Hay pocas cosas que una familia cuide tanto como su hogar. Detrás de una casa hay años de trabajo, de ahorro y de sacrificios. Por eso, cuando una persona es víctima de un despojo no sólo pierde un inmueble; siente que le arrebatan parte de su historia, de su tranquilidad y del esfuerzo de toda una vida.
Quienes han vivido una situación así merecen justicia y todo el respaldo de las autoridades. No hay espacio para minimizar este delito ni para ser indiferentes frente al dolor de las víctimas.
En los últimos días, el caso ocurrido en la colonia Del Valle ha despertado una preocupación legítima entre las y los capitalinos. Es natural que la gente exija respuestas y resultados. Lo que no podemos hacer es permitir que una investigación se convierta en un campo de batalla política antes de que se conozca la verdad.
El despojo de viviendas no apareció de la noche a la mañana ni comenzó con este gobierno. Es un problema que la Ciudad de México ha arrastrado durante muchos años y que se fue alimentando de corrupción, trámites irregulares, falsificación de documentos y grupos que encontraron la forma de aprovecharse del patrimonio de las personas.
La diferencia es que hoy ese problema no se esconde debajo del tapete. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, decidió enfrentarlo de frente con una estrategia de coordinación entre instituciones. Por eso se creó el Gabinete contra Despojos, en el que participan la Fiscalía, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el INVI, el INVEA y otras dependencias para prevenir este delito, investigar a los responsables y ayudar a que las familias recuperen su patrimonio.
Eso significa algo muy importante: el Gobierno de la Ciudad reconoció el problema y empezó a actuar antes de que este caso ocupara los titulares. Morena no niega que exista el despojo; lo que hacemos es combatirlo con instituciones, coordinación y trabajo permanente.
Lamentablemente, conforme crecieron la cobertura mediática y la conversación en redes sociales, también aparecieron quienes vieron en este tema una oportunidad para hacer política. En muy pocos días pasamos de hablar de un caso específico a escuchar acusaciones generalizadas contra el Gobierno de la Ciudad, Morena e incluso contra organizaciones sociales, sin que existan investigaciones concluidas que respalden esas afirmaciones.
Una democracia necesita críticas y exige que las autoridades rindan cuentas. Pero también necesita responsabilidad. Una cosa es exigir justicia y otra muy distinta construir culpables desde una conferencia de prensa o desde una publicación en redes sociales. Eso no ayuda a las víctimas; al contrario, termina confundiendo a la ciudadanía y politizando un problema que debe resolverse con investigaciones serias.
También vale la pena decirlo con toda claridad: defender el derecho a la vivienda nunca ha significado justificar el despojo. La izquierda siempre ha luchado para que más personas tengan acceso a una vivienda digna, pero también para que nadie vea amenazado el patrimonio que construyó con años de esfuerzo. Ambas causas son compatibles y ambas deben defenderse.
Desde el Congreso de la Ciudad de México seguiremos impulsando leyes que fortalezcan la protección del patrimonio de las familias y acompañaremos las acciones del Gobierno para cerrar el paso a quienes hacen del despojo un negocio.
Las familias esperan soluciones, no pleitos políticos. Esperan autoridades que investiguen, que actúen y que hagan justicia. Ese es el compromiso de la Cuarta Transformación: enfrentar los problemas con seriedad, fortalecer las instituciones y poner siempre por delante a las personas, no los intereses electorales.
Porque cuando se trata de proteger el hogar de las familias, la responsabilidad debe estar por encima de cualquier cálculo político.
*Coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México
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