Dos años después de la captura de Ismael El Mayo Zambada, el gobierno mexicano sigue librando una batalla que cada día resulta más costosa. No se trata ya de esclarecer cómo ocurrió la operación que terminó con el histórico líder del Cártel de Sinaloa, sino de defender políticamente a personajes de Morena que han sido señalados por la justicia de Estados Unidos.
La captura de El Mayo, ejecutada mediante el engaño de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, detonó una cadena de consecuencias. Una de ellas fue la guerra interna entre las facciones del Cártel de Sinaloa que ha dejado cientos de muertos, una economía regional prácticamente paralizada y una población atrapada por el miedo.
Las investigaciones de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York escalaron hasta involucrar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a varios funcionarios de su administración, al grado de solicitar su detención con fines de extradición. A partir de ese momento, el conflicto dejó de ser un asunto exclusivamente criminal para convertirse en un problema diplomático de primer orden.
La exhibición del avión utilizado para trasladar a El Mayo, en el Museo War Eagles Air Museum, en Nuevo México, volvió a encender la polémica. Para el gobierno de Claudia Sheinbaum, esa decisión constituye prácticamente una admisión de que el FBI conocía y respaldó la operación realizada por Joaquín Guzmán López. De ahí la insistencia en denunciar una presunta violación a la soberanía nacional.
Sin embargo, el reclamo mexicano ha encontrado un muro de indiferencia en EU. Donald Trump simplemente ha ignorado las protestas de la presidenta Sheinbaum, como antes desestimó la carta enviada por Andrés Manuel López Obrador donde pedía que regresara el Trump que gobernó EU en su primer periodo como presidente. En la práctica, el gobierno norteamericano ha dejado claro que su prioridad es el combate al crimen organizado, no responder a las inconformidades de México.
En ese contexto, las declaraciones del exembajador Ken Salazar realizadas recientemente en una entrevista, donde aseguró que el gobierno de Joe Biden no participó en la captura y que ni el avión ni el piloto pertenecían a las autoridades estadounidenses, pierden veracidad ante los hechos ya conocidos públicamente.
La credibilidad del exembajador ya estaba seriamente erosionada desde que su cercanía con López Obrador provocó críticas incluso dentro de Estados Unidos, donde más de uno lo veía como un colaborador del gobierno mexicano antes que como un representante de los intereses de su país.
Paradójicamente, la presidenta ha aprovechado otras declaraciones de Ken Salazar, como aquellas en las que afirmó no conocer vínculos entre Rocha Moya y el crimen organizado o cuando expresó su respeto por López Obrador, para fortalecer el discurso de la Cuarta Transformación. Pero resulta difícil sostener una estrategia internacional sobre los dichos de un diplomático cuya influencia política en Washington es prácticamente nula y cuyo próximo libro parece despertar más indiferencia que expectativa.
El verdadero problema no radica en discutir si hubo o no una violación a la soberanía mexicana. El problema es que el gobierno ha convertido esa bandera en un escudo para defender a militantes y funcionarios de Morena que enfrentan señalamientos muy serios. Varios de ellos ya se han acercado a las autoridades estadounidenses para negociar, lo que demuestra que en política las lealtades rara vez son eternas.
Y para muestra están las recientes filtraciones de los audios atribuidos a la gobernadora Marina del Pilar Ávila, donde se confirma que los pactos políticos pueden romperse de un momento a otro y que quienes hoy parecen intocables mañana pueden convertirse en una carga para su propio movimiento. Así ha ocurrido una y otra vez en la política mexicana.
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