La necesaria regularización en la tenencia de la propiedad como patrimonio familiar, es uno de los grandes desafíos de nuestra capital. Esto se debe, en gran medida, a la dificultad material y económica para acceder a los servicios notariales. Por ello, no sorprende que una urbe que se ha resistido a la gentrificación, responda ahora con energía contra el delito de despojo y defienda el derecho de las familias a la vivienda.
El Gobierno de la Ciudad de México, sensible y atento a este fenómeno, ha tomado con firmeza este desafío para atenderlo y brindar soluciones para la sociedad capitalina. En los últimos tiempos, las redes sociales y los medios de comunicación han denunciado una crisis por el delito de despojo en la capital. Sin duda, éste es un delito grave que afecta profundamente la vida de las personas que lo sufren, más aún en el caso de sectores vulnerables, como el de las personas mayores que representan el mayor porcentaje de víctimas de este delito.
No obstante, es preciso señalar que las estadísticas por el delito de despojo en la Ciudad de México se mantienen estables desde 2019 a la fecha, es decir, no ha habido un aumento en la incidencia de este ilícito. Además, es importante aclarar que sólo la tercera parte de las denuncias que se presentan reúnen los elementos del tipo penal de despojo, el resto recaen en otro tipo de problemas y situaciones jurídicas–muchas de carácter civil– que igualmente deben atenderse, pero no constituyen despojos.
En ese contexto, el pasado 5 de agosto la Jefa de Gobierno Clara Brugada, en coordinación con el Gabinete contra el Despojo de la Ciudad de México, anunció una serie de medidas que conforman una estrategia integral para combatir ese flagelo en nuestra ciudad capital.
El anuncio evidencia la amplia coordinación interinstitucional que existe en el tema. Ahí estuvieron presentes la titular de la Fiscalía General de Justicia, la Consejera Jurídica, el Secretario de Seguridad Ciudadana, el Secretario de Gobierno y el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quienes se sumaron a esta estrategia para colaborar y brindar soluciones desde el ámbito de sus respectivas competencias.
Además del marco jurídico e institucional existente para la persecución de este tipo de delitos, el Gabinete contra el Despojo ha impulsado la adopción de nuevos y más robustos mecanismos para la atención de este tema. Por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha establecido un protocolo de reacción inmediata para aquellos casos donde hay flagrancia, es decir, cuando es notoria la acción ilegítima para el forzamiento de cerraduras, cambio de chapas, etcétera. En los casos donde no se acredita la flagrancia, la policía canaliza el asunto a las autoridades ministeriales.
Igualmente, la FGJCDMX ha creado una Fiscalía especializada que cuenta con la capacidad para que –en los casos donde se configuran todos los elementos del despojo– se asegure y restituya el inmueble en un plazo de 15 días y se judicialice la carpeta de investigación en un máximo de 30 días.
Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia anunció la integración de tres mecanismos en el tema: una unidad especializada en atención al delito de despojo conformada por veinte jueces, un registro de datos institucionales en el tema y un área receptora de órdenes de desalojo que verifique su legalidad; asimismo se reforzará la vigilancia en los mecanismos de conciliación.
Es de reconocer que la Consejería Jurídica ha puesto en marcha una gran cantidad de acciones en esta materia, entre las que destaca la integración de una red de 100 profesionistas del derecho que atenderán a la ciudadanía directamente en el Zócalo capitalino para orientar a la ciudadanía sobre este tema y asumir la defensa jurídica de víctimas pertenecientes a grupos vulnerables. Además, la Consejería ha anunciado la difusión de una cartilla de prevención sobre este tema para que la gente sepa qué hacer antes y después de ser víctima de este tipo de hechos delictivos.
Es muy relevante que el Gobierno de la Ciudad también anunció un programa de regularización del patrimonio de las familias como medida adicional para combatir este delito.
De esta manera, nuestra Jefa de Gobierno, Clara Brugada, asume con valentía, responsabilidad y compromiso social este importante reto y encabeza esta importante iniciativa integral contra el despojo para garantizar la tranquilidad y certeza jurídica de las familias capitalinas sobre su patrimonio que tanto les cuesta edificar.
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