Durante años, hablar de huachicol nos remitía invariablemente a una serie de imágenes: una toma clandestina, una manguera conectada a un ducto y vehículos esperando para cargar combustible robado. Era una actividad ilegal y millonaria, pero que, de alguna forma, siempre parecía ocurrir bajo esquemas de extracción un tanto rudimentarios, en operaciones realizadas bajo tierra, durante la noche o encubiertas en el interior de domicilios aledaños a los ductos.
Pero esta imagen ha quedado atrás.
En Reynosa, Tamaulipas, las autoridades recién aseguraron una instalación en la que encontraron casi 3.8 millones de litros de hidrocarburo. Pero el dato en sí no es el aseguramiento del combustible. Y es que tampoco se encontraron solo tambos o mangueras. En el predio había tuberías, tanques de almacenamiento, tractocamiones, pipas, motobombas, generadores, equipos de cómputo y hasta un sistema de videovigilancia.
No era solo un sitio donde se guardaba combustible robado. Era una operación con dimensiones y logística de tipo industrial. No era, pues, una bodega de huachicol. Era ya una pequeña refinería.
La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a este caso. Aseguró que refinerías clandestinas como la de Reynosa no se pueden denominar como tal, sino como centros de procesamiento, ya que las primeras requieren una serie de procesos más complejos a lo que se ha encontrado en estos sitios ilegales.
Pero más allá del tecnicismo —refinar o procesar—, lo que resulta innegable es que el crimen organizado ya no parece conformarse con perforar tubos y vender gasolina de manera clandestina. Ahora, al menos ya en algunos casos, tiene capacidad de conseguir ese mismo hidrocarburo, pero también de procesarlo, almacenarlo y eventualmente colocarlo en el mercado. Ya no es solamente una disrupción o afectación en alguna parte de la cadena productiva, sino participar de forma activa en la cadena completa.
El hallazgo fue presentado como un golpe importante. Y sin duda lo es. Son casi cuatro millones de litros asegurados. Si tomáramos como referencia una capacidad de 55 litros por cada automóvil en circulación en el país, con lo asegurado podrían llenarse los tanques de más de 68,000 vehículos. De ese tamaño fue el golpe. Pero el logro de las autoridades federales, en cierta forma, es también un bumerán que regresa con preguntas incómodas, a diferencia de las respuestas ofrecidas hasta ahora.
¿Cómo se construye una instalación así sin que nadie la detecte?, ¿quién instala los equipos?, ¿quién opera una planta que requiere conocimientos técnicos?, ¿de dónde proviene el hidrocarburo?, ¿cómo se trasladan millones de litros?, ¿quién compra el producto terminado?
Algunas respuestas a estas preguntas parecen tan obvias como conocidas. Pero la verdadera interrogante, la que de verdad debe preocupar —al gobierno, pero también a nosotros como sociedad—, es: ¿cómo puede funcionar esa cadena durante años sin que ninguna autoridad vea o haga algo?
Según fuentes citadas por El País de España, la instalación llevaba cuatro años operando y se encontraba a poco más de un kilómetro de un cuartel de la Guardia Nacional. El dato no demuestra complicidad alguna. Sería irresponsable afirmarlo sin pruebas. Pero sí exhibe, cuando menos, una capacidad extraordinaria de ocultamiento o una cadena igualmente extraordinaria de omisiones.
Porque una refinería clandestina no surge de la nada ni tampoco se improvisa de madrugada.
Necesita de espacio, maquinaria, trabajadores, técnicos, energía, vehículos, proveedores, rutas y, por supuesto, de compradores. Requiere que el hidrocarburo entre y que el combustible salga. Hablamos de un movimiento constante y mecanismos tan eficaces que logren dar una apariencia legal a partes cruciales del proceso.
En otras palabras, el crimen no solo desarrolló capacidad para producir. Ahora también aprendió a administrar.
Y esto es lo más grave, lo que más preocupa, lo que más llama la atención de lo ocurrido en Reynosa. Porque algunas organizaciones criminales ya son capaces de crear estructuras paralelas a las que posee una empresa pública del Estado como lo es Pemex. Pueden también contratar personal especializado, adquirir tecnología y operar cadenas logísticas que terminan operando mezcladas con la economía formal. Esto, por lo tanto, es algo que sale ya del ámbito de la “seguridad pública” y trastoca a otros elementos como son las aduanas, carreteras, energéticos, sistema financiero y comercio en general.
Por eso, el aseguramiento, pero, sobre todo, el hallazgo de Reynosa, podría ser apenas la punta del iceberg.
Porque no fueron las tuberías quienes diseñaron el negocio, ni los tanques quienes financiaron la operación. Mucho menos las pipas quienes decidieron qué rutas debían tomar. Detrás de esa infraestructura existen propietarios, técnicos, transportistas, proveedores. Toda una logística empresarial. Pero también, muy probablemente, funcionarios que no vieron, no quisieron ver o simplemente ayudaron a que nadie más viera. Por temor o complicidad. Por miedo o beneficio personal.
Hasta ahora, la FGR mantiene abierta la investigación y, hasta donde se sabe, no hay personas detenidas por este caso. Y esto comienza a ser una constante nada alentadora: autoridades asegurando cargamentos, vehículos, predios y maquinaria, pero cuyos responsables suelen diluirse entre carpetas de investigación, empresas apócrifas y nombres que jamás llegan ante un juez.
México necesita saber quién construye, financia, suministra el hidrocarburo; quién lo compra y qué autoridades fallaron —por complicidad u omisión— durante el tiempo que esta planta clandestina operó. De lo contrario, el aseguramiento servirá para sumar millones de litros a la estadística, pero no para desmontar este flagelo.
Lo ocurrido en Reynosa obliga a reconocer una verdad incómoda: cuando López Obrador, años atrás, decía que “el huachicol se había acabado”, probablemente tenía razón. Esas ordeñas de ductos, domicilios como fachadas para esconder dichas ordeñas, camionetas con tambos, parecen haber quedado reducidas. Lo de hoy no es el robo de combustible a pequeña o mediana escala, sino la producción del mismo a un grado casi industrial. Pasó de la manguera a la maquinaria; del escondite a la planta industrial; de la extracción clandestina a una cadena económica completa.
El Estado debe entender que contar litros asegurados es positivo. Pero que, al mismo tiempo, el crimen construya una industria completa, no lo es tanto.
Nos vemos el próximo jueves. Tenemos una cita con el poder.
Agendado. *@betoblizzard.
Únete al canal de WHATSAPP DE EL INDEPENDIENTE, también a nuestro canal de TELEGRAM y recibe las noticias clave del día, análisis y últimas actualizaciones directamente en tu celular.
El contenido de esta columna es responsabilidad exclusiva del columnista y no del periódico que la publica.
