Los titulares de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández Palacios Cardel, y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), José Ramón Amieva Gálvez, han estrechado una peculiar alianza con el propósito de constituir una especie de “consejo de expertos” que puedan revisar y en su caso aprobar la continuidad de expedientes abiertos sobre personas morales y físicas que presuntamente estén involucradas en corruptelas como desvíos de recursos públicos, fraudes, abusos de poder, administraciones fraudulentas, enriquecimiento ilícito y otros delitos de casos relevantes que tengan que ser “atendidos” y resueltos con “urgencia”.
En algo que significaría una enorme acumulación de poder e invadiría funciones legales y administrativas de órganos autónomos y dependencias públicas federales, estos funcionarios convocaron hace unas semanas a una reunión a la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, y a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, para convencerlas de su “buena voluntad” de combatir la corrupción.
Más allá de esa supuesta “buena voluntad” que puedan tener ambos funcionarios, uno de la ASF como órgano fiscalizador dependiente del Congreso y el otro del TFJA como un órgano autónomo del Poder Judicial, plantearon en el encuentro privado que los expedientes relevantes que están pendientes de resolverse pasen primero por ese “consejo de expertos” que ellos mismos nombrarían, para poder ser evaluados y en su caso aprobados.
En términos prácticos sería una especie de filtro para poder decidir qué investigar y qué no, lo que llama mucho la atención porque, por un lado, estarían violentando la ley al invadir responsabilidades que no les corresponde y, por otra parte, se prestaría a posibles actos de corrupción por el enorme poder que significa palomear expedientes judiciales y administrativos.
En la por lo menos extraña petición expusieron que otras instituciones públicas que dependen de la Presidencia de la República, como son la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), también estarían involucradas en someter sus expedientes relevantes y proporcionar todos los datos necesarios a ese “consejo de expertos” bajo el supuesto fin de tener una “información integral”.
Como ejemplo explicaron que la Secretaría de Relaciones Exteriores, actualmente a cargo de Roberto Velasco, entregaría las listas de delincuentes que puedan ser extraditados para que dicho “consejo” decida a quién se envía a Estados Unidos y qué delincuentes se mantienen en prisiones mexicanas.
En el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera, cuyo titular es Omar Reyes Colmenares, de aprobarse ese “consejo de expertos” este órgano de inteligencia dependiente de la Secretaría de Hacienda debería proporcionar la información de expedientes abiertos a servidores públicos que sean investigados por posible desvío de recursos públicos, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y otros delitos.
José Ramón Amieva y Aureliano Hernández solicitaron además que todas las denuncias que antes recibía directamente la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno primero pasarían por un “filtro” que ellos designarían para que decidan qué expedientes proceden y en consecuencia se integran las investigaciones y cuáles son enviados al archivo muerto.
En el exceso de atribuciones que quieren tener ambos funcionarios y que de conseguirlas son violatorias a las leyes actuales, expusieron que propondrían cambios constitucionales para que la Auditoría Superior de la Federación sea la encargada de determinar si las sanciones impuestas por la Secretaría Anticorrupción son correctas y que cuando se trate de imponer una sanción por alguna falta grave y a consideración del “consejo de expertos” no debe proceder, se impondrían multas a la propia Secretaría Anticorrupción.
Antes de ser aprobada esta acumulación de poder que pretenden los titulares de la ASF y del TFJA, han adelantado seleccionar una serie de despachos de abogados que servirían para integrar “áreas de medios alternativos de solución” para negociar con administraciones de presidencias municipales, gobiernos estatales y dependencias del Poder Ejecutivo sobre expedientes que estén abiertos ante autoridades de la ASF y el TFJA.
En esta selección de despachos de abogados que venían “trabajando” en anteriores administraciones con la ASF y del TFJA, el resultado ha sido negativo porque se trataba en realidad de esquemas de corrupción como extorsiones, sobornos y chantajes a personas morales y físicas, así como a funcionarios de los tres niveles de gobierno.
ASF MANTIENE EXPEDIENTES SIN RESOLUCIÓN HASTA POR 10 AÑOS
La Auditoría Superior de la Federación no tiene plazos definidos para cerrar casos en que observa perjuicio al erario público, lo que representa un problema para la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, porque aún cuando están acreditados los reportes no se emiten dictámenes ni se informa si son correctos o no.
Hasta ahora se sabe de casos que llevan esperando resolución hasta 10 años, en perjuicio de todos los involucrados, quienes no sólo no reciben una justicia pronta expedita como marca la Constitución, sino que gastan fortunas en el pago de despachos de abogados que litigan por años en tribunales.
Es necesario que se corrija ese vacío legal en algunos procedimientos de la ASF que permita marcar tiempos de resolución a esas autoridades.
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