Fue el primer examen de ingreso a licenciatura de la UNAM aplicado 100% en línea, con supervisión de una plataforma operada por la empresa Territorium Life. Se aplicó a 158 mil 723 aspirantes y durante la aplicación se identificaron varias anomalías, por ejemplo, el uso de celulares o suplantación de identidad, uso de doble cámara, audífonos miniatura, compra de preguntas, uso de IA en las respuestas etc. El detonante público fue un análisis estadístico que mostraba que el examen de 2025 sólo el 9% de aspirantes a Medicina superó los 100 puntos, pero en 2026 ese porcentaje subió al 30%, y también aumentaron los casos de aspirantes con cero aciertos o menos de 10, interpretados como «perfiles» que solo buscaban extraer preguntas del examen. En la carrera de Médico Cirujano, nueve aspirantes obtuvieron puntaje perfecto en un solo ciclo, cuando en el año 2021 ninguno había superado los 70 aciertos. Tras la presión de los hallazgos, la Comisión Técnica de la UNAM concluyó que debía aplicarse un examen de control presencial a los seleccionados y a quienes quedaron fuera, pero con puntajes equivalentes o superiores a los mínimos históricos 2021-2026. El rector Lomelí aclaró que no se busca repetir el examen desde cero, por el contrario, se propone un «examen de control» para verificar que los aceptados hicieron un esfuerzo real, descartando los puntajes de la prueba en línea.
Luego de los hechos, hay distintas posturas en juego. La UNAM defiende la medida como garantía de equidad, certeza, transparencia y credibilidad. Necesarias todas, si hablamos del ingreso a la mejor Universidad de toda América Latina. Desde la perspectiva de los aspirantes ya seleccionados (los que se sienten agraviados por la repetición del examen), tanto padres de familia como aspirantes aceptados exigen que se respeten los resultados, argumentando que cumplieron el proceso de forma honesta, y convocaron una marcha para exigir que se respete su lugar y rechazando el examen presencial de control. Ya circulan convocatorias para amparos legales masivos, con despachos jurídicos argumentando que los aspirantes honestos no deben pagar por fallas de seguridad de la plataforma. También se encuentra la postura de los aspirantes rechazados. Aquellos quienes empujaron la investigación de las anomalías encontradas, exigiendo que se anule y repita el proceso ante la sospecha de fraude masivo. Desde otra perspectiva, la óptica tecnológica, se encuadra que el problema es una falla del proveedor, pues la empresa se había comprometido a al menos 20 «candados» de seguridad, algunos apoyados en IA, y aparentemente fallaron en identificar las conductas para evadir la supervisión remota. En ese sentido, se ha planteado que la UNAM podría multar con hasta cuatro millones de pesos si se comprueban deficiencias en el contrato. Finalmente, la postura ética, la cual plantea que el dilema principal a discutir es que la gente que hace trampa lo hace por la presión por ingresar, miedo al fracaso, o una falsa creencia de que «todos lo hacen»— y cómo la tecnología está cambiando las formas de obtener ventaja, documentando prácticas como audífonos ocultos, relojes inteligentes, asesores a distancia y software para vulnerar la evaluación, debemos aprender a convivir con esto.
La decisión de la UNAM de someter a un examen de control a los aspirantes que están por ingresar a licenciatura en 2026 la ha expuesto frente a la sociedad y frente a sus críticos que, siempre son, los de siempre, los que reniegan de que en México exista un proyecto de Universidad público, gratuito y de calidad. Exponerse al mostrar estas fallas en su propio sistema de admisión y asumir el costo político y social de una medida que inevitablemente generará protestas es, desde mi perspectiva, un acto de responsabilidad institucional que sólo la UNAM podría hacer. Muchos pensarían que se pudo optar por el silencio, por diluir el escándalo en el tiempo, por dejar que la sospecha se disolviera sin consecuencias, por dejar pasar esta generación de estudiantes y ajustar en 2027. Pero, por el contrario, la UNAM eligió mirar de frente sus propios puntos ciegos y corregirlos, aun a costa de su prestigio inmediato.
Este examen de admisión es un síntoma de una transformación que atraviesa a toda la sociedad mexicana, pues la UNAM es un espejo de la sociedad. Vivimos en un tiempo en el que el acceso al conocimiento está corriendo a una velocidad y una capacidad nunca antes vista. Hoy con una herramienta de inteligencia artificial se puede resolver un problema en segundos. La miniaturización de la tecnología ha hecho que un dispositivo capaz de generar respuestas en tiempo real quepa en un audífono invisible o en un reloj de pulso. La UNAM no inventó ese problema, por el contrario, lo heredó de una sociedad que ya normalizó la trampa como atajo, y que hoy encuentra en la inteligencia artificial la extensión perfecta de esa lógica.
Precisamente por eso la respuesta de la UNAM adquiere una dimensión que trasciende lo administrativo. Como máxima casa de estudios, la Universidad tiene la obligación de garantizar que el ingreso a sus aulas sea un acto honesto, honorable y regido por una ética académica indeclinable. La UNAM debe proteger el significado mismo de lo que implica formar parte de la propia UNAM. Esto es un compromiso que empieza antes del primer día de clases, en el momento exacto en que un aspirante decide competir con sus propios méritos o buscar un atajo. Dejar que la sospecha de fraude masivo quedara sin respuesta habría sido aceptar que la ética académica es negociable frente a la conveniencia tecnológica, y con la decisión de repetir el proceso, nuestra Universidad afirma lo contrario.
Lo que hoy vivimos con este examen es quizá, el primer capítulo de un reto mucho mayor que se le presenta a toda la educación superior en México y el mundo, el cual consiste en entender cómo formar estudiantes capaces de convivir con la tecnología sin subordinar a ella su criterio, su esfuerzo, su responsabilidad social y su ética. Al exigir un regreso a lo presencial, la Universidad está trazando una línea necesaria para que ese futuro no se construya sobre el vaciamiento del esfuerzo humano.
*Marco Arellano Toledo es doctor en Ciencia Política.
Profesor en el Centro de Estudios Políticos de la FCPYS en la UNAM.
X: @marellano7
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