Del examen al amparo

Días atrás platicábamos en estas líneas sobre el enorme problema en que se había metido la UNAM con el tema del examen de admisión. Y mencionábamos que, si se confirmaban las trampas en esta prueba que fue realizada totalmente en línea, tendría frente a sí una salida inevitable pero injusta a la vez: volver a aplicar el examen de manera presencial.

Inevitable, porque mantener los resultados tal y como estaban significaría aceptar como válido un proceso cuestionado y hoy con irregularidades ya reconocidas. Injusta, porque quienes estudiaron durante meses y obtuvieron su lugar legítimamente -a pesar del marcado incremento en el número mínimo de aciertos en este último proceso de admisión, derivado precisamente de las trampas- tendrán que volver a demostrarlo, por culpa de quienes burlaron al sistema, pero también de quienes construyeron y permitieron un sistema que claramente pudo ser engañado.

La Universidad Nacional ya tomó la decisión: volverá a aplicar el examen -solo a quienes obtuvieron los puntajes mínimos referenciados a los años anteriores- y con base en este resultado, asignará los lugares.

Porque no nos engañemos. El examen “de control” es una repetición del primero pero que, muy seguramente, por cuestiones jurídicas, tuvo que ser llamado de esta forma. Técnicamente es un segundo examen. En la realidad, otra vez el primero.

Al final del día, aquellos aspirantes que ganaron legítimamente su ingreso a la UNAM en el primer examen, tendrán que pasar otra vez por el mismo proceso pero, en la práctica, revalidar su lugar podría ser incluso más sencillo. Si con varios cupos a la Universidad cooptados mediante trampas, ellos pudieron obtener el suyo, ahora, en un terreno parejo para todos, muy seguramente lo volverán a lograr.

Pero como era de esperarse, otros de estos aspirantes han decidido responder por la vía legal, promoviendo demandas de amparo para impedir que se desconozcan sus resultados y evitar ser obligados a presentar este nuevo examen. Hasta ahora algunas demandas han sido admitidas pero todavía no se ha obtenido suspensión alguna. El tema es que el conflicto ya no se encuentra solamente en manos de la Universidad.

Quienes se han inconformado -sobre todo, aquellos que actuaron legalmente en el examen- tienen un argumento entendible: participaron bajo ciertas reglas, recibieron el resultado oficial, fueron notificados que habían sido seleccionados y, hasta después de todo esto, la institución añadió una nueva condición. Y es aquí donde encontramos otro eslabón de la larga cadena de errores por parte de la UNAM: si la Universidad se dio cuenta -porque era algo más que evidente- que los resultados de este año, rompían por completo la lógica de años anteriores, ¿por qué no buscó la forma de evitar la crisis antes de que estallara, es decir, por qué anunció los resultados, confirmó a las y los aceptados y, hasta después, decidió echar reversa a todo?

Evidentemente cabe otra posibilidad, todavía peor: que las autoridades universitarias, teniendo los resultados pero sin haberlos hecho públicos aún, no hayan reparado en las enormes discrepancias de los números de aciertos de este examen en comparación con los del pasado.

Porque una cosa es hablar solo de negligencia. Otra, sumarle la ineptitud.

Sin embargo, retomando el tema del amparo y lo entendible que puede ser esta medida para muchos aspirantes, la UNAM, ante todo esto, también tiene una defensa poderosa: si existen indicios de que muchos aspirantes recibieron ayuda, preservar todos los resultados originales significaría convalidar posiblemente lugares obtenidos mediante trampa; lugares que podrían haber sido arrebatados a quienes hicieron todo correctamente.

Unos, los aceptados, podrán ampararse solicitando que se respeten su propio resultado y la convocatoria original de la UNAM. Pero si estos amparos proceden entonces otros, del grupo de rechazados, podrían también buscar un amparo al considerar que sus lugares, que pudieron ser legítimamente obtenidos, fueron tomados por otros que, violando los preceptos de la propia convocatoria, se hicieron de ellos.

Y es que, si los jueces respaldan el examen de control, jóvenes inocentes tendrán que repetir el examen. Si protegen los resultados originales, jóvenes que merecidamente debieron haber obtenido su ingreso a la Universidad, quedarán fuera. En cualquier escenario judicial, inocentes terminarán resultando afectados.

Vaya galimatías legal el que estamos por observar en los días por venir.

Pero mientras toda la atención se centra en los aspirantes que tendrán que repetir el examen y en las resoluciones de los jueces, hay un examen que todavía no se aplica: el de quienes tomaron una serie de decisiones que, hoy por hoy, nos tienen en este terrible lugar.

¿Quién determinó que la prueba podía realizarse completamente en línea? ¿Quién aseguró que los controles impedirían la ayuda externa? ¿Quién supervisó a la empresa responsable? ¿Quién validó resultados tan distintos a los de años anteriores? ¿Y quién responderá por las consecuencias que ahora enfrentan miles de jóvenes?

La secretaria general de la UNAM renunció, mientras que la Universidad anunció la rescisión anticipada del contrato con la empresa encargada de la aplicación del examen. La primera parece más una intentona por buscar chivos expiatorios. La segunda, la mínima consecuencia esperada. Pero, en cualquier caso, ambas medidas resultan insuficientes.

La Comisión Técnica ha señalado que su trabajo no termina con el examen de control y que continuará investigando para esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades. Eso deberá traducirse en resultados públicos, decisiones, omisiones y consecuencias. Hablar genéricamente de “irregularidades”, no basta.

La autonomía de la UNAM la protege de interferencias externas, pero no la exime de rendir cuentas. Y la mejor forma de defenderla es demostrar que puede investigarse, reconocer sus errores y sancionarlos sin que nadie desde fuera tenga que obligarla.

En unos días, miles de jóvenes tendrán que demostrar -nuevamente- que merecen ingresar a la UNAM. Otros intentarán demostrar ante un juez que ya habían ganado ese derecho. Y después será la Universidad la que tendrá que demostrar que sigue mereciendo la confianza de esos mismos jóvenes, pero también de toda la sociedad.

Porque el examen de control decidirá quiénes pueden entrar a sus aulas. Pero el examen que la UNAM se aplique a sí misma decidirá si realmente logra recuperar su credibilidad.

Nos vemos la próxima semana. Tenemos una cita con el poder.

Agendado. @betoblizzard.