qué propósito y si existen más conversaciones, el caso seguirá abierto en la opinión pública.
Y quizá esa sea la principal lección de esta historia: en materia de seguridad nacional, las dudas no resueltas suelen convertirse, tarde o temprano, en riesgos para la confianza ciudadana y para la fortaleza de las instituciones democráticas.
Eso pienso yo, usted qué opina.
La política es de bronce.
*@onelortiz
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