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OpiniónPunto de quiebre

Entre audios y huachicol

Fernando Martínez González
Por Fernando Martínez González  - [email protected] Publicado julio 24, 2026 5 Min de lectura
Imagen generada con Inteligencia Artificial
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partidistas, investigaciones judiciales y presiones provenientes del extranjero, la verdad suele convertirse en la primera víctima.

Eso es precisamente lo que ocurre hoy en Baja California, donde la gobernadora Marina del Pilar Ávila se encuentra nuevamente en el centro de la polémica tras la difusión de diversos audios en los que, presuntamente, conversa con personas vinculadas con autoridades estadounidenses y manifiesta su disposición a colaborar con ellas a cambio de resolver su situación migratoria y legal en Estados Unidos.

La gobernadora ha reconocido la autenticidad de algunas de las grabaciones, aunque ha rechazado las interpretaciones que se han hecho sobre su contenido y ha sostenido que se trata de conversaciones institucionales y de carácter legal. 

Sin embargo, cuando una gobernadora de un estado fronterizo habla con interlocutores extranjeros sobre su situación personal, sobre posibles investigaciones y sobre reuniones que deben manejarse con cautela para evitar filtraciones, resulta inevitable que surjan preguntas.

Recordemos que desde hace más de un año existen señalamientos sobre la situación de Marina del Pilar y de su ahora exesposo Carlos Torres. Ambos perdieron sus visas estadounidenses en mayo de 2025 y desde entonces el tema ha permanecido como una sombra sobre la gobernadora de Baja California.

Los audios difundidos recientemente han provocado que algunos sectores cuestionen si realmente se trató únicamente de encuentros protocolarios o si existía una negociación de otra naturaleza.

La respuesta del gobierno federal tampoco ha ayudado. Cuando el tema llegó a la conferencia mañanera, tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, hicieron todo tipo de maromas para tratar de explicar que no existían elementos para afirmar que Marina del Pilar hubiera entregado información confidencial de seguridad nacional y que esté buscando un acuerdo con autoridades de Estados Unidos.

Otro personaje que entró a escena en este entramado fue el exgobernador de Baja California Jaime Bonilla antiguo miembro de Morena y hoy afiliado al PT, quien disparó una serie de ataques a la gobernadora dando plena certidumbre a los audios. Pudo notarse la fuerte animadversión que tiene con ella, incluso Marina del Pilar ha responsabilizado a Bonilla como quién filtró los audios a los medios.

Salta a la vista que en Baja California existe una fuerte división entre importantes actores tanto morenistas como de otros partidos de oposición y se expone la falta de capacidad negociadora de la gobernadora en el terreno político. 

En este escenario también apareció el exgobernador Ernesto Ruffo, detenido recientemente por la Fiscalía General de la República por estar presuntamente relacionado con grandes operaciones de contrabando de hidrocarburos realizadas a través de una empresa con la que tiene relación. A Ruffo se le impuso prisión preventiva junto con otros acusados. 

Pero aquí aparece el verdadero problema político. En medio del escándalo de Marina del Pilar, pareciera que se intenta convertir a Ernesto Ruffo en el gran responsable del huachicol fiscal en México. Su detención puede ser legítima y debe seguir su curso jurídico, pero su caso no puede convertirse en una cortina de humo para evitar una investigación a fondo sobre una red que necesariamente tuvo que contar con complicidades mucho más amplias.

Las investigaciones que se han conocido apuntan a una estructura mucho más compleja, en la que aparecen importadores, empresas fachada, agentes aduanales, operadores políticos y funcionarios de distintas instituciones.

Resulta políticamente conveniente concentrar toda la atención en un exgobernador de oposición y presentar su caso como la explicación de un negocio que movió miles de millones de pesos.

La justicia no puede funcionar con colores partidistas. Si Ernesto Ruffo tuvo responsabilidad, deberá enfrentar las consecuencias. Pero la misma exigencia debe aplicarse a cualquier funcionario o político que haya participado en estas redes, independientemente de su partido y posición actual.

*@fer_martinezg

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Publicado por Fernando Martínez González [email protected]
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Comunicador con amplia experiencia en temas de negocios, en los últimos 10 años ha participado en diferentes proyectos relacionados con la comunicación de empresas. Actualmente, además de ser colaborador de El Independiente, escribe una columna semanal en periódico La Crónica de Hoy y forma parte del equipo de analistas del programa de radio "Informe 24" con Hannia Novell transmitido por Grupo Audiorama Comunicaciones a las 17:00 hrs.

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