Las encrucijadas de nuestro tiempo reclaman una mirada que rebase la inmediatez tecnocrática para interrogar el reverso de la modernidad digital.
Días atrás, en el ágora de Palacio Nacional, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, entronizó las tesis de Jonathan Haidt, autor de La generación ansiosa.
Lo que pudo ser un diagnóstico riguroso sobre el malestar civilizatorio de la juventud degeneró en un acto de fe.
Sin mediación crítica ni asidero en el consenso científico actual, una hipótesis polémica —emanada de un corpus severamente cuestionado en las universidades occidentales— fue elevada a dogma de Estado para legislar sobre el aula.
La angustia, el aislamiento y la depresión juvenil son heridas reales que laceran el tejido comunitario.
Empero, el reconocimiento de este cataclismo social no autoriza un reduccionismo causal.
El debate científico global rechaza el maniqueísmo que condena al teléfono inteligente como el único demonio de la psique contemporánea.
Como advierten voces de la talla de Candice Odgers y publicaciones como Nature, la crisis hunde sus raíces en constelaciones socioeconómicas complejas; confundir correlación estadística con causalidad analítica es un síntoma de frivolidad que la política pública no puede permitirse.
Este contexto modifica por completo el análisis. Hablar de una generación permanentemente conectada resulta una generalización que no describe la realidad mexicana. Mientras algunos viven inmersos en plataformas digitales, otros todavía enfrentan dificultades para acceder a una conexión estable que les permita estudiar, trabajar o desarrollar habilidades tecnológicas.
La brecha digital no es sólo un indicador de conectividad; es la expresión de desigualdades estructurales que condicionan las oportunidades de desarrollo.
Los teléfonos móviles han adquirido una enorme importancia en la sociedad del siglo XXI, volviéndose imprescindibles para la vida diaria de los jóvenes y desplazando al ordenador como principal puerta de acceso a la red.
A nivel global, no solo se incrementa el tiempo de pantalla, sino que la edad de acceso desciende de forma constante.
Sin embargo, pretender que esta inmersión digital opera como una mutación antropológica homogénea bajo el prisma de Haidt —privación social, del sueño, fragmentación atencional y adicción algorítmica— ignora la realidad nacional.
Los datos del INEGI desmoronan el mito de la hiperconectividad universal: mientras las zonas urbanas superan el 86% de acceso, regiones enteras como Chiapas, Oaxaca y Guerrero languidecen muy por debajo del promedio.
Hablar de adicciones generalizadas cuando millones de niños batallan por conseguir una conexión estable —o estudian en planteles sin agua potable, electricidad y sanitarios funcionales— es una falacia que invisibiliza el abandono estructural.
Aceptar de forma acrítica los diagnósticos importados del Norte global implica ignorar las ondas cicatrices de nuestra geografía.
En los sectores privilegiados el exceso de conectividad atomiza los vínculos, mientras que en las periferias la ausencia de recursos profundiza una marginación de doble vía: faltan herramientas para la economía del conocimiento y sobran carencias materiales.
Frente a estos desafíos, la comunidad internacional ha ensayado respuestas diversas.
Según los registros de la UNESCO, más de la mitad de los sistemas educativos del planeta han articulado normativas para contener el azote de las pantallas en el aula, desplegándose en tres grandes coordenadas.
En primer término, reluce el modelo de prohibición total, adoptado por naciones como Francia, los Países Bajos o China, donde la veda es absoluta en toda la jornada escolar bajo el amparo de una infraestructura institucional dotada de tabletas y computadoras propias.
En las antípodas de esa línea dura asoma el modelo de restricción parcial, imperante en América Latina y en diversos estados de la Unión Americana, que confina la prohibición estrictamente al tiempo de cátedra para evitar estrangular tecnológicamente a estudiantes cuyo único puente con la red es un modesto teléfono móvil.
Por último, gravita el modelo de regulación pedagógica, ensayado en Ontario y replicado tímidamente en dieciséis entidades federativas de nuestro país, el cual prohíbe el dispositivo por defecto, pero reserva al docente la facultad de encenderlo como herramienta de coeducación e investigación guiada.
Por ello preocupa que la SEP haya presentado este debate bajo una lógica casi binaria: las pantallas como amenaza y la restricción tecnológica como solución implícita.
Ese enfoque simplifica un fenómeno extraordinariamente complejo y corre el riesgo de alimentar una condena moral en torno a la tecnología.
Frente a esta realidad, el gobierno opta por lo fácil: reducir el mundo de las infancias y adolescencias a una prohibición moral y sermonear desde el púlpito presidencial mientras millones de alumnos estudian literalmente en la intemperie —una dolorosa estampa que jamás asomó en la presentación oficial de Palacio Nacional—.
La verdadera obligación democrática exige valentía republicana: regular con sensatez los dispositivos en clase, rescatar el juego libre en los recreos y reconstruir, mediante la equidad presupuestal y el vínculo humano, el maltrecho santuario de nuestra escuela pública.
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