Entre el amplio repertorio de categorías de Antonio Gramsci, una de las más relevantes para comprender la disputa política es la de grupos o clases subalternas y que son los sectores sociales marginados, explotados o excluidos por el poder político, económico y cultural.
Estos sectores carecen de capacidad para incidir en las instituciones y en las decisiones del Estado.
Su subordinación no depende únicamente de la fuerza, sino también de la hegemonía, la cual es la aceptación social de ideas impuestas por las clases dominantes como si fueran naturales o inevitables.
Por ello, Gramsci plantea la necesidad de una praxis política mediante la guerra de posiciones; es decir, una disputa prolongada por el control cultural e institucional para transformar la superestructura (usos, costumbre, religión, leyes, ideología, etc.) desde sus propios espacios de poder.
El primer problema que estos grupos deben reconocer es su propia fragmentación.
Mientras permanezcan divididos, segregados o enfrentados entre sí, sus luchas perderán fuerza política y no tendrán capacidad de transformar las condiciones que los subordinan.
Mientras persista esa dispersión, se mantendrá el statu quo de las clases dominantes.
La presión social será insuficiente y los reclamos quedarán aislados, sin convertirse en un proyecto común de cambio.
Todo lo que hagan terminará en un seguro fracaso.
En este marco, el problema de las agendas progre y woke en México es que, bajo el discurso de causas justas, pueden producir banderas de defensa distanciadas e incompatibles entre sí.
Esa dispersión desplaza la lucha común hacia conflictos parciales y debilita la construcción de un proyecto nacional compartido.
En México, esta lógica ha permeado con fuerza en distintos sectores.
Cuando cada causa se organiza como identidad cerrada y autosuficiente, la lucha social corre el riesgo de multiplicarse en frentes aislados: indigenismo, diversidad sexual, derechos de los animales, consumo de marihuana, feminismo o solidaridad internacional, therians, entre otros. Mientras cada grupo luche de manera exclusiva por su causa, las clases dominantes conservarán su posición y el cambio estructural seguirá bloqueado.
La tarea política consiste en articular esas demandas en un horizonte común que permita enfrentar la subordinación social sin disolver la diversidad de sus reclamos.
En este sentido, el fortalecimiento del Estado Nacional Popular tiene que ser agenda común; con él sería posible superar la dispersión de las demandas particulares y convertirlas en voluntad colectiva capaz de orientar el poder público hacia un proyecto histórico común.
No se trata de negar la diversidad social, sino de integrarla en una estrategia política que recupere la soberanía, la justicia social y la conducción democrática de las instituciones frente a los intereses de las élites económicas y culturales.
Un Estado Nacional Popular sólido debe articular a los grupos subalternos en torno a objetivos compartidos: defensa del territorio, redistribución de la riqueza, ampliación de derechos sociales, fortalecimiento de la educación pública y reconstrucción del tejido comunitario.
Solo mediante esa unidad política será posible transformar los reclamos fragmentados en fuerza organizada, capaz de disputar la hegemonía y construir una alternativa nacional con arraigo popular.
@marcialmanuel3
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