Es un lugar común que en este País se simule la realización de acciones cuyo fondo es débil, su efecto es pobre, que no parten de diagnósticos adecuados ni cuentan con los recursos necesarios para su implementación cabal. Mucho menos son evaluadas en cuanto a su resultado, y ni se diga en cuanto a su impacto. Son acciones que ni siquiera merecen el título de políticas públicas.
Es cierto también que la simulación no solo sucede en el sector gubernamental. Hay actores importantes del sector privado que igualmente suelen simular, a veces de manera muy efectiva, por ejemplo, ser realmente responsables socialmente, aportar a la hacienda pública hasta donde son capaces, mantener un comercio justo, o apoyar proyectos públicos de gran alcance, y con un beneficio popular relevante.
Así, es perceptible que solo se simula un combate frontal contra el narcotráfico, cuando a veces se detiene o se elimina a ciertos líderes del crimen organizado y se decomisan algunos kilos de droga, pero no se rompen los esquemas financieros de los cárteles, ni se reducen sus ganancias, ni se detiene el lavado de dinero, del cual se mantienen económicamente regiones enteras; no se atacan las redes políticas y gubernamentales que los protegen, las cuales resultan ser de facto sus cómplices; tampoco se destruyen los laboratorios más importantes ni las líneas de proveeduría y cadenas de suministro, ni es común que haya grandes enfrentamientos armados con los sicarios de los grupos criminales, en los cuales se reduzca de manera relevante su fuerza de fuego y de ataque, como ellos mismos lo presumen.
Una muy clara prueba de ello es que en múltiples regiones del País grandes sectores de la población viven asustadas, con miedo de ser víctimas de extorsión, de secuestro y de otros abusos sobre su patrimonio y su plena libertad, de que recluten a sus jóvenes, o incluso de que se ponga en peligro su subsistencia si se niegan a aceptar las reglas de convivencia que imponen los cárteles, y que en la mayoría de los casos resultan indignas. Y si a alguien se le ocurre denunciar, es altamente probable que sufra las consecuencias, sin recibir ayuda alguna de las instituciones de gobierno. Así seguirán mientras no haya el valor necesario para enfrentar ese flagelo.
También se simula que se apoya a las familias de los desaparecidos, cuando es común que éstas denuncien de forma impotente la falta de resultados y de empatía con su dolor y su causa; así como se simula que no hay intervención del régimen en la elección de personas juzgadoras, cuando fueron ampliamente conocidos los “acordeones” promovidos por líderes ligados a MORENA, que curiosamente coincidieron con muchos de los jueces, ministros y magistrados que fueron electos; y se simula que hay poco desempleo y un buen salario mínimo, cuando la gran mayoría de los trabajadores laboran en el ámbito informal, donde ni siquiera cuentan con las mínimas prestaciones de ley, están en el subempleo, en condiciones críticas de empleo, o se encuentran ya desalentados y dejaron de buscar trabajo, seguros de que no lo van a encontrar, por lo cual ni siquiera son tomados en cuenta en las cifras del desempleo.
Sin embargo, como decíamos, la simulación en México no es monopolio del sector gubernamental. Ahí está por ejemplo el supuesto combate al llamado huachicol fiscal. Recientemente se encarceló a Ernesto Ruffo, quien fuera un conocido y reconocido político panista, y que por ese partido fuera alcalde, gobernador, y senador, pero también famoso por ser un empresario de relevancia en el norte del País. Si es culpable de lo que se le acusa, y se le demuestra en un juicio objetivo y profesional, que se le castigue conforme a la ley.
Ahora, estamos ante el terreno de la simulación cuando vemos que ese caso ronda los 4 mil millones de pesos, que es muchísimo dinero e implica un severo golpe a la hacienda pública y a la economía nacional, pero que solo es un muy pequeño porcentaje de los más de 600 mil millones de pesos que el propio gobierno ha estimado como daño fiscal -y que ya debe ser mucho más- provocado por el negocio ilegal de combustibles. En cambio, a otros empresarios, aliados del régimen, y a líderes políticos, a quienes se les ha vinculado con este ilícito, no se les toca ni con el pétalo de una investigación seria. Por el contrario, da la impresión de que se les protege desde el poder político, del cual son parte esencial, ocupando aun posiciones de liderazgo, legislativas y de gobierno muy importantes. Tampoco se sabe de actuaciones serias en contra de funcionarios de primer nivel de las Aduanas, sin los cuales sería imposible realizar ese negocio ilegal, ni mucho menos que estén siendo procesados. Incluso algunos andan por ahí, buscando candidaturas en MORENA.
En otro orden de ideas, pero siguiendo con los problemas derivados de la simulación, en este espacio se ha mostrado un interés especial por los temas de la inclusión financiera y de una adecuada educación en la materia, como elementos fundamentales para promover un mayor y más sostenible bienestar económico de las personas, las familias e incluso de las micro y pequeñas empresas mexicanas, de quienes su salud económica y financiera debería ser uno de los principales objetivos de la política económica y del desarrollo del sistema financiero nacional.
Sin embargo, no hay desde el gobierno una política pública seria que promueva la inclusión y la educación en materia financiera, ni siquiera un diagnóstico completo y objetivo que indique el tamaño del desafío, ni mucho menos acciones concretas y de gran alcance para enfrentarlo de manera eficaz.
La banca de desarrollo, como NAFIN y Bancomext ha dejado de ser una palanca financiera para la inversión y el crecimiento de miles empresas, en especial de las más pequeñas, que no acceden a créditos de la banca múltiple; no hay herramientas financieras ni de capacitación técnica suficientes para impulsar la economía y la producción del campo, donde se eliminó al Banrural y a la Financiera Rural sin sustituirlos por algún otro mejor esquema, y donde FIRA no se da abasto y cuenta con muchas limitaciones; el antes Bansefi y ahora Banco del Bienestar prácticamente no da servicios financieros, fuera del medio de pago que implican las tarjetas con las cuales se distribuyen los programas sociales, y los cajeros para el retiro de efectivo. Y en todas estas instituciones, los programas de educación financiera son casi nulos e irrelevantes. Es decir, las instancias gubernamentales cuya labor debería resultar fundamental para fomentar la inclusión financiera, se han debilitado y en la práctica han dejado de funcionar de manera eficaz para lograr ese objetivo.
Por otro lado, las mediciones que hacen el INEGI y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y en ocasiones el Banxico, se basan en encuestas que no siempre reflejan en su plenitud la situación real, pero donde, aún así, es evidente que aun hay muchísimo por hacer para que la gran mayoría de la población cuente con herramientas formales de ahorro, inversión, crédito y seguros, y que las utilicen de manera efectiva para fomentar su bienestar. También hay mucho por lograr en materia de cultura económica y financiera, en especial en lo que respecta a la formación de actitudes y buenos hábitos en el uso y potenciación de los recursos financieros de las personas, familias y empresas. En ese sentido, es necesario revisar y completar las fuentes de información, limpiar sesgos y buscar mecanismos a partir de los cuales surjan datos que sirvan para elaborar un diagnóstico profundo, completo, detallado y objetivo, que refleje la dimensión de los desafíos a enfrentar y facilite la construcción de políticas adecuadas para ello.
La CONDUSEF, encargada de vigilar y hacer vales los derechos de los usuarios de las instituciones financieras, y de fomentar la educación financiera, se ha visto debilitada, con poco personal capacitado y el recorte en sus recursos, lo cual se refleja en la falta de modernización, actualización y mejora de las herramientas dirigidas a otorgar información a los consumidores financieros, así como en menores acciones educativas.
En el ámbito legislativo, tampoco hay un trabajo serio por encontrar el marco normativo más eficiente para el fomento de la inclusión financiera y el impulso de la educación en ese ámbito, desde el sector público pero muy en especial desde el privado, que cuenta con mayores recursos y que también es responsable y beneficiario de estos asuntos, pero aporta muy poco, de nuevo, simulando que hace mucho. Las leyes resultan débiles e ineficaces y hay pocas iniciativas que busquen resolver este problema tan relevante para la economía nacional y la justicia social.
Un País con un sistema financiero sólido y robusto y con una buena cultura financiera, cuenta con mayores elementos para crecer y otorgar bienestar a su población, al fomentar un mayor ahorro interno que se derive en nuevas inversiones, el uso óptimo y responsable del crédito por parte de personas y empresas que impulse el consumo, la inversión y el bienestar, o la prevención económica que surge de adquirir los seguros adecuados y evitar futuros gastos que resultarían bastante dañinos para cualquier persona o empresa.
Sin embargo, la Política de Inclusión Financiera y la Estrategia Nacional de Educación Financiera del gobierno federal son documentos imprecisos, incompletos y en muchos casos inaplicables. Y lo que tímidamente se implementa, resulta insuficiente y en la práctica, tan solo declarativo.
No hay un impulso adecuado desde el gobierno a estos asuntos ni mucho menos una política pública seria de fomento en ámbitos financieros tan importantes. Es necesario corregir el rumbo, construir un diagnóstico adecuado e implementar acciones sólidas que provoquen un resultado concreto y de gran alcance, evitando las simulaciones. Luego hablaremos de los detalles. Es lo justo.
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