Me encontré por casualidad a la ex esposa de Eruviel Ávila Villegas en una fiesta de cumpleaños. Esto sucedió luego de que María Irene Dipp Walther hiciera una denuncia pública contra el diputado federal del Partido Verde por presunta violencia psicológica y amenazas. La amiga que tenemos en común María Irene y yo había echado la casa por la ventana con buena música —y buena convocatoria—, por lo que resultaba imposible hacerle las preguntas que todo México quería saber. Además, no era el momento. Ni ella pidió una entrevista periodística conmigo ni yo la solicité.
Pero no me quedé con las ganas del chismecito necesario “¿Qué onda con María Irene? ¿Por qué se retractó” —le pregunté a otra amiga en común que, por suerte, es parte de Mi CISEN (Comadres que Investigan Sobre la Élite Nacional). “Ni nosotras lo entendemos”, me dijo mi fuente. “Nadie sabe las razones para ocasionar el incendio y tampoco las razones para querer apagarlo”, explicó mi informanta a quien apenas logré escuchar por el alto volumen de la música.
¿Miedo? ¿Amenazas legales? ¿Arreglo económico? o ¿Eruviel sigue siendo un intocable? Eso sólo lo sabremos con el tiempo pero, sin duda, para las redes sociales María Irene Dipp pasó de ser víctima a ser culpable por “no llegar hasta las últimas consecuencias”. El video que subió después de la denuncia diciendo que Ávila Villegas era un «papá amoroso», y en el que informaba que resolverían sus asuntos familiares en la esfera privada por el bienestar de sus hijos, le restó toda fuerza a la primera flecha envenenada que lanzó.
Tres meses después otro escándalo se ha sumado a aquel escándalo. Esta semana todo el país comprobó que el poder también golpea y deja moretones. Y es que el ex director de Petróleos Méxicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, fue capturado por la Fiscalía de la Ciudad de México luego de que se difundiera un indignante video donde se le observa agrediendo físicamente a su esposa, María Felicia Jiménez, quien interpuso una denuncia en su contra por violencia familiar.
La escena de horror se expandió por todo lo ancho y largo de las redes sociales, de los medios de comunicación y de la opinión pública. Hasta la presidenta de México Claudia Sheinbaum se pronunció al respecto reprobando el hecho. El asunto que sólo parecía un tema doméstico nos recordó que los monstruos y violentadores también visten de traje, corbata y ocupan puestos clave en la administración pública del Segundo Piso de la Cuarta Transformación.
Después vino el capítulo que tantas veces hemos visto en nuestro país, el “MaríaIrenazo”, dirían algunos: la esposa presentó un escrito de perdón. Y, aunque se siguieron de oficio los delitos por los que se señalaba a Rodríguez Padilla y fue recluido, salió de prisión —donde estuvo sólo siete horas— para enfrentar su proceso en libertad. De inmediato, las redes sociales hicieron lo que mejor saben hacer: juzgar a la víctima antes que al sistema.
Desde mi opinión no podemos juzgar a la ligera el complejo laberinto psicológico y el terror de una mujer coaccionada que llegó a denunciar amenazas de ser expulsada del país y de perder a su hijo. Lo que resulta intolerable, imperdonable y grotesco es la claudicación del sistema de justicia mexicano a favor de los intocables. ¿Cómo es posible que en un país que se desangra diariamente con cifras alarmantes de feminicidios y violencia de género, el Estado le permita a un agresor violento caminar libre gracias a la figura jurídica del perdón en delitos que deberían perseguirse de oficio hasta sus últimas consecuencias?
La justicia no debería ser un asunto de negociación conyugal, sino un deber inalienable del Estado para garantizar la seguridad colectiva. Al aceptar este «borrón y cuenta nueva», nuestras instituciones se vuelven cómplices del agresor y envían un mensaje devastador a millones de mexicanas: si tu esposo tiene el suficiente poder y dinero, es un intocable y, por lo tanto, la ley se doblará ante él.
Victor Rodríguez y Eruviel Ávila no son expedientes iguales ni procesos comparables. ¿Pero qué sí tienen en común? El manto protector del poder y un sistema judicial que funciona como una sastrería fina: hecha a la medida de los hombres influyentes. En ambos casos, el terror de las esposas fue utilizado primero como un grito de auxilio desesperado y, posteriormente, neutralizado por la maquinaria del pacto político que impera en México. Ya se sabe la máxima: “si yo caigo, caen todos”.
En México los escándalos tienen fecha de caducidad. La memoria pública, también. La diferencia entre un ciudadano de a pie y un personaje poderoso no siempre está en la inocencia o la culpabilidad. Muchas veces está en el tamaño del equipo jurídico, en la cantidad de amigos influyentes y en el número de llamadas que pueden hacerse para cobrar los favores necesarios. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que el ex director de Pemex aplicó alguno de estos ases bajo la manga para recuperar su libertad.
Para ir cerrando les diré que la violencia contra las mujeres no tiene militancia. No distingue entre Morena, PRI, PAN o Movimiento Ciudadano. Los golpes no preguntan por ideología. Lamentablemente los casos de agresión machista por parte de los políticos hacia las mujeres de su familia ya dan para todo un libro en el que de manera indignante quedará de manifiesto que, a pesar del escándalo mediático y de la ley, existe y resiste el club de los intocables.
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