En México puede estar perfectamente claro que una propiedad es tuya y, aun así, de la noche a la mañana, perderla para que el Estado tarde meses, incluso años, en devolvértela.
La frase parece absurda, paradójica. Pero es real y de una crudeza brutal, porque describe con bastante precisión lo que ocurre cuando un terreno, una casa, un departamento son invadidos y comienza entonces un proceso que, en teoría, debería proteger al legítimo propietario, pero que, en la práctica, en la realidad, termina beneficiando a quien se apoderó ilegalmente del inmueble.
Los casos de despojos no son nuevos en nuestro país. Es una problemática que se sigue viviendo, día a día, en muchas regiones de la República. Y justo por esto, por la enorme cantidad de casos, es que el tema deja de estar en el ojo de la opinión pública… hasta que algún caso vuelve a poner el asunto sobre la mesa. Y eso exactamente es lo que está ocurriendo en la Ciudad de México.
En muchos de estos casos, la forma de operar parece repetirse: primero identifican propiedades vacías, con problemas legales o simplemente bajo ausencias prolongadas, para después llegar, romper puertas, entrar, cambiar cerraduras, presentar documentos presuntamente falsos o contratos posiblemente apócrifos, con lo que una flagrante invasión se termina convirtiendo en una controversia complicada y legaloide.
Y es aquí, justo en este punto, donde comienza el calvario para los dueños.
El propietario puede mostrar cuanta documentación se nos ocurra: escrituras, pagos, antecedentes registrales. Sin embargo, al momento de acudir a su domicilio invadido acompañado de policías, estos últimos no podrán ingresar al lugar ni desalojar a nadie, pues, para ese entonces, los presuntos invasores habrán ya cambiado las chapas, por lo que, más allá de documentos, al no contar con una llave que realmente abra las puertas de su domicilio, no podrá recibir la ayuda de los uniformados en ese momento.
Es una precaución que, aunque molesta para la víctima de estos casos, tiene mucho sentido. La autoridad debe determinar quién tenía legalmente la posesión —no solo un juego de llaves—, verificar que no exista un contrato de arrendamiento, una disputa sucesoria, una copropiedad o cualquier otro derecho legal que pueda justificar la ocupación.
Porque, en esa lógica, un dueño con escrituras en su poder podría sacar en cualquier momento a un inquilino a quien le renta la propiedad. Un heredero podría ostentarse como dueño con solamente un testamento, aunque la propiedad en cuestión se encuentre en un juicio. Por eso es que existen leyes y todo un debido proceso, precisamente, para evitar que el poder y la fuerza sustituyan a la justicia.
El problema aparece cuando ese “debido proceso” se termina transformando en una “parálisis”…
El invasor no adquiere la propiedad por el simple hecho de entrar en ella, cambiar las chapas ni tampoco por permanecer meses en el lugar. Tampoco se convierte en dueño simplemente por realizar contratos nuevos de “luz”, agua, o pagar por estos servicios. Pero, al final del día, sí consigue algo que, en la práctica, resulta sumamente valioso: tiempo.
Tiempo para muchas cosas: para utilizar y usufructuar la propiedad, desgastar a su dueño legítimo, promover recursos, fabricar documentos, negociar alguna salida económica. Incluso, tiempo para que la víctima termine aceptando pagar con tal de recuperar aquello que siempre fue suyo.
Esa es la verdadera ventaja del invasor. No tiene más derechos que el propietario, pero termina teniendo algo todavía más útil: un Estado lento que, ante la duda, le permite vivir dentro de ella. De la duda y de la propiedad.
Después del sonado caso de doña Carlota, la adulta mayor que disparó contra quienes se encontraban en un inmueble en disputa en Chalco, el Estado de México endureció sus leyes contra el despojo. Se elevaron las penas, se agregaron agravantes, se castigó con mayor severidad la intervención de grupos organizados, servidores públicos, falsificadores y personas que utilizaran documentos apócrifos. Una máxima de la política mexicana: “ahogado el niño, a tapar el pozo”.
Pero, aunque todo esto significó un avance, el punto medular de esta problemática sigue intacta: la velocidad con la que el dueño puede recuperar su inmueble.
Y es que las reformas se han concentrado en buena parte en aumentar las penas. Pero para quien permanece fuera de su casa, la preocupación inmediata no es si el responsable pasará 10 años en prisión o saldrá en 72 horas. La pregunta es mucho más sencilla: ¿cuándo podrá volver a entrar?
En México existen mecanismos para solicitar la restitución provisional de un inmueble antes de que concluya todo el proceso penal. No tendría que esperarse necesariamente una sentencia definitiva después de años de litigio. Pero esa restitución depende de que la Fiscalía integre correctamente la carpeta, de que existan pruebas suficientes, de que el Ministerio Público actúe y, normalmente, de que un juez autorice la medida.
Nada es automático. Pero tampoco hay plazos breves ni obligatorios. Cuando la investigación se atasca —raro en nuestro México—, los derechos del propietario, la víctima, se quedan en un papel, mientras que los presuntos invasores continúan disfrutando del inmueble al tiempo que su legítimo propietario permanece fuera.
Por ello, el asunto central no debe encaminarse en aumentar las penas. Una verdadera reforma no debería medirse en años de cárcel, sino en el número de días que tarda una persona en volver a su propiedad.
El Estado debería de ser capaz de distinguir rápidamente entre una controversia legítima y una invasión. Verificar en cuestión de días, y no de años, escrituras, antecedentes registrales, contratos, posesión previa y posibles documentos falsos. Tendría también que existir una audiencia urgente de restitución cuando haya elementos claros de violencia, simulación o despojo.
El propio gobierno ha considerado que la vivienda no es un lujo: es un derecho humano. En esa lógica, si alguien pierde su hogar alegando un delito, la autoridad tendría que buscar mecanismos para actuar de forma expedita. Porque, mientras eso no ocurra, el problema no será únicamente el despojo. Será también un Estado que, frente al delito, termina administrando la impotencia de la víctima.
Nos vemos el próximo jueves. Tenemos una cita con el poder. Agendado.
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