Todos los guapos lo sabemos. La estrategia de «hacer creer al otro que gana» es una de las tácticas de persuasión y manipulación más efectivas desde la antigua Grecia. El secreto está en que se alimenta el ego de la víctima, pues las personas odian perder algo; se reduce la resistencia al cambio, porque la sensación de victoria hace que se baje la guardia; se cede en lo que se considera insignificante, permitiendo que el manipulador decida en “los detalles” o “en la letra chiquita” que, en realidad, es el cimiento de todo.
Eso mismo está pasando ahora en México con la iniciativa sobre los llamados derechos de las audiencias, impulsada desde Palacio Nacional, que tiene muchas más características de la censura que de la defensoría. Y es que detrás del discurso oficial que habla de combatir la desinformación y garantizar contenidos responsables, se asoma una vieja tentación del poder: decidir quién informa bien y quién merece ser corregido, multado, sancionado y, de paso, así como que no quiere la cosa, exhibido.
La iniciativa, que en su origen suena tan hermosa como un bolero romántico cantado por Luis Miguel, es en realidad dinamita envuelta en una caja de chocolates. Bajo la espada de protección de la verdad se esconden mecanismos de regulación para la radio y la televisión que más adelante desembocarán en censura para los periódicos y medios digitales.
Repito. El concepto suena impecable. ¿Quién podría estar en contra de defender al ciudadano? El problema comienza cuando ese noble propósito termina otorgando al gobierno facultades para intervenir en contenidos, establecer criterios sobre el ejercicio periodístico o abrir procedimientos administrativos contra medios incómodos. Para nadie es un secreto que desde el sexenio anterior Andrés Manuel López Obrador inauguró la hoguera pública contra los medios críticos. Ahora la visceralidad quiere un apartado en la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión disfrazada de “derechos de las audiencias”.
El problema es más grave de lo que se percibe. La historia nos ha enseñado que las libertades casi nunca se pierden de golpe. Se erosionan poco a poco. Primero aparece una oficina reguladora. Después llegan lineamientos. Más tarde, las sanciones. Finalmente, el miedo. Y cuando el miedo entra a una redacción, la censura ya no necesita policías; basta con editores que prefieren no publicar algo que haga fruncir el ceño de la cola de caballo más poderosa de todo México.
Afortunadamente el adefesio regulatorio que pretende evangelizarnos sobre qué es la verdad y cómo debemos consumirla –como si todos fuéramos unos débiles intelectuales–, ha sido lanzado a una consulta pública del 27 de julio al 21 de agosto en la página portal.crt.gob.mx/consultapublica. Todavía se puede echar para atrás la censura disfrazada de derechos. Y, por el bien de México, espero que así sea.
Que quede claro que regular el contenido editorial bajo el disfraz de «derechos» no es innovación democrática: es un atentado directo contra la libertad de expresión consagrada en el artículo 6º constitucional. Un país donde la prensa debe pasar por el filtro de la «veracidad autorizada» por la autoridad competente es un país que retrocede décadas en la construcción de su libertad de expresión. En lenguaje para guapos, es una foto pasada por los filtros más cañones de Instagram.
Los medios de comunicación ya rinden cuentas todos los días: rinden cuentas con el consumo de la gente, con el prestigio de sus firmas y con las herramientas legales que ya existen (como el derecho de réplica o las demandas por daño moral) para que se defienda quien se quiera defender. No necesitan un tutor con la credencial del gobierno en el pecho para que les dicte qué escribir o cómo descafeinar un titular que les hace temblar los párpados a los políticos en turno.
A decir de las integrantes de mi CISEN (Comadres que Investigan Sobre la Élite Nacional) y de un servidor, la presidenta Claudia Sheinbaum se está equivocando de batalla. México no enfrenta un problema de exceso de libertad periodística. Enfrenta un problema grave de violencia contra periodistas, de impunidad, de amenazas y de asesinatos. El verdadero debate debería centrarse en cómo garantizar que existan más voces independientes, no en cómo someterlas a nuevas reglas diseñadas desde el escritorio del Palacio Nacional.
*@betotavira
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