Es relevante y nada descabellada la propuesta del consejero Uuc-kib Espadas Ancona de que el Instituto Nacional Electoral (INE) implemente dos boletas distintas para las elecciones de diputaciones federales: Una para mayoría relativa y otra para representación proporcional.
Porque al ejercer el voto de manera diferenciada, se garantiza plenamente la libertad del voto que la ciudadanía tiene por mandato constitucional; libertad nula al “elegir” diputaciones de representación proporcional o plurinominales.
Pues cuando el elector vota por diputados federales de mayoría relativa, marca el recuadro donde aparece el emblema de un partido político y su fórmula de candidatos, pero al hacerlo en automático vota por la lista regional de diputados de representación proporcional de ese mismo partido impresa al reverso de la boleta.
Cosa que seguramente no sabe el 99.99% de los electores, y desconoce quiénes son las y los candidatos de representación proporcional. Y aunque lo sepa, los conozca y no les guste, irremediablemente su voto dando en la elección de mayoría, también cuenta para aquellos.
El elector queda obligado, condicionado, al voto en paquete. Así no hay voto libre al “elegir” plurinominales; y elegir es un decir, porque realmente no los elige, sino el sistema electoral se los impone mediante normas tramposas diseñadas en la época hegemónica priista y de las cuales ahora se benefician todos los partidos políticos.
Ciertamente, la ley secundaria establece que “las boletas para la elección de diputados llevarán impresas las listas regionales de los candidatos, propietarios y suplentes, que postulen los partidos políticos.”
Sin embargo, la Constitución Política precisa que “los partidos políticos tienen como fin (…) hacer posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público (…) mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo…”
Incluso, la misma ley secundaria refuerza el mandato constitucional explicitando los atributos del voto: “Es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. Quedan prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores.»
Por cierto, cuando el voto del elector en la elección de diputados de mayoría relativa cuenta en automático para la lista regional del mismo partido político, pareciera que su voto pierde así el atributo de “directo” para plurinominales.
Es como dice Uuc-kib Espadas, es un tema de derechos humanos, pues obligar al ciudadano a votar por el mismo partido para elegir diputados por dos principios distintos, restringe la libertad del sufragio.
Hasta la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo debería respaldar la propuesta del consejero electoral, considerando que ella se ha pronunciado a favor de que los candidato pluris realicen campaña. Una boleta independiente obligaría a dicho proselitismo, el cual no requeriría presupuesto adicional, bastaría con que acompañen a los candidatos de mayoría en sus recorridos.
No obstante, de tratarse de un asunto de derechos humanos, la propuesta de Uuc-kib Espadas parece estar condenada a no pasar en el Consejo General del INE dada la tendencia ideológica o compromisos de la mayoría de las y los consejeros electorales.
Y si llegara a pasar en razón del deber del árbitro electoral de observar la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, quien sabe si la decisión la avale la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde eso sí, hay que reconocerlo, hay magistrados y magistradas con gran capacidad argumentativa para acomodar las cosas a determinados casos concretos.
Hay diversos instrumentos internacionales que justificaría privilegiar la libertad plena del voto en la elección de diputados de representación proporcional con boletas distintas para un voto diferenciado, considerando que el voto libre en derecho internacional se considera como una “decisión ciudadana sin coacción, presiones, amenazas ni ataduras normativas o materiales que distorsionen su voluntad”.
Ah, y en cuanto al presupuesto para la impresión de boletas, sería lo de menos, cuando lo demás es garantizar el ejercicio de un voto libre que además impactaría en la integración de la Cámara de Diputados con una representación política más democrática, con una asignación a los partidos políticos de diputaciones de representación proporcional en función de votos legítimos en este principio.
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