Por Laura Ballesteros Mancilla
En el primer semestre de 2026 los feminicidios volvieron a subir en la Ciudad de México. El número ya bastaría para detenerse a mirar. Al lado de esa cifra corre otra realidad, menos visible: mujeres jóvenes contactadas con una oferta de trabajo que resultó falsa, desaparecidas durante días y localizadas después sin vida. No todos los feminicidios son trata de personas, y decirlo importa para no mezclar fenómenos que exigen respuestas distintas. Cuando el enganche laboral aparece, la red de explotación se vuelve una línea de investigación que nadie debería omitir.
Los datos disponibles dibujan un delito con estructura. Entre 2024 y mediados de 2025, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la capital acompañó sesenta y seis carpetas de investigación por trata. Entre enero y julio de 2025, la Fiscalía capitalina judicializó veinticuatro casos, obtuvo siete vinculaciones a proceso y dos sentencias, y llevó ante un juez a dos integrantes de una organización transnacional por explotación sexual. Describen un delito presente y organizado.
El problema tiene una segunda capa: dónde se investigan estos casos. La ley reparte la competencia entre la Federación y las entidades federativas. La regla general deja la trata en manos de las fiscalías locales, pero fija excepciones precisas. Cuando el delito lo comete la delincuencia organizada —tres o más personas coordinadas para captar y explotar—, la competencia es federal y no admite discrecionalidad. Lo mismo ocurre cuando el delito cruza fronteras o entidades, o cuando la relevancia del caso justifica que el Ministerio Público de la Federación lo atraiga.
Una red que recluta mediante ofertas de empleo es, por definición, una estructura de varias personas. Ese solo rasgo la coloca en el terreno federal. En la práctica, muchas de estas indagatorias permanecen en el ámbito local, donde seguir a una organización que opera entre estados y mueve dinero se vuelve más difícil. La investigación se fragmenta justo donde debería seguir un hilo continuo: del reclutamiento a la explotación, y de la explotación a las cuentas que la financian.
Hay que resistir también la tentación contraria. En un caso reciente, la sospecha de una red se planteó en público y la propia Fiscalía capitalina la descartó después de investigar. Ese desenlace ilustra la exigencia de método: la pregunta por la trata debe formularse y responderse con rigor, sin darla por cierta cuando conmueve ni por descartada cuando incomoda. Para eso hace falta que quien investigue tenga las herramientas para seguir la ruta completa, aunque termine en otro estado o en una estructura financiera.
Con ese propósito presento ante la Cámara de Diputados una proposición con punto de acuerdo que respeta la autonomía de la Fiscalía General de la República y la exhorta a evaluar y, donde se cumplan los supuestos legales, a asumir la competencia sobre las investigaciones de trata iniciadas en la capital que involucren redes, traslado entre entidades o relevancia social. Pide también a la Fiscalía capitalina coadyuvar y remitir esos casos, y a la Federación informar con qué criterios ejerce esa facultad. Es una medida de coordinación entre autoridades.
La competencia no es un tecnicismo. Decide si una investigación puede seguir a una víctima más allá de una línea estatal y entrar en la contabilidad de una organización. Para las familias que buscan a una hija, la pregunta es más simple: quién va a investigar la cadena completa, del principio al final. La respuesta no debería depender del lugar donde apareció el cuerpo.
La autora es diputada federal por Movimiento Ciudadano en la LXVI Legislatura.
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