El mercado de bebidas alcohólicas de alta graduación, altamente regulado, no puede competir con productos ilícitos que no pagan impuestos ni cumplen normas sanitarias, sin embargo, sigue creciendo su demanda por consumidores mexicanos.
La industria formal pide cerrar la brecha impositiva y reforzar la comunicación con los consumidores para proteger la salud pública y la recaudación.
En México, la venta de bebidas alcohólicas adulteradas e ilícitas se ha convertido en un problema creciente que amenaza la salud pública y se convertido en una auténtica competencia desleal.
El caso más reciente se ilustró con crudeza en Guanajuato: un “tequila” adulterado con metanol —comercializado vía Facebook en un rango de 100 a 190 pesos, frente a un precio comercial de hasta 450— dejó en junio pasado al menos seis muertos y más de treinta con ceguera o daño neurológico, de acuerdo con la Fiscalía estatal.
Se trata de la prueba más dolorosa que en ese mercado lo barato sale caro, y las autoridades tienen que tomar medidas desde diversos frentes.
La dimensión del fenómeno es considerable. De acuerdo con mediciones de la industria de destilados formal basadas en cifras de Euromonitor cerca del 40 por ciento de las botellas que se comercializan en mercado mexicano no pagan los impuestos correspondientes, y alrededor del 10 por ciento presenta problemas de adulteración.
La evasión asociada rondaría los 19 mil millones de pesos anuales —unos 5 mil millones más que hace cinco años—, en un mercado ilegal que, lejos de reducirse, no ha dejado de crecer.
A la adulteración se suma un canal que multiplica el riesgo: las redes sociales.
El Consejo Regulador del Tequila (CRT) y la Cofepris han alertado en los últimos meses sobre la venta de bebidas de dudosa procedencia —muchas veces falsificando marcas reconocidas— a través de redes sociales como Facebook ó WhatsApp, amén de plataformas de comercio electrónico donde proliferan prácticas como el rellenado clandestino, la reutilización de envases, y la alteración de sellos.
Queda claro que el mercado formal de destilados esta en clara desventaja.
Su alto nivel de regulación sanitaria y fiscal, aunado a procesos muchas veces artesanales, se refleja en el precio.
A ello añada que la estructura actual del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) grava el valor del producto con un gravamen de 26.5 por ciento cuando tiene 14° G.L., con 30 por ciento de 14° a 20° GL, y con una tasa de 53 por ciento cuando se trata de una bebida por encima de 20°, es decir a mayor calidad y precio, mayor impuesto, mientras que lo ilícito —que no tributa ni cumple norma alguna— compite únicamente por precio.
Dicho de otro modo: lo barato no paga impuestos ni cumple regulaciones sanitarias, y esa brecha es precisamente la que vuelve atractivo lo ilegal cuando el consumidor mexicano en muchos casos se inclina por el producto barato.
Añada en este contexto que medidas restrictivas como las “Leyes Secas” pueden resultar contraproducentes, ya que al suspender la venta en el canal formal la demanda no desaparece: se desplaza al mercado clandestino, donde el producto tiene mayor probabilidad de estar adulterado.
En ese tenor cámaras de comercio han advertido de forma reiterada que esas restricciones golpente al comercio establecido y, en la práctica, terminan por incentivar la venta ilegal de alcohol, de ahí la urgencia de modernizar la aplicación del IEPS.
Por lo pronto, las destilerías que están en la formalidad proponen tres líneas de acción:
- Replantear y modernizar el IEPS. Transitar de un esquema ad valorem (sobre el precio) a uno ad quantum, que grave el contenido de alcohol y no el valor del producto. Un impuesto por grado y litro de alcohol equipara la carga entre productos con el mismo contenido, reduce la brecha de precios frente a lo ilícito, simplifica la recaudación y desincentiva la evasión y la facturación apócrifa.
- Reforzar la comunicación con las y los consumidores mayores de edad. Informar de manera clara sobre los riesgos reales a la salud y sobre cómo identificar un producto legítimo, para que la decisión de compra no dependa únicamente del precio.
- Fortalecer la vigilancia del comercio ilícito digital. Concentrar los esfuerzos en perseguir la venta de la venta de bebidas adulteradas en redes sociales y plataformas, en lugar de medidas indiscriminadas que penalizan al comercio formal.
Para la industria el problema de la adulteración no se combate castigando a quien cumple, sino cerrando la brecha que hace atractivo lo ilegal, de ahí que un IEPS moderno, cobrado por contenido de alcohol, junto con una mejor información al consumidor, podría proteger a la vez la salud pública y la recaudación.
La ruta del dinero
Definitivamente no fue bien recibida al interior del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) que presiden Jorge Esteve nuevos señalamientos del gobierno de Estados Unidos que vinculan, de manera general, a productos agroalimentarios mexicanos, entre ellos lechuga, chile jalapeño, cilantro y perejil con posibles riesgos de inocuidad, sin que dichas afirmaciones estén acompañadas de evidencia científica concluyente ni de una trazabilidad completa de la cadena de suministro.
Para el organismo generalizar una sospecha a categorías completas de productos o a todo un país, sin haber concluido el rastreo técnico correspondiente, puede generar alarma innecesaria entre los consumidores, además de afectar injustificadamente a productores y trabajadores lo que puede provocar distorsiones en mercados altamente integrados… Fíjese que como parte de la modernización del Metro de la CDMX que lleva Adrián Rubalcaba se tiene prevista la instalación de 152 equipos de última generación para habilitar 108 pasillos motorizados en estaciones de las Líneas 2 y 3 de ese sistema de transporte colectivo, además de la modernización de torniquetes en estaciones de las Líneas A y B. Le adelanto que ese proyecto alcanza a las estaciones Indios Verdes, Universidad, Chabacano Viaducto y Portales, además de San Lázaro, Tepito, Lagunilla y Garibaldi. El primer beneficio de esa medida será para el pasajero con accesos más rápidos, además que los nuevos equipos también incorporaran sensores que detectan intentos de ingreso sin pago, el paso de dos personas con una sola validación e incluso permiten una apertura automática en caso de una eventual evacuación.
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