Como saben, el Instituto Nacional Electoral (INE) integró la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas con la consejera Norma De La Cruz Magaña y los consejeros Uuc-kib Espadas Ancona y Arturo Chávez López, quien la preside. Sus funciones serán:
Recibir de los partidos políticos y aspirantes a candidaturas independientes las listas de las personas a postular a cargos de elección popular (federales o locales) previo a su registro. La Comisión debe garantizar la confidencialidad de la información recibida.
Remitir la información a las instancias en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financiera (como la FGR, CNI, UIF y CNBV) para que hagan un análisis y determinen si existe o no un riesgo razonable de posibles actividades delictivas.
Recibir los dictámenes de esas instancias donde se señale la presencia o ausencia de un riesgo razonable, sin que se revele el asunto específico del cual deriva el riesgo.
Notificar a los partidos o aspirantes independientes el número y las instancias que hayan identificado la existencia de un riesgo razonable en algún perfil, a fin de que aquellos determinen la procedencia o no del registro.
De tales funciones se deduce que la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas solamente será un puente informativo, sin facultades para acusar, juzgar, o vetar.
En este punto es donde la de por sí debilitada credibilidad del INE se encuentra en riesgo. Porque si un candidato (a) con vínculos evidentes con el crimen organizado compite en las elecciones del próximo año, los cuestionamientos serán en contra del Instituto, pues la ciudadanía tendrá la idea de que éste validó previamente la integridad de las candidaturas.
No es del todo así. La ley expresamente indica que la decisión del registro es de los partidos, y suponemos que de los aspirantes independientes en su caso. Incluso, la norma se presta a interpretaciones sobre la responsabilidad del INE, cuando establece que:
“Los partidos políticos, con base en la información que les sea proporcionada por la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, determinarán sobre la procedencia o no del registro de las personas evaluadas como candidatas por ese instituto político.”
Pero en realidad el INE está maniatado. Ni siquiera puede obligar a los partidos políticos a verificar la integridad de las pretendidas candidaturas, pues la acción es voluntaria. Es más, los partidos tienen la opción de presentar las listas en forma total o parcial. Lo mismo que aspirantes independientes.
Y ahí hay otro punto: “Los partidos políticos establecerán mecanismos para que las personas que pretendan ser postuladas manifiesten su conformidad de que su perfil sea objeto de un análisis de riesgo”. O sea, es con anuencia.
Es iluso creer que alguien se someterá voluntariamente a la revisión de las instancias en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y financiera. Capaz que pasa como en la cárcel: Que quien no es delincuente, sale delincuente.
La innovación se presta hasta como mecanismo de intimidación.
Menos darán su anuencia quienes tienen vínculos con el crimen organizado. De tontos se dejarán investigar a sabiendas que la ley otorga facultades a tales instancias para iniciar o continuar con las investigaciones en caso de encontrar “información relevante”.
En fin, que la consejera y los consejeros integrantes de la Comisión de Verificación de Integridad tienen enfrente el reto de sostener la poca credibilidad que le queda al INE, pues éste tiene la obligación de registrar las candidaturas si cumplen con los requisitos formales, incluso si existe una alerta de riesgo ignorada por el partido político, porque además permea el principio de presunción de inocencia.
¿Cómo sostenerla? Quizá desplegando toda la fuerza de las transparencia y del principio de máxima publicidad para evitar que el INE sea visto como “cómplice” de candidaturas malosas. Informar ampliamente en los márgenes permitidos por esa camisa de fuerza llamada confidencialidad.
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