Ya es común que la narrativa del gobierno federal haga uso de datos que buscan construir en el imaginario colectivo una imagen de eficacia en la gestión pública, y que ésta se busque contrastar con “la corrupción”, “los privilegios” y ahora hasta “el odio al pueblo” de lo que siguen denominando, en esa narrativa, como “la época neoliberal”, y los intereses de “los conservadores”.
Este ejercicio de comunicación política ha caído en excesos evidentes, tanto al ensalzar supuestos logros gubernamentales que no son de la magnitud que se busca presentar, como en hacer comparaciones vacías, acusaciones sin sustento y sin pruebas, las que sí exigen para sostener cualquier crítica o denuncia contra miembros y simpatizantes del régimen.
En este momento hay un debate, impulsado desde el gobierno durante las conferencias de prensa mañaneras, sobre la importancia de los “derechos de las audiencias”, el cual, en opinión de especialistas y opositores, se dirige hacia medidas que buscan regular, y por tanto, limitar, la libertad de expresión, imponiendo la censura, tanto en la prensa tradicional como en las redes sociales.
Hay que reconocer que las redes sociales y plataformas digitales implican un riesgo para el desarrollo cognitivo y emocional de niños y jóvenes, que podría interferir en sus procesos de aprendizaje e incluso ocasionar una crisis de salud mental para las nuevas generaciones. En este sentido, buscar las mejores maneras de abordar el problema, que podrían incluir la regulación de plataformas, la educación tecnológica de niños, jóvenes y sus familias y otras medidas, resulta loable.
Sin embargo, es lamentable que se aproveche un asunto tan relevante para el bienestar presente y futuro de la población, para imponer reglas y acciones que buscan acallar las voces críticas, las cuales reflejan visiones distintas sobre la situación real que enfrenta el País y sobre sus grandes desafíos, que difieren de la narrativa gubernamental y son incómodas para los intereses del régimen.
Con ese objetivo, se utilizan desde el poder las mismas tácticas que implementan para imponer sus relatos, que en muchas ocasiones podrían clasificarse como ficción, ante lo cual los voceros del régimen, sean servidores públicos, líderes partidistas, legisladores, periodistas y algunos pseudo comunicadores niegan, entre sonrisas y gestos, que el objetivo sea el de censurar a la oposición.
Cualquier norma o acción que, desde el poder público, inhiba o restrinja la construcción y la difusión de opiniones, o de interpretaciones distintas a la visión del gobierno, aun cuando varíen diametralmente de los argumentos con que éste trata de convencer a la población de sus supuestos logros y resultados, se encamina claramente hacia la censura, hacia la intolerancia a mensajes contrarios a los intereses de quienes están al frente de las instituciones públicas, hacia la imposición de una sola manera de ver y entender las cosas. Esto, contrario a lo que se afirma desde el régimen, evita que la población cuente con información suficiente para discernir, reflexionar y construir su propia opinión, lo cual vulnera sus derechos como audiencia.
Por otro lado, estas acciones no afectan a la comunicación que surge del propio gobierno ni se autoimponen restricciones a lo que desde ahí se afirma, sin pudor y sin respaldo sólido. Lo más preocupante es lo que, haciendo uso de recursos públicos, declara parcial, partisana y en ocasiones hasta abusivamente la presidenta Claudia Sheinbaum en sus conferencias de prensa, apoyada ahora, de manera ilegal e ilegítima, en su Consejera Jurídica, Luisa Alcalde, a quien, fuera de lo que establece la ley, se le han atribuido facultades de comunicación social.
En el gobierno anterior fue común que se realizaran, ante la prensa nacional y ante la población mexicana, afirmaciones falsas y fantasiosas que llegaron al nivel de burla, y que están plasmadas en la historia de la comunicación política en el País. Por ejemplo, que el sistema de salud en México era ya mejor que el de Dinamarca, o que ya se acabó la corrupción en el gobierno, entre muchas otras ocurrencias que mostraron una visión prácticamente aldeana de los problemas públicos y de las políticas de gobierno.
Sin embargo, resulta incongruente que una mujer con las credenciales académicas y políticas de la presidenta Sheinbaum, haga uso de herramientas discursivas que en ocasiones se basan en argumentaciones simplistas y falaces. Hace poco afirmó que antes del 2018 los gobiernos que aplicaron el modelo neoliberal, un modelo de la oligarquía, el cual solo servía para que los se llenaran los bolsillos a costa del pueblo, privatizaron los servicios de salud, mientras que los funcionarios se atendían en servicios de salud privados y por eso no invertían en las instituciones públicas, y que por ello fue deteriorándose la atención.
Afirmó también que con el seguro popular solo sirvió para construir hospitales que se dejaron vacíos, sin equipar ni funcionar.
Ante ello, la presidenta dice que están al rescate de la salud pública porque es un derecho del pueblo, que están mejorando la atención primaria a la salud, que defienden la libertad y la justicia social, por lo cual su gobierno promueve una supuesta atención universal, es decir, según se ha afirmado, que cada persona pueda ser atendida por el IMSS, ISSSTE o el IMSS Bienestar, para lo cual sería estrictamente necesario el fortalecimiento de las tres instituciones. Sin embargo, en lugar de avanzar en mejorar radicalmente sus servicios, las primeras acciones de este “nuevo modelo” se dirigen hacia un proceso de credencialización de la población para acceder a los tres sistemas de salud, como si una credencial asegurara la salud de la población, o por lo menos el acceso a una atención digna.
Es poco este espacio para debatir cada una de las afirmaciones descritas, pero si ese diagnóstico simplista, acusatorio, parcial y sesgado es del que parte la política pública del Estado en materia de salud, y un proceso de credencialización es la respuesta a los problemas que enfrenta el sector, será muy difícil que se logre mejorar en serio la salud de la población y eliminar los rezagos.
Según el resultado de la medición multidimensional de la pobreza en México, en 2022, el 39.09% de la población tenía carencia de acceso a servicios de salud, cifra que se eleva al 54.82% en áreas rurales y se sitúa en 33.95% en las urbanas. También de acuerdo al INEGI, el gasto en salud en 2024 fue equivalente al 3.4 % del gasto corriente monetario de los hogares, mayor a los niveles de 2016 o 2018 que rondaban el 2.6 %.
Quienes tienen acceso y han requerido de servicios de salud públicos, han sido testigo de carencias, ineficiencias, ineptitudes y de un trato indigno. Lo común es ver a los derechohabientes durante horas haciendo filas desde las siete de la mañana, o antes incluso, para ver si es posible sacar una cita con un especialista, la cual podría tardar meses en suceder, si es que hay; lo mismo si se requiere algún estudio de laboratorio; la falta constante de medicamentos y material médico; insuficiencia de equipos; procesos burocráticos lentos e interminables para gestionar una cirugía; médicos sin la formación adecuada, residentes encargados de pacientes graves y enfermeras a quienes lo que menos les importa es el estado de los pacientes (salvo honrosos casos) y una nula rendición de cuentas sin definición ni castigo a los responsables cuando algo sale mal. Esto no es nuevo, pero dista mucho de ser resuelto.
Un País sin un sistema adecuado de salud pública carece de los elementos necesarios para impulsar el crecimiento económico, el desarrollo pleno de su población y el bienestar social.
Aun cuando el problema de la salud de la población y su solución no están solamente en el ámbito público, es desde el gobierno de donde debe de surgir la respuesta. Es claro que en el sector privado los abusos, los precios excesivos y la falta de información clara, completa y oportuna, resultan comunes y son señales de un sistema injusto y desigual que debe ser mejor regulado, junto con el sector de los seguros de gastos médicos. Resolver los problemas de salud de la población requiere de ideas imaginativas, de alianzas estratégicas entre el sector público y privado y de un gobierno fuerte que haga valer las normas y regulaciones.
Es necesario convocar a una gran alianza por la salud con especialistas en salud pública, nacionales e internacionales, académicos, y ex servidores públicos del sector, sean o no afines al gobierno y su partido, así como con organizaciones civiles. Hay que ser claros, se requiere refundar el sistema de salud pública nacional, con un cambio profundo de instituciones, reglas, asignación y distribución de recursos, y con mecanismos sólidos de rendición de cuentas. Necesitamos construir el sistema de salud que merece la población. Es lo justo.
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