En la anterior entrega para El Independiente, planteé la importancia del Estado Nacional Popular (ENP) como vía para consolidar soberanía y justicia social frente al agotamiento neoliberal. Este modelo coloca el bienestar de las clases históricamente excluidas como eje de la legitimidad pública y de la rectoría del desarrollo.
Redistribución de la riqueza, identidad, voluntad colectiva y rectoría estatal son presupuestos de este modelo, asociado históricamente con el llamado Milagro Mexicano (1940-1970), etapa de estabilidad industrial y crecimiento económico.
En la multipolaridad actual, el ENP resurge como alternativa para países como México frente a la disputa por las riquezas del mundo entre Estados Unidos, China y Rusia. Su importancia radica en funcionar como mecanismo de soberanía económica y cohesión social.
Cuando un país pierde soberanía, su sistema jurídico muestra falencias: las normas pueden favorecer intereses particulares ajenos a la población y perder eficacia al servicio de esos mismos intereses.
Desde el derecho, la soberanía implica la capacidad del Estado para autodeterminarse y darse leyes orientadas a sus propios fines, entre ellos la justicia social.
Pero la soberanía no se agota en lo jurídico: también tiene una dimensión alimentaria, indispensable para no depender de otros por comida.
La potencia alimentaria de un país depende de cubrir las fases de la cadena productiva. Para ello se requieren tecnología e insumos estratégicos; entre ellos, fertilizantes suficientes, eficaces y de bajo costo.
Los fertilizantes no son un insumo menor: son condición estratégica de soberanía alimentaria. Quien controla su producción, precio y distribución incide en la capacidad nacional para producir alimentos. Por eso Topolobampo deja de ser una referencia local y se vuelve pieza clave de una disputa nacional por soberanía, alimentación y desarrollo.
En 2014 comenzaron los trabajos de instalación de la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), empresa de capital suizo-alemán que invirtió alrededor de cinco mil millones de dólares en Bahía de Ohuira, Topolobampo, Sinaloa. El proyecto representa empleos directos e indirectos, desarrollo regional y una oportunidad estratégica para México y Estados Unidos.
El beneficio principal sería acceder a fertilizantes a costos menores que los actuales: México depende de Rusia y China, mientras Estados Unidos recurre a Trinidad y Tobago. La cercanía logística reduciría costos de traslado y fortalecería la seguridad alimentaria regional.
Parece claro que la oposición a la planta de amoniaco en Topolobampo no responde únicamente a preocupaciones ambientales, sino también a intereses económicos y geopolíticos que se benefician de mantener a México dependiente de fertilizantes importados.
Si el país renuncia a producir insumos estratégicos, renuncia también a una parte esencial de su soberanía alimentaria. Por eso, el debate no debe reducirse a una disputa local, sino entenderse como una decisión de soberanía nacional: avanzar hacia autonomía productiva o seguir subordinados a quienes controlan el precio, el abasto y las condiciones de nuestra alimentación.
Únete al canal de WHATSAPP DE EL INDEPENDIENTE, también a nuestro canal de TELEGRAM y recibe las noticias clave del día, análisis y últimas actualizaciones directamente en tu celular.
