En medio de un acoso sistemático por parte de los distintos órganos de inteligencia y policiales de Estados Unidos, así como también la injerencia de los departamentos de Estado y de Justicia en contra de México, incluida la embajada estadunidense que financia y organiza a grupos empresariales y medios de comunicación para generar desestabilización social con el propósito de impulsar a opositores políticos y presionar al gobierno federal que considera de corte “comunista”, el gobierno de Donald Trump anuncia una vez más su intervencionismo disfrazado de combate a los cárteles del narcotráfico y ofrece recompensas de hasta 100 millones de dólares a quien aporte información para la captura de algunos líderes criminales del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Bajo la premisa de que es de interés de Estados Unidos combatir al crimen organizado que surte infinidad de drogas (principalmente fentanilo, cocaína, metanfetaminas y mariguana) a grupos delincuenciales bien organizados que operan impunemente en el país vecino, la administración de Trump omite explicar qué hace su gobierno para atacar el enorme consumo de estupefacientes que provoca la muerte de millones de estadunidenses, principalmente jóvenes.
Ante las flagrantes violaciones a tratados internacionales por la aplicación de leyes extraterritoriales que ha llevado a Estados Unidos a secuestrar y asesinar presidentes, cambiar gobiernos y amedrentar a la sociedad mundial que, según sus consideraciones, los considera opositores a sus perversos intereses, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum mantiene una posición firme en defensa de la soberanía e independencia del país.
Bajo esa amenaza y presión constantes de Estados Unidos, el gabinete de seguridad en México, a través de Fuerzas Armadas, Secretaría de Seguridad y órganos de inteligencia, ha incrementado y ampliado su actuación en todo el territorio nacional para acotar la operación de los cárteles del narcotráfico, lo que ha permitido disminuir los asesinatos y en general la violencia, pero también ha derivado en una constante recomposición de las estructuras criminales y nuevos mandos en esos grupos delincuenciales en el país.
Informes de inteligencia a los que se tuvo acceso, revelan por ejemplo que al gabinete de seguridad le preocupan y persigue principalmente las estructuras criminales de siete grandes cárteles por sus zonas de influencia, su capacidad delictiva y su relación con otros grupos menores: Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Pacífico, Cártel del Golfo, Los Arellano Félix, Los Beltrán Leyva, Cártel Santa Rosa de Lima y La Familia Michoacana. De la información, también destaca el ascenso del Cártel del Noreste, así como la presencia de dos organizaciones extranjeras: Mara Salvatrucha y Tren de Aragua.
Mientras esto hace México, el gobierno estadunidense anuncia la ampliación de su ofensiva contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al ofrecer recompensas por hasta 102 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de ocho de sus presuntos líderes y operadores. Anuncia además de que retiró la visa a 65 familiares y colaboradores vinculados con esa organización criminal.
El principal objetivo de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado es Juan Carlos Valencia González, alias Pelón y nuevo líder máximo del CJNG, a quien puso una recompensa de 25 millones de dólares a quien dé información que permita su captura.
Otros objetivos de Estados Unidos son Audias Flores Silva, alias Jardinero; Gonzalo Mendoza Gaytán, alias Sapo, y Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias Chorro, yerno de Oseguera Cervantes; todos con recompensa de 15 millones de dólares.
Las autoridades estadunidenses también anunciaron recompensas de hasta 10 millones de dólares por Ricardo Ruiz Velasco, alias Tripa; Julio César Montero Pinzón, alias Tarjetas, y Carlos Andrés Rivera Varela, alias Firma. En tanto, se ofrecen 2 millones sobre Griselda Margarita Arredondo Pinzón.
El Departamento de Estado informó como parte de las acciones anunciadas, que el gobierno estadunidense impuso restricciones de visa a 65 personas identificadas como familiares o socios personales y comerciales de integrantes del CJNG, sancionados por su participación en el tráfico internacional de drogas bajo la Orden Ejecutiva 14059; de ese grupo, 26 personas contaban con visas vigentes.
UNA RADIOGRAFÍA DEL NARCOTRÁFICO
Trabajos de inteligencia del CENFI (Centro Nacional de Fusión de Inteligencia), del CNI (Centro Nacional de Inteligencia) y de las secretarías de Seguridad, Defensa y Marina, revelan que en México operan más de 40 cárteles, células, pandillas y bandas relacionadas con delitos de alto impacto, como narcotráfico, extorsión, tráfico de armas, secuestro, homicidios y sicariato.
El Gabinete de Seguridad considera como grandes organizaciones criminales por su capacidad delictiva, cantidades de precursores importados, sobre todo de Asia; drogas traficadas al extranjero, en especial a los mercados clandestinos de Estados Unidos, Europa y Australia; número de armas trasegadas y confiscadas, recursos que lavan, capacidad de fuego –incluidos vehículos con blindaje profesional y artesanal– y capacidad de reclutamiento de personas, entre otros elementos; así como por sus zonas de influencia y/o por su relación con otros grupos delictivos menores.
Las siete organizaciones objetivo de las autoridades mexicanas son: Cártel Jalisco Nueva Generación –actualmente en recomposición, tras la detención y posterior muerte de su líder Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, ocurrida el 22 de febrero de 2026 durante un operativo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional–; Cártel del Pacífico (también conocido como Cártel de Sinaloa, con dos facciones principales ahora en pugna: Los Mayos y Los Chapitos, cuya confrontación data del 25 julio de 2024, cuando los hijos de Joaquín Guzmán Loera –alias el Chapo– en contubernio con agencias del gobierno de Estados Unidos secuestraron a Ismael el Mayo Zambada); Cártel del Golfo, Los Arellano Félix, Los Beltrán Leyva, Cártel Santa Rosa de Lima y La Familia Michoacana.
De la información de inteligencia destaca el ascenso que protagoniza el Cártel del Noreste, con fuerte presencia territorial en Nuevo León y Coahuila, con rutas de tráfico de narcóticos ilegales hacia Estados Unidos; así como los negocios criminales internacionales que opera y las redes de lavado de dinero asociado al manejo de casinos y empresas fantasma.
Otros datos que sobresalen corresponden a la presencia documentada de dos organizaciones extranjeras, con operaciones en el país: la primera de ellas es la Mara Salvatrucha, originaria de El Salvador y Los Ángeles (California), con presencia sobre todo en Veracruz y el sureste mexicano, así como en países de Centroamérica, e implicada en narcotráfico, homicidios, extorsión y trata de personas.
La segunda es el Tren de Aragua –de origen venezolano–, identificada por el gobierno de Estados Unidos como organización terrorista trasnacional. A este cártel se le atribuyen actividades como tráfico de drogas, contrabando, tráfico de personas, extorsión con “esquemas de narcoterrorismo” para intimidar y agredir.
Además de México, sus redes delictivas y estructuras empresariales utilizadas para facilitar y encubrir flujos ilícitos han sido identificadas en el propio Estados Unidos, así como en Perú, Colombia, Ecuador y Chile. En nuestro país, su negocio delictivo incluye rutas ilícitas para el tráfico de drogas y uso de empresas fachada para lavar dinero.
Por su implicación política, también sobresale la información que los aparatos de inteligencia federales han recabado sobre La Barredora, grupo criminal con presencia sobre todo en Tabasco, creado por Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y nombrado en ese cargo por el entonces gobernador y hoy senador morenista Adán Augusto López Hernández. Los datos indican que esta organización se dedica a la venta de droga, extorsión, robo de combustible, secuestro, homicidio y se le relaciona con quemas de tiendas Oxxo.
De acuerdo con la información, La Barredora tiene una estructura criminal que incluye áreas operativas –personal adiestrado en el manejo de armas largas y cortas, que incluye expolicías estatales y federales (como Ulises “N”, alias el Pinto, detenido en julio de 2025, considerado la mano derecha de Bermúdez Requena y a quien se le identificó como expolicía federal), y personal de venta– y áreas administrativas –logística y financiera–. Su capacidad de fuego incluye acceso a armas largas, cargadores, cartuchos, chalecos tácticos, vehículos y casas de seguridad.
CÉLULAS CRIMINALES DE MENOR TAMAÑO
La lista de grupos criminales identificados por las áreas de inteligencia militar, naval y civil incluye: Cártel Nuevo Imperio o Los Malportados, con presencia en Ciudad de México, Estado de México, Querétaro y Guerrero (Acapulco); Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), con áreas de influencia en Guerrero, sobre todo en Acapulco; Cártel de los Reyes, que opera en Los Reyes, Michoacán, y otras zonas de esa entidad; organización del Chapo Isidro –ligada al Cártel del Pacífico–, con operaciones en Sinaloa; Nuevo Cártel de Juárez, cuya principal zona de operación es Ciudad Juárez, Chihuahua, y con algunas áreas de influencia en Jalisco.
La información también da cuenta de los cárteles: La Familia –bajo el cobijo del CJNG–, y con operaciones en el Estado de México; Cártel de Chiapas y Guatemala, aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación y con presencia en municipios chiapanecos como Villa de Corzo, Ocozocoautla, Jiquipilas, Cintalapa, Berriozábal y Villaflores; Cártel Nueva Empresa, con influencia en el Estado de México; Cártel de Los Toscanos, radicado en Puebla; Cártel Independiente, que se asienta en el Estado de México y tiene nexo con el CJNG; Unión Tepito, con operaciones en Ciudad de México y Estado de México; y Gente Nueva –asociado a Los Chapitos-Cártel del Pacífico, con presencia en Sinaloa y Jalisco.
Además, en la lista se incluye a pandillas y bandas delictivas de menor tamaño: Los Totoys (Nuevo León); Los Escorpiones (Nuevo León, ligado al CDG); Los Demonios (Sonora, grupo asociado a Los Mayos -Cártel del Pacífico)–; Los Salazar (presuntamente asociado a Los Beltrán Leyva, y con zonas de operación en Sonora, Querétaro, Sinaloa y Guerrero. A este grupo se le asocia a delitos de trasiego de droga, armamento, municiones, equipo táctico, hidrocarburo robado, dinero y reclutamiento de personal para integrar grupos criminales para Los Beltrán Leyva).
También se menciona a: Los Aquiles (Tijuana, Baja California); Los Metros –vinculado al Cártel del Golfo, con presencia en Tamaulipas–; Los Blancos de Troya (Michoacán); Los Alfas (Estado de México); Los Rusos (grupo afín al Cártel del Pacífico, facción Los Mayos, con operaciones en Guerrero y Sonora); Cártel de Caborca; Los Rojos (afín al Cártel del Golfo y con operaciones en Tamaulipas); Los Rodríguez G.N.G. (Guerrero); Los Tlacos (Guerrero); Los H (Estado de México); Los Toluqueños (o Los del Chorizo, Guerrero); La Chokiza (Ecatepec, Estado de México); Los Bonitos; banda Lobo; banda Monas; banda Los Portales; Delta (todos estos grupos, con presencia en el Estado de México).
Los datos de inteligencia refieren otro caso que sobresale: el de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), que opera una red de presunto contrabando y células de sicarios, así como reclutamiento forzado y secuestros.
LAS DOS PRINCIPALES ORGANIZACIONES CRIMINALES
Para las áreas de inteligencia militar y civil, dos de las más de 40 organizaciones criminales identificadas son las que mayor presencia territorial tienen y, por tanto, se les asocia con los mayores índices de violencia. Ambas se encuentran en momentos críticos por la pérdida de sus principales cabezas: el Cártel Jalisco Nueva Generación, perseguido hoy por Estados Unidos, y el Cártel del Pacífico, bajo control actual de las autoridades estadunidenses.
En el primer caso, al CJNG se le atribuye actividades de tráfico de armas, drogas y personas; lavado de dinero; distribución de metanfetaminas, fentanilo, marihuana y cocaína a través de las fronteras mexicanas; asesinatos; quema de negocios y automóviles; extorsión, y secuestro.
Su principal bastión se ubica en Jalisco, y cuenta con presencia en Sinaloa, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Nayarit, Colima, Guerrero, Veracruz, Puebla, Tamaulipas, Zacatecas, Hidalgo, Querétaro, Aguascalientes, Baja California, Chiapas y Tabasco, donde disputa las principales rutas de tráfico ilegal, la producción de drogas y otros negocios ilícitos.
Y es el tráfico de drogas, en especial fentanilo y metanfetaminas a mercados internacionales –Estados Unidos, Europa y Australia–, su principal negocio. Para ello también opera redes de contrabando de precursores químicos, con nexos a mercados ilícitos asiáticos, sobre todo de Hong Kong y China.
De acuerdo con los informes de inteligencia, este el CJNG posee una alta capacidad de fuego; su arsenal incluye armas largas provenientes sobre todo de Estados Unidos, armas cortas, armas producidas artesanalmente, acceso a cartuchos y cargadores, vehículos con blindaje profesional y artesanal, uniformes (incluidos vestuarios clonados de la Guardia Nacional), equipos de radiocomunicación, ponchallantas, equipos de cómputo, teléfonos celulares y satelitales, granadas de fragmentación, chalecos balísticos, aditamentos de lanzagranadas, iPad, y hasta drones.
Su estructura se organiza por niveles: el primer nivel es la cabeza del cártel, el hijastro de El Mencho; en el segundo nivel se encuentran familiares y mandos segundos o “manos derechas”, dedicados a logística y finanzas; en el tercer nivel se ubican los jefes de plaza y líderes de células, y en el cuarto nivel, los operadores y generadores de violencia, incluidos los elementos que fungen como círculos de seguridad de los líderes.
El CJNG también opera a través de células, y mantiene como una de sus principales labores el reclutamiento voluntario y forzado. Para ello, tiene una red de casas de seguridad, centros de adiestramiento (similares al Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco), y monta páginas en internet para estas labores de reclutamiento en diferentes plataformas.
En cuanto a su infraestructura, cuenta con áreas de laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas, equipadas con reactores de síntesis orgánica, condensadores y destiladores, así como con talleres clandestinos de fabricación de armas cortas automáticas, escopetas y rifles.
En cuanto al Cártel del Pacífico, la información apunta que las dos facciones principales –Los Chapitos y Los Mayos– continúan en pugna, tras el secuestro del Mayo Zambada, ocurrido el 25 julio de 2024.
En cuanto a su capacidad de fuego, los datos del Gabinete de Seguridad indican que ambas facciones cuentan con armas largas (incluidos fusiles Barret calibre .50 y ametralladoras Browning Cal. .50), armas cortas, vehículos con blindaje artesanal, cargadores, cartuchos, chalecos y cascos balísticos, granadas de mano, equipo táctico, tractocamiones, cuatrimotos, motocicletas, lanzagranadas calibre 40 mm, material para la elaboración de artefactos explosivos, cintas metálicas eslabonadas, placas balísticas, ponchallantas.
Además, se apunta que suele operar con vehículos que cuentan con reporte de robo ante autoridades de México y Estados Unidos. Su modo de operación es a través de facciones, células, pandillas y bandas delincuenciales. Y su negocio se centra en el tráfico de cocaína, metanfetamina y pastillas de fentanilo, así como el tráfico de precursores químicos, con destino principalmente hacia Estados Unidos. Así como operaciones con recurso de procedencia ilícita.
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