Vivimos en una época en la que el desarrollo tecnológico avanza a una velocidad sin precedentes. La inteligencia artificial, las redes sociales y las plataformas digitales han transformado la forma en que nos informamos, nos comunicamos, aprendemos y participamos en la vida pública. Estas herramientas han ampliado las posibilidades del conocimiento y la innovación, pero también han abierto nuevos desafíos que las sociedades contemporáneas no pueden ignorar.
Durante años, el debate sobre estas tecnologías estuvo marcado por la idea de que Internet debía permanecer al margen de cualquier regulación. Sin embargo, la velocidad con la que evolucionan los algoritmos y la inteligencia artificial ha puesto sobre la mesa preguntas fundamentales sobre la protección de derechos, la privacidad, la seguridad digital y, particularmente, sobre el bienestar de niñas, niños y adolescentes.
En ese contexto, México se ha sumado a esta importante discusión. El pasado lunes nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, abrió formalmente un debate nacional sobre el uso de las redes sociales y la inteligencia artificial, con el propósito de construir una iniciativa sustentada en evidencia científica y en un amplio consenso social. La presidenta ha señalado que este proceso no pretende imponer una visión desde el gobierno, sino convocar a especialistas, académicos y sociedad en general para construir conjuntamente una regulación acorde con las nuevas realidades del entorno digital.
Se trata de una ruta pertinente. La transformación digital plantea desafíos que rebasan fronteras y ningún Estado democrático puede permanecer ajeno a ellos. El uso intensivo de dispositivos electrónicos por parte de menores de edad, la creciente exposición a contenidos nocivos, la desinformación, la manipulación mediante algoritmos y el acelerado desarrollo de la inteligencia artificial obligan a replantear el papel de las instituciones públicas en la protección de los derechos fundamentales.
Diversas naciones han comenzado a construir marcos regulatorios para responder a los nuevos escenarios que plantean las redes sociales y la inteligencia artificial. La Unión Europea aprobó la primera legislación integral sobre inteligencia artificial basada en un enfoque de gestión de riesgos y protección de los derechos humanos; mientras que países como Australia, Francia y España han favorecido medidas orientadas a fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales. De manera reciente, Corea del Sur ha impulsado una legislación que busca equilibrar la innovación tecnológica, la protección de derechos y la competitividad.
En este sentido, resulta relevante que la presidenta haya planteado un debate abierto y gradual, que será abordado durante varias semanas en la conferencia matutina y que, además, hizo un llamado al Congreso de la Unión a desarrollar sus propios foros de análisis. La deliberación pública constituye un elemento indispensable para construir una legislación moderna, técnicamente sólida y socialmente legítima.
Cabe destacar que la discusión tampoco parte de cero. Actualmente, dieciséis entidades federativas, han establecido medidas para regular el uso de teléfonos celulares en las escuelas, reconociendo la necesidad de generar entornos que favorezcan el aprendizaje y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Estas experiencias locales representan un punto de partida valioso para enriquecer una política nacional que responda a las distintas realidades del país.
Conviene subrayar que el eje de esta propuesta no es restringir libertades, sino garantizar y proteger derechos. El desarrollo tecnológico debe estar al servicio de las personas y no a la inversa. Regular, en este caso, significa crear las condiciones para que la innovación avance con responsabilidad.
La conversación apenas comienza y esa es, quizá, la mayor fortaleza de la propuesta impulsada por nuestra presidenta: abrir un debate amplio, informado y participativo sobre uno de los grandes temas de nuestro tiempo. Porque las mejores decisiones públicas son aquellas que se construyen con evidencia, diálogo y con el propósito de ampliar la protección de los derechos de todas y todos.
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