El pasado 28 de julio, en la conferencia mañanera, por orden de la presidenta Claudia Sheinbaum, la consejera jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde, presentó la propuesta de lineamientos generales para garantizar la protección de los derechos de las audiencias como parte de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, una iniciativa cuya aprobación estará supeditada a una consulta, pero que pareciera ser más una acción gubernamental para blindarse y castigar las críticas severas a las que ha sido sometida por diversos medios de comunicación.
La idea de la propuesta tiene una larga historia, deriva de las reformas constitucionales de 2013 y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014, así como de amparos promovidos por la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias.
No obstante, ahora la propuesta presidencial no se puede desvincular del actual contexto en el que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el partido Morena y varios de sus integrantes destacados, están severamente cuestionados en los medios por temas de corrupción, vínculos con el crimen organizado, impunidad y falta de transparencia.
Pero tampoco se puede desligar esta propuesta del papel que algunos medios han tomado de oposición partidista, como es TV Azteca de Ricardo Salinas Pliego, con cuestionamientos políticos e ideológicos antes que periodísticos y con una campaña negativa en los programas de sus canales de televisión y en sus redes sociales.
Es importante contextualizar la propuesta regulatoria de protección de los derechos de las audiencias porque explica la razón por la cual es presentada ahora y es puesta a una consulta ciudadana antes de que sea discutida en el Congreso legislativo.
La iniciativa presidencial tiene que ver con la difícil y ríspida relación que Andrés Manuel López Obrador tuvo con los medios de comunicación desde que empezó su lucha a principios de la década de los 90 del siglo pasado.
Vinculados al PRI la mayoría de los medios, reporteros y opinadores estuvieron en contra de su movimiento y cuestionaron al tabasqueño en sus acciones de protesta como fue la toma de pozos petroleros en Tabasco, las marchas desde esa entidad a la Ciudad de México, las manifestaciones denunciando fraude, el bloqueo a la avenida Reforma autoproclamándose presidente legítimo y, asimismo, durante y después de su sexenio.
Una vez que ganó la presidencia en 2018 declaró una guerra a la mayoría de la prensa y estableció una política de privilegios a los medios que consideraba le ayudaron durante los años de lucha, como el periódico La Jornada, o a los que consideró inicialmente estratégicos como Televisa y TV Azteca. A estos tres les destinó la mayor parte del presupuesto millonario.
Desde la conferencia mañanera López Obrador tildó de panfletos y corruptos a la mayor parte de los medios, periodistas y opinadores. Todo aquel que lo criticaba o cuestionaba era considerado enemigo: “estás conmigo o estás en mi contra” fue la consigna.
Una parte de la López Obrador fue ordenar reducir o en algunos casos como a Proceso suprimir los contratos de publicidad a la mayoría de los medios llamados tradicionales, mientras que a los yutuberos les ofreció todo el apoyo. “Benditas redes sociales” exclamó en alguna ocasión denostando a la prensa que lo cuestionaba.
Esta relación ríspida y adversa con la mayoría de la prensa nacional López Obrador se la heredó a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien siguiendo la misma política ahora mandó esta iniciativa que, según argumentó la consejera jurídica Luisa María Alcalde, privilegia la autorregulación de los medios de comunicación antes de recurrir a multas o sanciones.
Bajo este contexto es que esta iniciativa responde no a la necesidad de cuidar a las audiencias, sino proteger al gobierno de audiencias y de medios cada vez más críticos y adversos, algunos de ellos desempeñando la labor de oposición que no tienen los partidos, y en víspera de una elección en la que el movimiento Morena encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum se juega la mayoría en la Cámara de Diputados, los gobiernos de 17 estados y la supremacía como fuerza política nacional de cara a la elección presidencial del 2030.
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