Cuando faltan menos de cuatro meses para que se cumplan dos años de que el gobernador Javier May Rodríguez acusó a Hernán Bermúdez Requena de encabezar el cártel local La Barredora y exigió a los exgobernadores Carlos Merino Campos y Adán Augusto López Hernández explicar su relación con ese caso —inédito en México: desde la propia Policía estatal operaba una organización criminal—, la Fiscalía General de la República (FGR) aún no inicia el proceso contra el exsecretario de Seguridad estatal.
Hernán Bermúdez fue nombrado director de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) al inicio del gobierno de Adán Augusto López, en 2019. En diciembre de ese mismo año, el mandatario lo ascendió a secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, pese a que el 13 de junio de 2006 la entonces PGR lo detuvo por su presunta relación con el asesinato del narcotraficante veracruzano Ponciano Vázquez Lagunes.
Pese a esos antecedentes, Adán López lo mantuvo en su equipo. En 2022, cuando el colectivo Guacamaya Leaks filtró documentos de inteligencia militar obtenidos mediante un hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en los que se vinculaba al Comandante H —como era identificado en esos reportes confidenciales— con Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, el funcionario permaneció al frente de la corporación.
Más aún: fue defendido por Adán Augusto, secretario de Gobernación, quien aseguró que se trataba de «chismes» y «fantasías» lo plasmado en la información castrense; el mandatario interino Carlos Merino lo ratificó pese al escándalo; y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó los señalamientos y los calificó de «politiquería» de los «conservadores».
El 13 de noviembre de 2024, apenas mes y medio después de asumir la gubernatura, Javier May Rodríguez aseguró en rueda de prensa que en Tabasco «todo mundo sabía» que el líder de La Barredora era el amigo y colaborador por más de tres décadas de López Hernández.
May hizo esa afirmación en medio de la ofensiva del grupo criminal, que desde el inicio de su gobierno buscó desplazar a los titulares de la Secretaría de Seguridad designados desde la Ciudad de México.
En esa misma conferencia también pidió a los exgobernadores Carlos Merino y Adán López que rindieran cuentas sobre su relación con la organización delictiva que, dijo, encabezaba Hernán Bermúdez.
El Comandante H fue detenido luego de que la Fiscalía estatal lo llevara a proceso por extorsión y secuestro. Posteriormente, un juez federal reclasificó ambos delitos como agravados, lo que implica sanciones más severas.
La FGET también lo ha procesado por peculado y desaparición forzada de personas, delito este último por el que, en caso de ser condenado, difícilmente le alcanzaría la vida para cumplir la pena.
De acuerdo con investigaciones oficiales, La Barredora operaba desde la sede de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ubicada sobre la avenida 16 de Septiembre, desde donde salían camionetas oficiales de color blanco para cometer delitos de alto impacto.
Un exalcalde, que pidió el anonimato, contó que en una ocasión un operativo encabezado por Ulises «N» llegó a su municipio y se llevó detenidos a varios vendedores de droga.
Cuando el entonces edil llamó a Bermúdez Requena para preguntar por las detenciones, el secretario de Seguridad le respondió:
—¿Te afecta que le hayan «dado piso» a esas lacras? Los narcomenudistas, que después se supo pertenecían a un grupo rival, aparecieron ejecutados cerca de la comunidad.
A casi dos años de las revelaciones hechas por Javier May, Hernán Bermúdez sigue sin ser procesado por La Barredora, un expediente que inevitablemente alcanzaría a Adán Augusto López y a Carlos Merino, quienes tampoco han declarado sobre los señalamientos que el actual gobernador les hizo públicamente.
Y Javier May pertenece al mismo partido que ellos. No forma parte ni de la oposición ni de la llamada «prensa conservadora».
La FGR tiene toda esa información en el expediente FED/FEDO/FEITATA-JAL/0000224/2025, integrado con las declaraciones de Ulises «N» y Carlos Tomás «N», identificados como los números dos y tres de La Barredora, quienes, tras ser detenidos, se convirtieron en testigos colaboradores de la fiscalía federal. Pese a ello, el proceso por delincuencia organizada contra Hernán Bermúdez sigue sin llegar.
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