En México, y en el mundo en general, existe un problema real y cada vez más dificil de ignorar: la desinformación. Noticias falsas, videos antiguos o manipulados por inteligencia artificial, presentados como actuales o reales, publicidad disfrazada de información, opiniones vendidas como hechos y contenidos recortados.
Salvo la IA, nada de esto es nuevo. Pero sin duda, con los avances tecnológicos y aparición de las redes sociales, esta forma de mentir se ha facilitado y, con ello, ha terminado multiplicándose.
Por ello defender a las audiencias no es solamente algo legítimo. Es algo necesario. Quien enciende la radio, la televisión, o “scrollea” a través de su red social favorita, tiene derecho a saber, entre otras cosas, qué noticia, qué opinión, qué contenido es real, veraz, y cual es pagado, impulsado por interés tras de él. Incluso, si vamos más allá, también tiene derecho a quejarse y contar con los mecanismos necesarios para ello.
Hasta aquí, no hay debate. Pero el problema comienza a surgir cuando, bajo una causa correcta, se comienzan a construir facultades que terminan resultando ambiguas.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones abrió a consulta pública una propuesta, precisamente, sobre los lineamientos legales para la protección de los “Derechos de las Audiencias”. El documento plantea que los concesionarios distingan la información noticiosa de la opinión, identifiquen aquella que sea publicitaria y adopten medidas para no difundir información falsa o que sea presentada como actual o reciente a pesar de no serlo. En resumen, no caer en información “descontextualizada”. Y así, con esa palabra, lo dice tal cual la propuesta.
Los dos primeros puntos parecen relativamente sencillos de comprobar. Un dato es verdadero o falso a partir de la evidencia disponible. Lo mismo ocurre con la temporalidad de información. Un video corresponde a cierta fecha según lo que se pueda corroborar de acuerdo a las pruebas existentes. Casi, casi, parecería un método científico. Pero cuando introducimos la palabra “descontextualizada”, entramos a un terreno mucho más complejo, subjetivo e infinitamente menos técnico.
¿Qué significa informar con suficiente contexto?, ¿Quién establece que antecedentes debieron incluirse? ¿Cuántos datos o cuantas voces son necesarias para considerar como “completa” a una nota informativa?, ¿Una investigación perderá validez si la autoridad considera que omitió una versión, un periodo o una explicación?
No son preguntas menores. En el periodismo, el contexto no siempre es una unidad objetiva que pueda medirse con una regla ni utilizando una calculadora. Es una decisión editorial. Cada medio selecciona hechos, jerarquiza elementos y construye narrativas. Y aquí es donde se puede caer en el error, donde se puede malinformar si se carece de rigor o si se actúa con algún tipo de sesgo. En un escenario así, siempre se deberá responder ante las audiencias, la crítica, el derecho de réplica y, cuando corresponda, ante tribunales.
Lo que resulta delicado es que una autoridad administrativa pueda terminar interpretando un concepto tan abierto, interpretación que además podría terminar con posibles sanciones.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado que se trate de censura y, en sentido estricto, tiene razón. No hay manera de afirmar que al proyecto establece censura previa. La autoridad no se encargaría de revisar cada nota antes de su transmisión ni aprobaría anticipadamente lo que puede decirse. Por el contrario, según la propuesta, la primera responsabilidad recae en códigos de ética regulados y verificados por los propios medios, así como en personas que ostentarán el título de “defensoras de las audiencias” y que formarían parte de las propias empresas de comunicación.
Reconocer esto es indispensable. Pero también se debe advertir que no es siempre a través de órdenes directas como se puede limitar una opinión, una investigación o una nota. Puede surgir simplemente como un efecto inhibidor: la duda de un medio, de un reportero o de un conductor sobre si una investigación o una crítica podrían ser calificadas a posteriori como falsas o insuficientemente “contextualizadas”.
Y es que cuando los límites resultan poco claros y, además, tras de ellos existe una posible sanción, la precaución termina convirtiendo la censura en una autocensura.
El dilema no debe reducirse a escoger entre medios sin responsabilidad o gobiernos sin límites. Jamás. Supongamos, incluso, el peor escenario hipotético: que un medio se equivoque, manipule, oculte intereses o, con todo el dolo del mundo, mienta. Ni siquiera bajo ese supuesto debería quedar impune y, por supuesto, tendría que afrontar las consecuencias. Pero tampoco cabe presumir que el Estado —y, particularmente, su aparato administrativo— está libre de sesgos y que, por ello, es el árbitro ideal para determinar si una versión periodística sobre un hecho en concreto está o no “descontextualizada”.
La consulta pública ofrece una oportunidad de corregir cualquier ambigüedad. Porque ni siquiera se trata de cancelar todos los lineamientos ni descalificar por completo la propuesta. Sin duda, tiene aspectos muy positivos. Lo que se necesita es definir con mucha más precisión sus alcances, establecer criterios verificables, asegurar procedimientos independientes y cerrar cualquier espacio que permita confundir una información dolosamente sesgada o manipulada, de aquella que simplemente tenga diferencias editoriales o interpretaciones variadas pero legítimas.
Proteger a las audiencias buscando que esta reciba siempre la verdad, es una obligación democrática. Convertir al gobierno en el árbitro de esa verdad, es otra cosa.
México necesita medios y comunicadores responsables, ciudadanos críticos y autoridades capaces de garantizar derechos sin decidir el contenido de la realidad. Porque cuando el poder adquiere la facultad de determinar qué tipo, cantidad o forma de “contexto” es suficiente, la pregunta deja de ser qué es verdad y qué no. La nueva pregunta es quién tiene permiso para decidirlo…
Nos vemos la próxima semana. Tenemos una cita con el poder. Agendado.
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